Del silencio administrativo positivo en el registro calificado: Angela Melo – sept/21

Para comprender el fundamento y alcance jurídico de la noticia titulada “Si Mineducación no resuelve registro calificado en 6 meses, se puede iniciar la ofertar del programa, se presenta el argumento y análisis de la abogada y exsubdirectora de aseguramiento de la Calidad, Angela Liliana Melo, titulado “El silencio administrativo positivo en los procesos de solicitud de registro calificado: La esperanzadora figura jurídica, introducida en la Ley 1188 de 2008”.

  • Por fin debe dejar de ser una preocupación los largos tiempos de espera que se toma un registro calificado y las consecuencias adversas que genera para una IES esta indefinición y dilación en la decisión final. 
  • Los equipos de trabajo de las IES podrán concentrar sus esfuerzos en escribir los documentos fruto del trabajo responsable (en la mayoría de los casos), para presentar las solicitudes de registro calificado cumpliendo todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 
  • Si pasados los seis meses que dispone la ley sin que el MEN decida de fondo, la IES adquiere de iure, el derecho de ofrecer y desarrollar el programa objeto de la solicitud, sin temor a represalia alguna

Los funcionarios públicos responsables de estos procesos, deben conocer a cabalidad, que esta figura del silencio administrativo positivo, una vez se cumple el término de los seis (6) meses, opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite objeción alguna por la autoridad,  ni tampoco requiere que se surtan  procedimientos adicionales (como la protocolización de la escritura pública) para que se configura la consecuencia jurídica que la ley ha dispuesto, que en este caso es el otorgamiento del registro calificado solicitado, que no admite objeción alguna por cuanto la administración pierde la competencia para decidir, cómo se explicará más adelante en este escrito, fundamentado doctrinaria y jurisprudencialmente.

En el año 2008, con la expedición de la ley 1188, los responsables de los procesos de solicitud o renovación de registro calificado en las IES, encontraron que, con la inclusión de la figura del silencio administrativo positivo, estos procesos dispendiosos, interminables, inciertos, fluirían de una manera más ágil y eficiente, sin mayores dilaciones.  En otras palabras, se tomaría el tiempo necesario para garantizar, de un lado la calidad y veracidad de la información que soportaba la solicitud, y del otro, las decisiones justas, en el tiempo justo, de acuerdo con los principios de las actuaciones administrativas:

1. de eficacia (las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa),

2. de economía, (las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas), y

3. de celeridad (las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas); principios que parecieran desconocer los funcionarios públicos responsables de impulsar las actuaciones administrativas.

Con el paso del tiempo, en vez de evolucionar y con la llegada de nuevos funcionarios y nuevas herramientas tecnológicas, lo que pareció ser una opción esperanzadora, se tornó de nuevo en un dolor de cabeza. La etapa de radicación, que debería ser automática, como sucede en la mayoría de las empresas eficientes, suele durar entre dos y tres meses y de ahí en adelante es incierto el tiempo que toma cada actuación administrativa, pese a que los externos tienen términos exactos para cumplir su labor.

Las instituciones, temerosas de las posibles represalias del MEN, presentan las solicitudes de silencios administrativos positivos a la espera de que sean admitidos por la entidad, cuando lo procedente es, solicitar la inserción del registro calificado legalmente obtenido, en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-, lo que es un trámite meramente formal, pues con la operancia del silencio administrativo positivo, la IES adquiere el derecho de ofrecer y desarrollar el respectivo programa objeto de la solicitud,

Es una generalidad, que ante las solicitudes respetuosas de las IES en referencia al reconocimiento de los registros calificados (como ya se mencionó, lo procedente es solicitar su registro en el Snies) al configurarse el silencio administrativo positivo, el Ministerio se escude para desconocer que ya no tienen competencia para decidir, en la suspensión o interrupción de los términos o en la protocolización del mismo mediante escritura pública, argumentos que no son  procedentes por las razones que invoca, las cuales en la mayoría de las ocasiones se concretan en las siguientes:

