Si Mineducación no resuelve registro calificado en 6 meses, se puede iniciar la oferta del programa

Sept 10/21 Esto se deriva de la Ley 1188 de 2008, pero mayoría de IES no lo hacen por miedo a supuestas represalias de Mineducación, que no tiene justificación alguna para tardar más de ese tiempo.

En términos jurídicos esto se denomina silencio administrativo positivo; es decir, el derecho que adquieren las IES que debidamente han cumplido con todos los requisitos para solicitar la creación, modificación o renovación de un registro calificado, y que generalmente callan por meses, a veces años, en espera a que el Viceministerio de Educación Superior responda a favor su solicitud.

Independientemente de las razones o excusas que dé el Ministerio para demorar más de seis meses para responder estos trámites (siempre y cuando la IES haya cumplido debidamente con la radicación y todos los requisitos), se configura el silencio administrativo positivo, la IES puede iniciar la oferta del programa (incluso sin reporte en el SNIES), y el Ministerio no puede objetarlo y, mucho menos, emprender una represalia (del estilo de investigación administrativa, sanción, aplicación de Ley 1740 u otras). Tampoco puede suspender términos sin que haya de por medio un debido acto administrativo de la entidad en la cual se especifique claramente desde cuándo y por cuanto tiempo se van a suspender los términos y solo por caso de fuerza mayor u otra razón que haga necesaria la suspensión.

Así lo confirma el detallado análisis jurídico que realizó para El Observatorio de la Universidad Colombiana la abogada y exsubdirectora de Aseguramiento de la Calidad del propio Ministerio de Educación, Angela Liliana Melo, quien concluye que las instituciones, temerosas de las posibles represalias del MEN, presentan las solicitudes de silencios administrativos positivos a la espera de que sean admitidos por la entidad, cuando lo procedente es, solicitar la inserción del registro calificado legalmente obtenido, en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-, lo que es un trámite meramente formal, pues con la operancia del silencio administrativo positivo, la IES adquiere el derecho de ofrecer y desarrollar el respectivo programa objeto de la solicitud”.

 

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Razones, injustificadas, del Ministerio para explicar las demoras:

Para Melo, los siguientes argumentos “no pueden servir de fundamento para suspender o interrumpir los términos de la actuación que se surte con ocasión de la solicitud de registro calificado de un programa académico, por cuanto la entidad tiene el deber de prever todas estas situaciones y desplegar las gestiones necesarias para cumplir con el término establecido en la Ley:

  1. Que los pares y los Comisionados son terceros, es decir, particulares ajenos a la planta de personal del MEN, a quienes hay que convocar para sesionar y en efecto emitan concepto y recomendación.
  2. El traslado del informe verificación a la institución educativa con el fin de que presente las observaciones que considere pertinentes,
  3. La elaboración de la ponencia por parte del Comisionado asignado-
  4. Señala el Ministerio en sus escritos “En términos prácticos (esto jamás puede ser admitido como argumento válido en la gestión pública), hay una suspensión de términos desde el momento en que se envía la comunicación hasta el momento que se logre que el interesado sea notificado de la decisión” (negrillas para destacar).
  5. Que los costos de los pares y comisionados, que son cubiertos con recursos del presupuesto nacional asignado para tal fin, que, si bien la vigencia empieza el primero de enero cada año, hasta tanto esos no cuenten con registro de disponibilidad, no pueden ser ejecutados. Es uno de los aspectos que se presenta con frecuencia, de ahí que la programación de salas de evaluación solo empiece posterior al 15 de febrero”

Los tiempos son para cumplir

En consecuencia, el proceso de registro calificado ya tiene unos actores y etapas debidamente identificadas, con tiempos, que deben cumplirse, tales como:

  1. Los pares deben entregar sus informes en un término de 10 días,
  2. Las instituciones deben presentar sus solicitudes 10 meses antes de que se venza el registro vigente, sus observaciones al concepto y recursos, en 10 días,
  3. los comisionados tienen 8 días para preparar sus ponencias, una vez reciben la documentación, entre otras.

Igualmente, dice Melo, “es evidente también la negligencia que se presenta en  la fase de completitud, que puede durar entre dos y cuatro meses, cuando ésta etapa debe ser automática, pues a los funcionarios solo les compete revisar que la información esté completa (por eso se denomina completitud), ya que  respecto al contenido de la misma, su revisión y evaluación debe ser competencia de los pares académicos y de los comisionados de la CONACES”.

Por todas estas circunstancias “con solo el vencimiento del término, se produce el acto administrativo ficto, que en este proceso equivale al otorgamiento del registro calificado.  En otras palabras, con la operancia del silencio administrativo, las instituciones de educación superior obtienen el derecho de ofrecer sus programas, pues la solicitud de registro se entiende aprobada a partir de la fecha del vencimiento del término y NO de la protocolización de la escritura pública”, afirma Melo, quien también señala que:

Los tiempos tan largos que se vienen tomando estos procesos de evaluación, traen como consecuencia para las instituciones de educación superior, la pérdida de oportunidades en el sector real, la cancelación de contratos de personal (docente y asistencial), el encarecimiento de los medios educativos cotizados con la presentación de la solicitud, entre otros aspectos, lo que a su vez acarrea consecuencias en muchas ocasiones irremediables para la imagen y rentas de la Institución.

Lástima, sugiere en su escrito Melo que “la ley no previera el silencio administrativo positivo en las actuaciones administrativas de las convalidaciones de títulos”, que es otro, igual o mayor, dolor de cabeza en el sector.

Clic para conocer el análisis jurídico detallado de Melo, denominado “El silencio administrativo positivo en los procesos de solicitud de registro calificado: La esperanzadora figura jurídica, introducida en la Ley 1188 de 2008”.

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