El conflicto de Mineducación entre ser juez y parte en la inspección educativa

Agosto 7/19 Las IES no tienen ante quién quejarse por inacción o negligencia de Mineducación, misma entidad que hace fomento y a la vez sanciona. Esto no tiene sentido y justifica una Superintendencia.

Mientras que, por ejemplo, los sectores de salud y financiero tienen su Ministerio y su superintendencia respectiva, en educación no sucede lo mismo, y no resulta equilibrado que el MEN sea el encargado de dar registros calificados y acreditación y a su vez ejerza el control sobre esas propias políticas.

Estos son algunos de los argumentos que, en su exposición de motivos, realiza el senador Iván Darío Agudelo Zapata, para justificar la necesidad de crear la Superintendencia de Educación.

Lea: Radican proyecto de ley para crear la Superintendencia de Educación (agosto 2/19)

El siguiente es el apartado en donde se reflexiona sobre el riesgo de que el Ministerio de Educación sea, a su vez, juez y parte:

La concentración de las funciones de formulación de política pública, y de inspección, vigilancia y control en educación, constituye una problemática que afecta a todos los niveles de la educación en Colombia. En efecto, las entidades a cargo del fomento y la ejecución, resultan ser las mismas a cargo de la inspección y vigilancia en todos los niveles educativos.

Esta debilidad afecta al Ministerio de Educación Nacional y a las secretarías de Educación certificadas.

En el caso de la educación superior, la concentración en el Ministerio de las funciones de inspección y vigilancia, junto con las de garantizar la prestación del servicio, le restan autonomía e independencia a la entidad para adelantar una y otra tareas. Esto conlleva una confusión del rol que está asumiendo la entidad como órgano reglamentario y vigilante, corriendo el riesgo de cambiar de roles de manera discrecional, actuando unas veces como promotor de políticas y agente a cargo del fomento, y otras como el supervisor.

Podría llegar a caerse en la contradicción de que el MEN establezca sanciones frente a situaciones consecuencia de sus propias políticas en algún caso, o peor aún, en la conveniencia de evitar aplicar medidas necesarias, justamente con el fin de no tener que situarse en contradicción frente a la comunidad académica y la ciudadanía por cuenta de sus propias actuaciones. Más aún, no resulta equilibrado que el MEN sea el encargado del otorgamiento de registros calificados y acreditación de programas universitarios, entre otras políticas, y que a su vez ejerza el control sobre esas propias políticas, decisiones e iniciativas.

Por su parte, las Secretarías de Educación certificadas tienen dentro de sus funciones garantizar la prestación de la educación preescolar, básica y media, y la medición de sus resultados de gestión con los datos de la cobertura y la calidad. Nuevamente, puede no ser conveniente ni eficiente que quien ofrezca el servicio sea el mismo quien vigile su calidad, lo cual es propenso a generar incentivos perversos capaces de deteriorarla. Además como estas funciones son ejercidas de manera diferencial por 95 entidades territoriales certificadas, no existen criterios unificados para llevarlas a cabo, y dependen de cada operador legal y de su particular interpretación. Esto, bien puede acarrear que exista indeterminación por parte de los establecimientos educativos de las normas y reglas que les aplican o que haya una inconveniente heterogeneidad en la forma en que se aplican las normas que deberían ser de idéntica aplicación general.

De esta manera, en todos los casos, concentrar en una misma entidad la vigilancia y la garantía del servicio le resta imparcialidad a la evaluación porque se acaba siendo juez y parte del proceso educativo.

Esta condición puede no ajustarse de manera perfecta al espíritu de un Estado de Derecho, donde debe procurarse un diseño institucional donde primen la objetividad y la transparencia, y tal que se evite incurrir en situaciones en las que una misma entidad actúa “como juez y parte”.

A partir de todo esto, resulta necesario crea la Superintendencia de Educación para administrar las funciones de inspección, vigilancia y control de manera independiente, técnicamente especializada, ágil y eficiente.