  1. Que los pares y los Comisionados son terceros, es decir, particulares ajenos a la planta de personal del MEN, a quienes hay que convocar para sesionar y en efecto emitan concepto y recomendación.
  2. El traslado del informe verificación a la institución educativa con el fin de que presente las observaciones que considere pertinentes,
  3. La elaboración de la ponencia por parte del Comisionado asignado-
  4. Señala el Ministerio en sus escritos En términos prácticos (esto jamás puede ser admitido como argumento válido en la gestión pública) , hay una suspensión de términos desde el momento en que se envía la comunicación hasta el momento que se logre que el interesado sea notificado de la decisión” (negrillas para destacar).
  5. Que los costos de los pares y comisionados, que son cubiertos con recursos del presupuesto nacional asignado para tal fin, que, si bien la vigencia empieza el primero de enero cada año, hasta tanto esos no cuenten con registro de disponibilidad, no pueden ser ejecutados. Es uno de los aspectos que se presenta con frecuencia, de ahí que la programación de salas de evaluación solo empiece posterior al 15 de febrero.

Estos argumentos no pueden servir de fundamento para suspender o interrumpir los términos de la actuación que se surte con ocasión de la solicitud de registro calificado de un programa académico, por cuanto la entidad tiene el deber de prever todas estas situaciones y desplegar las gestiones necesarias para cumplir con el término establecido en la Ley.

Como bien lo determina esta disposición este tiempo comprende todas las actuaciones que se adelanten en este proceso tales como: La designación de pares académicos, la visita de verificación, la emisión del informe de verificación, la evaluación por parte de los Comisionados de CONACES, la revisión jurídica del procedimiento, la expedición del acto administrativo que decide la solicitud y la notificación del mismo.

De esta manera el Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de la Dirección de Calidad de la Educación Superior, debe desplegar todas las medidas necesarias para que el proceso se adelante en el marco de los principios que fundamentan las actuaciones administrativas, como si lo hace para las siguientes actividades:

  1. Los pares deben entregar sus informes en un término de 10 días,
  2. Las instituciones deben presentar sus solicitudes 10 meses antes de que se venza el registro vigente, sus observaciones al concepto y recursos, en 10 días,
  3. Los comisionados tienen 8 días para preparar sus ponencias, una vez reciben la documentación, entre otras.

Las demás actuaciones como la revisión de la completitud, la verificación jurídica del debido proceso administrativo, las revisiones de los funcionarios que deben dar su Vo.Bo, la firma de las resoluciones por parte del Viceministro, por mencionar algunas, no tienen o no cumplen con un término definido. Así las cosas, ni la forma de vinculación de los actores del proceso, ni la no disponibilidad de los recursos para pagar los honorarios, por menci9nar algunos, son argumentos válidos para invocar una interrupción o suspensión de términos.

Es por ello que la Jurisprudencia ha indicado, que esta figura del silencio administrativo (positivo o negativo) ha sido consagrada para equilibrar la relación que surge cuando un administrado eleva una petición ante la administración pública.

Respecto a la interrupción o suspensión de términos, debe indicarse que es clara la Ley 1188 del 2008 al enunciar taxativamente el término de la actuación administrativa de seis (6) meses, el cual comprende todas las actuaciones administrativas de trámite que se deben surtir en el transcurso de la evaluación de la solicitud del registro calificado de cualquier programa. Así se colige de lo enunciado en el mismo Artículo 3 de la Ley 1188 que reitera que el Ministerio tiene un plazo de seis meses para el otorgamiento o no del registro.

En efecto:

“…Artículo 3°. La actuación administrativa no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de radicación, en debida forma, y con el cumplimiento de requisitos exigidos, de la correspondiente solicitud.  En el curso de la actuación se designarán los respectivos pares académicos quienes deberán realizar visita de verificación con la coordinación de un funcionario del Viceministerio de Educación Superior, y quien coordinará la presentación del informe evaluativo ante el Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, Comisión que emitirá concepto recomendando al Ministerio de Educación Nacional el otorgamiento o no del registro calificado.

