Demandan que Mineducación sea el que reparta recursos a las IES públicas

Julio 1/21 Según el abogado Yefferson Mauricio Dueñas, es el Congreso el que debe definir los recursos, y las IES no pueden ser tratadas como dependencias de Mineducación.

Así lo argumenta en dos demandas de inconstitucionalidad contra el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Presupuesto.

En una defensa de la autonomía de las IES públicas, Dueñas Gómez (foto) señala que el Ministerio de Educación Nacional no tiene la autorización legal para disponer de los criterios de asignación de recursos, pues estarían asumiendo que las universidades públicas hacen parte de la Rama Ejecutiva.

Mineducación no puede definir criterios y distribuir recursos

Así se contempla en la demanda la inexequibilidad parcial del artículo 183 de la Ley 1955 de 2019.

Dicha Ley responde al actual Plan Nacional de Desarrollo, en el que el Gobierno consignó su compromiso con los estudiantes y profesores que pararon en 2.018 y con los que llegó a un acuerdo en diciembre de ese año, para aumentar recursos a las universidades públicas.

El artículo 183 del Plan Nacional de Desarrollo, sobre el fortalecimiento financiero de la educación superior pública, dice que “La Ley Anual de Presupuesto para 2020 asignará a la base presupuestal de funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Pública un incremento del IPC más 4 puntos a los recursos de transferencia ordinaria. La Ley Anual de Presupuesto para 2021 asignará a la base presupuestal de funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Pública un incremento del IPC más 4,5 puntos a los recursos de transferencia ordinaria. La Ley Anual de Presupuesto para 2022 asignará a la base presupuestal de funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior Pública un incremento del IPC más 4,65 puntos a los recursos de transferencia ordinaria. El Ministerio de Educación Nacional establecerá los mecanismos de distribución de estos recursos, con criterios de equidad y fortalecimiento institucional, entre otros” (Negrillas y subrayado fuera de texto).

Para Dueñas Gómez la norma conlleva a un desconocimiento del principio de reserva de ley, y argumenta lo siguiente:

La reserva legal implica que los asuntos principales de ciertas materias, como los servicios públicos (arts. 150-23 y 365 CP), deben ser regulados directamente por el Congreso. Y la educación es un servicio público (art. 67 CP). En consecuencia, sus asuntos principales –como la financiación- tienen que ser definidos por el Legislador.

En la sentencia C-926 de 2005 la Corte Constitucional determinó que en virtud del principio de reserva legal, el Congreso tiene que establecer los criterios de distribución de recursos públicos entre las Universidades oficiales, y los procedimientos para ello.

No obstante lo anterior, la norma acusada delega al Ministerio de Educación Nacional el diseño de los procedimientos de asignación presupuestal.

Además, el aparte demandado señala que el Ministerio de Educación tiene que definirlos los procedimientos atendiendo los principios de “equidad” y “fortalecimiento institucional”, conceptos que son muy vagos.

Por último, también da libertad al Ministerio de Educación Nacional para que se sujete a otros criterios que el mismo puede definir.

Lo anterior significa que el Congreso renunció a su obligación constitucional de regular los aspectos centrales de la financiación de la educación superior pública. Por tanto, se solicita la inexequibilidad del apartado demandado.

Mineducación incide en la autonomía presupuestal de las Universidades

La otra norma que demanda el abogado corresponde al artículo 2° (parcial) de la Ley 2063 de 2020, o Ley Anual de Presupuesto, en la que el Congreso aprobó que se apropiaran los recursos a girar a las Universidades Públicas durante la vigencia fiscal 2021 pero, según el abogado, desconociendo el Estatuto Autónomo de Presupuesto, dado que las Universidades son órganos autónomos.

Esto se basa en la sentencia C-220 de 1997, que reivindicó la autonomía de las Universidades Públicas y determinó que su régimen presupuestal es el regulado por la Ley 30 de 1992 y por aquellas del Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP) que no desconozcan su autonomía.

De la lectura de las normas aplicables (arts. 11 y 36 del EOP, en concordancia con los arts. 86 y 87 de la Ley 30 de 1993), señala el demandante, se concluye que las Universidades Públicas deben contar con una sección presupuestal propia en la que consten los recursos destinados para funcionamiento e inversión.

Sin embargo, en la Ley 2063 de 2020 el Congreso no apropió los recursos de las Universidades Públicas mediante una sección propia, sino que lo hizo a través de la partida correspondiente al Ministerio de Educación Nacional. Además de lo anterior, omitió señalar cuántos recursos les serían transferidos a título de funcionamiento.

Por todo esto, habría un desconocimiento de la autonomía universitaria, dado que la autonomía universitaria es reconocida por el artículo 69 de la Carta Política y desarrollada por la Ley 30 de 1992, y comprende la autonomía administrativa y presupuestal.

No obstante, la norma demandada desconoce dichas facetas porque apropia los recursos de las Universidades Públicas mediante la partida que corresponde al Ministerio de Educación Nacional.

En consecuencia, presenta el demandante:

1. Se categoriza a las Universidades Públicas como parte de la Rama Ejecutiva, cuando son entidades autónomas e independientes.

2. Las trata como dependencias del Ministerio.

3. Les impide disponer de los recursos de manera independiente; y

4. Permite que el Ministerio adopte decisiones financiaras y presupuestales que les afectan.

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