El exministro de Hacienda y exrector de Los Andes, Rudolf Hommes, analiza la necesidad de que las universidades públicas cobre matrículas que cubran los costos corrientes, den becas a los de estratos bajos y de préstamos a 30 años.
Recientemente, tuve la oportunidad de visitar la Universidad de Cartagena, que es un centro de excelencia educativa en la Costa Atlántica colombiana y se destaca por su labor académica e investigativa. La universidad ha contado con recursos departamentales para crecer y para fortalecerse, provenientes de una estampilla que actúa como un impuesto de timbre y no es muy bien vista por el sector privado local.
Posiblemente, podrían existir mejores alternativas, pero, hasta que éstas se materialicen, es una fuente efectiva de recursos, que ha contribuido al fortalecimiento y desarrollo institucional y ha servido para proveer educación de buena calidad a jóvenes de la región, muchos de ellos de estratos populares. En referencia a esto último, vale la pena destacar que la universidad también ofrece programas efectivos para nivelar a la población estudiantil que sale mal preparada de los colegios de bachillerato.
Con instituciones como ésta, la Universidad del Atlántico, que también se beneficia de una estampilla especial, y otras universidades públicas se puede ayudar a responder a las inmensas necesidades insatisfechas de educación superior que existen en el país y que, definitivamente, constituyen un obstáculo para su desarrollo. Sin embargo, uno de los aspectos que limitan significativamente su campo de acción es que subsidian innecesariamente a un gran número de estudiantes, en algunos casos a la mayoría, pues, para cumplir con el objetivo de brindarles una oportunidad a los más pobres, no les cobran matrículas a los que podrían pagarlas o a los que podrían endeudarse para pagarlas después de graduarse.
Esta política, que defienden muchos educadores y rectores de las universidades públicas y constituye una restricción muy severa, no permite que las universidades cuenten con recursos que hagan posible que despeguen por cuenta propia. La alternativa contraria, que ellos abominan, consiste en cobrar matrículas y ofrecer préstamos para estudiantes de ingresos bajos, para que nadie calificado sea excluido por razones financieras. Ellos aducen, con razón, que los créditos no les resuelven el problema a los más pobres porque los valores a los que ascenderían son tan grandes que impiden que las familias asuman el riesgo de la deuda.
La respuesta a este problema real es que las universidades deben estar preparadas para darles becas a todos los estudiantes de estratos 1 y 2 que son aceptados y para otorgarles créditos a los demás que los soliciten, pero deben cobrar matrículas que, como mínimo, cubran los costos corrientes. Otra opción que se propone consiste en cobrarles un impuesto especial a todos los que obtengan título, pero esto es castigar a los que se esfuerzan y tienen éxito.
Por coincidencia, en Inglaterra se está discutiendo acaloradamente el mismo tema a causa de un informe oficial que propone que las universidades públicas cobren matrículas y compitan entre sí para atraer a los mejores estudiantes. Los que apoyan esta iniciativa han propuesto que los préstamos estudiantiles se otorguen a 30 años, que las cuotas y los intereses varíen de acuerdo con los ingresos de los graduados, y que los intereses sean como máximo los de los bonos del tesoro. También deben contemplar que, durante los períodos en los que el deudor esté desempleado, no tenga que pagar cuotas de intereses o de capital, y que si queda un saldo sin pagar al cabo de los 30 años, no se lo cobren. Esto parece sensato si se complementa con un sistema de becas para los más pobres. Con estos aditamentos, el cobro de matrículas les abre a los más pobres la oportunidad de recibir una buena educación que no es de “garaje”. Si este Gobierno desea aumentar rápidamente el número de plazas en las universidades públicas, este es un camino que debe explorar.