A partir de la radicación, en debida forma, de la solicitud de registro calificado, por parte de la IES, el Ministerio de Educación Nacional tiene un plazo de seis (6) meses para el otorgamiento o no de registro. Cumplido el término establecido sin que el Ministerio comunique el otorgamiento o no del registro calificado, o sin que medie ninguna respuesta explicativa que justifique la demora, se entenderá que hay silencio administrativo positivo de conformidad con el Código Contencioso Administrativo. Dicho silencio dará lugar a investigación disciplinaria en contra del funcionario responsable.

Parágrafo. A la institución de educación superior le asisten los derechos consagrados en el Código Contencioso Administrativo. (negrillas para destacar)”.

Como se puede evidenciar de la simple lectura de esta disposición, la actuación administrativa allí descrita, debe comprender todas las actuaciones de trámite propias de los procesos de evaluación de las solicitudes de registro calificado para la oferta y desarrollo de los programas académicos, lo que confirma que no es posible invocar una interrupción de términos por ninguna de las razones enunciadas, ni por ninguna otra que no esté debidamente justificada, motivada y demostrada de acuerdo con la ley.

De esta manera, es preciso señalar que los términos en cualquier proceso administrativo no se suspenden por el deseo de la administración o del algún funcionario; sólo se suspenden cuando hay razones con suficiente fuerza para que esa suspensión se presente, y además debe ser precedida por un acto administrativo de la entidad en la cual se especifique claramente desde cuándo y por cuanto tiempo se van a suspender los términos y solo por caso de fuerza mayor u otra razón que haga necesaria la suspensión (negrillas para destacar).

En este sentido se pronunció oficialmente el Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad rectora de la gestión pública en Colombia, en su concepto 191271 del 22 de mayo del 2020 que señala a la letra, aún en el caso consagrado en el Artículo 5 del Decreto Ley 491 de 2020 sobre las actuaciones administrativas durante la emergencia ocasionada por el covid-19 (caso este de gran relevancia):

“En caso de considerar necesaria la suspensión de los términos, la entidad debió efectuarla mediante acto administrativo motivado y el sustento debió obedecer a razones del servicio o como consecuencia de la emergencia a causa del covid-19.” En conclusión no es posible para ninguna autoridad administrativa  de hecho decir que los términos estuvieron suspendidos porque le sirve a sus  intereses. Los términos solo se suspenden por un análisis del caso y mediante acto administrativo motivado: de lo contrario los administrados estaríamos ante la incertidumbre de saber cuáles son y cuando se vencen los términos de un proceso o actuación administrativa en este caso. Y haría nugatoria lo establecido en las leyes que el administrador podría modificarlas a posteriori y sin ningún sustento” (el destacado es nuestro).

Cabe señalar que es evidente también la negligencia que se presenta en  la fase de completitud, que puede durar entre dos y cuatro meses, cuando ésta etapa debe ser automática, pues a los funcionarios solo les compete revisar que la información esté completa (por eso se denomina completitud), ya que  respecto al contenido de la misma, su revisión y evaluación debe ser competencia de los pares académicos y de los comisionados de la CONACES, en tanto es su labor verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad para el otorgamiento del respectivo registro calificado, momento en el cual, la Institución debe estar presta a aclarar cualquier inquietud que surja.

De los efectos de la operancia del silencio administrativo positivo

En cuanto a los efectos del silencio administrativo, tenemos qué, de conformidad con lo dispuesto en Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo en sus artículos 83 y 84, la regla general es que éste tiene efectos negativos, puesto que el silencio será positivo solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, por tanto, en los demás casos será negativo.

Ahora bien, debe advertirse que la jurisprudenci ha desarrollado ampliamente lo relativo a los efectos del silencio administrativo positivo, lo cual es recogido en el concepto emitido por el Consejo de Estado, identificado con Radicación Interna: 11001-03-06-000-2019-00110-00, Número Único: 2424. Referencia: Aplicación del silencio administrativo positivo, emitido por solicitud de la Ministra de Trabajo de la época, respecto a los efectos del silencio administrativo positivo, al encontrar las diferentes posiciones que se planteaban al respecto en la entidad, lo que sucede en general, en la administración pública.

Este concepto trata dos temas importantes, que traemos a colación en este escrito, pues corresponden a los argumentos invocados para reiterar nuestra solicitud:

  1. El silencio administrativo, clases y su consagración en el ordenamiento jurídico y,
  2. El silencio administrativo positivo respecto de los recursos en las actuaciones administrativas sancionatorias.

