El vicerrector administrativo ed la Universidad de Antioquia, y profesor de Economía, Ramón Javier Mesa Callejas, plantea algunas consideraciones que se deben tener en cuenta con miras a una reforma al modelo financiero de la Ley 30 de 1992.
Después de dos años del Acuerdo histórico logrado en diciembre de 2018 entre el Gobierno Nacional y las plataformas estudiantiles y profesorales, y en medio de la peor crisis económica del país a consecuencia de la pandemia del covid-19; la realidad financiera de las IES sigue en cuidados intensivos. No se puede desconocer que los recursos adicionales obtenidos de este acuerdo, sobre todo los $675.522 millones entregados por el Ministerio de Educación Nacional –MEN- en 2020 para funcionamiento e inversión de las IES, han permitido amortiguar los impactos negativos que ha generado la emergencia sanitaria sobre la estructura financiera de estas instituciones.
Contexto financiero en 2020
De manera prioritaria, los recursos girados este año se han podido utilizar para financiar los “nuevos” gastos derivados de esta pandemia, especialmente, aquellos orientados a combatir la deserción de nuestros estudiantes mediante la matrícula cero, el suministro de equipos, planes de datos, la mayor cobertura de internet y la ampliación de los programas de bienestar; igualmente, la adecuación de protocolos de bioseguridad y el aumento de gastos para financiar investigaciones en la lucha contra esta enfermedad. Así mismo, estos recursos han apalancado el pago de las nóminas ante la fuerte caída que han registrado las denominadas rentas propias de las instituciones, diferentes de los aportes que se reciben de la Nación y de algunos Entes Territoriales, como resultado de la disminución de la venta de bienes y servicios, los recaudos de estampillas e IVA, los convenios y la contratación, entre otros.
En suma, la inesperada coyuntura de 2020 con esto del Covid-19, le dio una orientación de emergencia a los recursos adicionales, especialmente para cubrir, en parte, los faltantes de liquidez de las IES derivado del complejo panorama que han enfrentado durante el año. Sin embargo, estos recursos, si bien han sido importantes para el funcionamiento de las IES, por supuesto, aún no resuelve los problemas de fondo que originaron el Acuerdo de 2018, esto es, el desequilibrio presupuestal negativo que arrastran las universidades a consecuencia de la brecha entre los recursos insuficientes que ha entregado la Ley 30 de 1992 y los gastos crecientes de funcionamiento e inversión de las IES.
El Acuerdo de 2018 y la reforma a la Ley 30
Dalo lo anterior, por obvias razones, los efectos de la pandemia han limitado el debate de fondo que enfrenta la educación superior pública en el país en los temas referidos al financiamiento, tal como quedó consignado en el punto 13 del Acuerdo de diciembre de 2018, que plantea la reforma a los artículos 86 y 87 de la mencionada Ley. Es importante señalar que, fruto de este Acuerdo, ningún gobierno, desde la creación de esta ley, había inyectado recursos adicionales significativos diferentes a los estipulados en el artículo 86 de la Ley 30.
En este orden de ideas, se estiman recursos adicionales del orden de $4,5 billones para la educación superior pública en el período 2019-2022; se destacan aquellos que hacen base presupuestal de las universidades, que vienen creciendo por encima de la inflación, del orden de 3,5% en 2019, 4% para 2020, 4,5% para 2021 y de 4,65% en 2022. Como se desprende de lo anterior, recursos adicionales quedan para dos años más, después de 2023, si no se produce la modificación de los mencionados artículos, ya no habrá recursos adicionales y volveremos al cálculo tradicional de la base presupuestal cuya indexación se establece al ritmo del IPC de final cada año
Elementos para una Ley de financiamiento
El Gobierno Nacional dejo plasmado en el Plan de Desarrollo en el artículo 183, la modificación a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, señalando que adelantará un proceso de revisión integral de fuentes y usos de los recursos de las IES con miras a plantear una reforma al esquema de financiación de las mismas, que permita la garantía de su financiación y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
En este sentido, el debate debe unificar criterios entorno a lograr consensos sobre la necesidad de una política pública de largo plazo (no una política de gobierno) que garantice los recursos adecuados para el financiamiento de la educación superior pública. Esto es, contar con recursos para ampliar la cobertura con calidad, fortaleciendo las capacidades de las IES para el desarrollo de sus ejes más importantes como son: docencia, investigación, extensión y bienestar.
Al respecto, cualquier iniciativa que impulse nuevas fórmulas para ampliar la base presupuestal de las IES deberá reconocer la deuda histórica de la Ley 30 durante casi 28 años de vigencia, garantizando hacia futuro los recursos que en el pasado no se entregaron por el desequilibrio estructural entre las transferencias del Estado indexadas por el IPC y los gastos e inversiones de las universidades para atender el desarrollo misional, los aumentos de cobertura, el crecimiento de la infraestructura, el financiamiento del decreto 1279, la ampliación de personal docente y administrativo, el bienestar y la internacionalización, entre otros temas.
Para tal fin, una de las propuestas que se viene planteando es la que se lidera desde la comisión de vicerrectores administrativos del Sistema Universitario Estatal –SUE-. Esta, promueve un nuevo modelo de asignación de recursos a la base presupuestal de las universidades públicas, que tiene como principal valor agregado, las necesidades reales de financiamiento cada una de las universidades. Esto implica, reconocer que la actualización o indexación de la base presupuestal no debe ser únicamente sobre el IPC, sino por aquellos factores que inciden de manera directa en la realidad financiera de las universidades y que representan el financiamiento que éstas han tenido que asumir de manera directa, sin transferencias o aportes del Estado o algún ente territorial, para atender sus necesidades misionales.
Información de referencia: Iniciativas del SUE para reformar la Ley a favor de las universidades
Bajo este escenario, más allá del IPC, la propuesta, en lo fundamental, busca indexar la base presupuestal considerando los siguientes factores: (i) el índice de costos a la educación superior –ICES-, (ii) la acumulación de nuevos puntos docentes derivados del decreto 1279, (iii) la creación de nuevas plazas docentes y administrativas, (iv) los costos asociados a nuevas disposiciones del ejecutivo o legislativo que afecte el presupuesto de las universidades, (v) los costos por ampliación de cobertura, (vi) el cierre de brechas y (vii) los presupuestos del Estado para inversión.
En general, más allá de que exista consenso o no sobre este nuevo cálculo de la base presupuestal que propone el SUE, cualquier iniciativa, incluyendo esta, que pretenda modificar la actual Ley 30, deberá precisar y calcular el costo fiscal que representa una nueva forma de transferir recursos públicos a las IES, de tal manera que pueda evaluarse su viabilidad en términos financieros, así como su impacto fiscal. El debate está abierto, hoy necesitamos un abanico de propuestas que vengan de los diferentes actores sociales y políticos, y por supuesto, de la comunidad universitaria, la principal doliente de este proceso, de tal forma que podamos garantizar la sostenibilidad de las IES en Colombia: este análisis continuará.