La doctrina ha entendido que el silencio administrativo ocurre cuando la administración pública omite o se abstiene de emitir pronunciamiento dentro del término previsto en el ordenamiento jurídico respecto de las peticiones que le elevan los administrados.

Se trata, pues, de una presunción o ficción legal que establece el legislador en favor del peticionario, en virtud de la cual surge el denominado acto ficto o presunto, ante la ausencia de un acto expreso proferido por la administración y que habilita al administrado para formular los recursos administrativos o para acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa.

La jurisprudencia Constitucional ha concebido el silencio administrativo en los siguientes términos:

“La doctrina define el silencio administrativo como una ficción legal por virtud de la cual, transcurrido cierto plazo, sin que la administración resuelva expresamente una petición o un recurso interpuestos por los particulares, se entenderán estos denegados u otorgados según el caso.

La institución del silencio administrativo encuentra su explicación en el hecho de que la relación jurídica que surge entre el particular y la administración no es de equivalencia, a diferencia de lo que ocurre en las relaciones jurídicas privadas.

Surge así el silencio administrativo como salvaguarda de los derechos de los particulares frente a la abstención injustificada de los funcionarios de la administración, obligados a producir un acto o manifestación expresa de voluntad dentro de un plazo fijado por la ley”.

Se destaca este aparte, teniendo en cuenta que no existe justificación jurídicamente válida para que el Ministerio no cumpla los términos previstos en la Ley, máxime cuando a los administrados se nos exige el cumplimiento de los términos que nos impone la normatividad vigente, sin que se acepte por esa entidad, argumento alguno que justifique un retraso, por válido que sea.

De otra parte, el silencio administrativo positivo se produce cuando vencido el plazo establecido en la ley no se ha emitido y notificado decisión expresa que decida la solicitud o recurso, evento en el cual la ley dispone que se tenga como resuelto de manera favorable o concedido lo pedido por el interesado en la solicitud o recurso que ha presentado. Debe aclararse que este opera de manera excepcional, solamente en aquellos casos y condiciones señalados en una norma especial.

Conforme a la anterior, en referencia con la actuación administrativa que se surte con ocasión de las solicitudes de registros calificados de programas académicos de educación superior, está consagrado en el artículo 3 de la Ley 1188 de 2008. Así las cosas, cuando la administración no emite decisión y la notifica dentro del plazo concedido para ello, se entiende que lo reclamado es favorable al peticionario, respuesta que se entiende inmersa en el acto ficto o presunto que se genera.

En este sentido, el artículo 85 estableció un trámite para invocar el silencio administrativo positivo en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 85. PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 15, junto con una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del término previsto.

La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así.”

Señala el Consejo de Estado en el concepto aludido:

“La norma en comento prevé un procedimiento con la finalidad de hacer valer la decisión ficta positiva no solo ante las propias autoridades, sino también ante los terceros, para lo cual se debe protocolizar la copia del escrito de petición presentado y de los anexos, junto con la declaración jurada de no haber sido notificada decisión dentro del término previsto. Por tanto, la escritura pública que contiene la protocolización constituye un mero trámite y un medio probatorio para quien pretenda hacer valer sus consecuencias, en el sentido de poder acreditarlo.

Además, cabe precisar que el requisito de protocolización no es de carácter esencial para que tenga ocurrencia el silencio administrativo positivo, ya que este opera de iure, es decir, que al vencimiento del término que se señale en la norma, sin que se hubiere proferido y notificado decisión alguna, surge el acto presunto, lo que significa que no es necesario que lo invoque el interesado para que se deba tener como decidido el asunto a su favor (el resaltado es nuestro para destacar).

En este apartado el Consejo de Estado dilucida la voluntad del legislador, de acuerdo con la cual no se requiere de protocolización de la escritura pública, pues el silencio administrativo positivo opera de iure, ello significa qué, con solo el vencimiento del término, se produce el acto administrativo ficto, que en este proceso equivale al otorgamiento del registro calificado.  En otras palabras, con la operancia del silencio administrativo, las instituciones de educación superior obtienen el derecho de ofrecer sus programas, pues la solicitud de registro se entiende aprobada a partir de la fecha del vencimiento del término y NO de la protocolización de la escritura pública.  

Continua el Consejo de Estado desarrollando su concepto, refiriéndose a los recursos de la vía gubernativa, y al silencio administrativo:

“De otro lado, el artículo 86, ibídem, establece el denominado silencio administrativo procesal que tiene ocurrencia respecto de los recursos administrativos, el cual puede ser negativo, y, excepcionalmente, positivo, cuando así lo disponga el ordenamiento jurídico.

La norma en comento dispone: “…la preeminencia de los derechos fundamentales en el marco de un Estado Social de Derecho exige del Estado actuaciones céleres y oportunas para garantizar la vigencia de un orden justo y una forma de lograr ese cometido es a través del establecimiento de plazos precisos y de obligatoria observancia dentro de los cuales la administración debe desplegar su actuación, so pena de consecuencias adversas por su inobservancia” (negrillas para destacar).

Por lo preceptuado por las Altas Cortes en reiterada jurisprudencia, el establecimiento de plazos precisos busca garantizar un orden justo y el logro de los objetivos, a través de actuaciones céleres y oportunas, que en el caso de los registros calificados, una vez las instituciones de educación superior han realizado un trabajo comprometido organizando sus procesos internos, han invertido muchos recursos económicos y humanos,  y tiempo; en la preparación de las solicitudes de registro calificado, se genera una expectativa en la comunidad institucional de que la decisión final tome el tiempo reglamentado, para poder proceder a las contrataciones de personal (profesores y asistencial), la adquisición de medios educativos especiales, y por supuesto, para iniciar la oferta del programa respectivo, con todo lo que ello implica.

Los tiempos tan largos que se vienen tomando estos procesos de evaluación, traen como consecuencia para las instituciones de educación superior, la pérdida de oportunidades en el sector real, la cancelación de contratos de personal (docente y asistencial), el encarecimiento de los medios educativos cotizados con la presentación de la solicitud, entre otros aspectos, lo que a su vez acarrea consecuencias en muchas ocasiones irremediables para la imagen y rentas de la Institución.

Es por ello que el legislador introdujo el silencio positivo para los procesos de evaluación de los registros calificados para dar un equilibrio a esa relación entre administración y administrados, es por ello que le otorgó a esta figura jurídica unos efectos importantes a favor de los derechos de los administrados, como lo enuncia el Consejo de Estado:

“Uno de esos efectos, sin lugar a dudas, es la procedencia del silencio administrativo positivo, como en el caso objeto de estudio, en donde la administración pierde la competencia para resolver el recurso interpuesto y el ciudadano que ha recurrido la decisión sancionatoria queda exonerado de la responsabilidad administrativa. En últimas, es un apremio para la administración negligente. Así lo ha reconocido esta Corporación en otras decisiones al prescribir que: “El silencio administrativo positivo opera de manera excepcional y su consagración legal es taxativa. Consiste en la presunción legal en virtud de la cual, transcurrido un término sin que la administración resuelva, se entienden concedidos la petición o el recurso. Su finalidad es agilizar la actividad administrativa bajo criterios de celeridad y eficiencia.

Constituye no sólo una garantía para los particulares, sino una verdadera sanción para la administración morosa (negrillas para resaltar).

En el concepto emitido, el Consejo de Estado precisa:

“Como el silencio positivo produce un verdadero acto administrativo en el cual se reconocen derechos, una vez producido la administración no puede dictar un acto posterior contrario y sólo está facultada para revocarlo con el consentimiento expreso y escrito del titular o cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, no esté conforme o atente contra el interés público o social, se cause agravio injustificado a una persona o fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales (arts. 69 y 73 C.C.A.). En el silencio negativo, por el contrario, la administración tiene el deber de decidir sobre la petición inicial, mientras el interesado no haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 60 C.C.A).

Ahora bien: tanto vale no dictar el acto como dictarlo durante el término del silencio y no notificarlo o notificarlo con posterioridad, pues mientras el interesado desconozca su existencia le es inoponible, es decir, el acto no surte efectos y en consecuencia, el titular puede disfrutar de los derechos derivados del silencio positivo o acudir ante el juez en el caso del silencio negativo.”

De lo expuesto en este documento se puede concluir fehacientemente que:

  1. No existe interrupción, ni suspensión de términos en los hechos que argumenta el MEN para negar la inscripción del registro calificado del programa, legalmente obtenido por unas IES como consecuencia de la operancia del silencio administrativo positivo.
  2. Sólo basta con que se cumpla el plazo de los 6 meses contados a partir de la radicación en debida forma de la solicitud para que opere de iure o de pleno derecho
  3. Por lo que al día siguiente de que se cumpla el plazo, la el Ministerio de Educación Nacional, pierde competencia para decidir.
  4. La protocolización en escritura pública, constituye un mero trámite y un medio probatorio para quien pretenda hacer valer sus consecuencias, en el sentido de poder acreditarlo.
  5. Una vez la Institución obtiene el Registro calificado por esta vía, adquiere los mismos derechos que si lo hubiese obtenido mediante acto administrativo expreso; es decir: el derecho de ofertar el programa, que le sea registrado en el SNIES y la obligación para el MEN de hacerlo.
  6. Debe advertirse, que en ningún caso el registro en el SNIES es requisito para ofertar el programa, por dos razones:
  7. Por disposición legal (Artículo 1 de la Ley 1188 de 2008), para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior, se requiere haber obtenido registro calificado del mismo, lo que significa que con la notificación de la resolución que otorga el registro calificado, ya las IES pueden iniciar la oferta y publicidad, debido a que el registro en el Snies (para garantizar la publicidad a la ciudadanía), es un trámite interno de responsabilidad del MEN, por lo que las IES no pueden verse obligadas a esperar esta operación, además del tiempo que se toma el proceso de evaluación.

El artículo 1 de la Ley 1188 dispone:

Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior que no esté acreditado en calidad, se requiere haber obtenido registro calificado del mismo. (negrillas para resaltar). 

El registro calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior. 

Compete al Ministerio de Educación Nacional otorgar el registro calificado mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se ordenará la respectiva incorporación en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, y la asignación del código correspondiente.”

  1. Este aspecto es confirmado en la Resolución 12220 de 2016, Por la cual se regula la publicidad que realizan las instituciones de educación superior, al disponer en su artículo 2.:

“Artículo 2. Publicidad de programas académicos. En relación con las piezas publicitarias e información general de los programas académicos, las instituciones de educación superior deberán indicar lo siguiente:

  1. Número de resolución por medio del cual se otorgó el registro calificado, indicando la vigencia del mismo.
  2. Duración del programa académico.
  3. Departamento y municipios en donde se oferta y desarrolla el programa. lo cual debe corresponder con lo autorizado en el respectivo registro calificado.”

En la publicidad, de acuerdo con esta disposición, solo se requiere indicar el número de la resolución por medio de la cual se otorgó el registro calificado.

De esta manera la institución, solo debe hacer la solicitud del registro del programa en el SNIES, mas no del reconocimiento del registro calificado vía silencioa administrativo positivo, pues éste ya lo tiene”.

  1. Como el silencio positivo produce un verdadero acto administrativo cual se reconocen derechos, una vez producido la administración no puede dictar un acto posterior contrario y sólo está facultada para revocarlo con el consentimiento expreso y escrito del titular, en los térmicos de los Arts. 69 y 73 C.C.A.).
  2. Debido a las consecuencias que conlleva para los funcionarios morosos la operancia del silencio administrativo positivo, el MEN seguirá siendo renuente a reconocer el derecho adquirido y a realizar el registro en el SNIES del programa. Las IES tendrán la opción de hacer valer sus derechos vía acción de tutela por violación al derecho de petición y al debido proceso

NOTA ADICIONAL: Qué bien le haría al país y a quienes se aventuraron a formarse o cualificarse en el exterior, que la ley previera el silencio administrativo positivo en las actuaciones administrativas de las convalidaciones de títulos, cuantos profesionales estarían prestando sus servicios a la ciudadanía.

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