Sept 21/23 La afirmación es de la experta en educación superior de América Latina, la brasilera Ana Lucia Gazzola, quien señala los enormes retos de una ley estatutaria en educación y advierte de la complejidad normativa que ve en Colombia.
El análisis de Gazzola, profesora emérita y exrectora de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, exdirectora de IESALC UNESCO, coordinadora de la CRES 2008, y asesora de ministerio de Educación en varios países de América Latina lo realizó en el webinar “Educación Superior como derecho, un escenario de desafíos y posibilidades”, convocado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO.
A propósito del entorno de reformas que Colombia vive, Gazzola advierte que una ley estatutaria no sólo debe satisfacer la universalidad en el ingreso a la educación en todos los niveles, sino que también -y tal vez aún más importante- el Estado debe propender por la permanencia, la graduación y su acceso al mercado de trabajo, pero también políticas de bienestar, salud y alimentación.
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Gazzola es consciente de las dificultades fiscales que esto representa, pero señala que sólo la vivencia plena del derecho a la educación puede contribuir al avance social de los países, y que incluso el acceso a la educación no debería tener límites, porque al fin y al cabo gracias a la educación es que la sociedad puede disfrutar de sus derechos y hasta podrá avanzar en la identificación y reconocimiento de derechos que aún no se han reconocido como tales.
Además, para Gazzola la vivencia del derecho educativo, en un ámbito de autonomía de las instituciones, permite generar un bien público social como lo es el conocimiento, “porque solo se puede producir conocimiento nuevo cuando existe libertad, y si un docente, un servidor de la universidad, un estudiante no tiene libertad, tampoco hay educación como un derecho”, dijo.
Eso sí, advierte la académica, cuando se habla de inclusión ésta debe ir directamente relacionada con calidad y con políticas de acción afirmativas meritocráticas (para no generar exclusiones). “Si hablamos de calidad en la educación solo para grupos específicos, no estamos hablando de calidad y sí de privilegio”.
En su análisis fue más allá de la propuesta de Ley Estatutaria y también se refirió a las propuestas gubernamentales de reforma a la Ley 30 y sus consideraciones apuntan a recalcar el complejo y excesivamente reglamentarista marco normativo, que atenta contra la propia autonomía, la flexibilidad y la pertinencia de un sistema de educación superior.
La sobreabundancia de procesos, actores, organismos colegiados e instancias son algunas de las características que difícilmente, según se deduce de las apreciaciones de Gazzola, pueden contribuir a consolidar un articulado y eficiente sistema de educación superior, en el que puedan participar, sin restricciones de oferta ni calidad, oferentes de toda índole, públicos y privados. “Porque es imposible que las escuels estatales respondan por toda la oferta necesaria de la educación superior”, concluyó.
La mejor manera de expresar los “excesos” normativos en Colombia y la propuesta de reforma a la Ley 30, del Gobierno Nacional, fue la afirmación de la brasilera en el sentido de que “en la propuesta de recomposición del CESU sólo faltó incluir a Dios”, como una referencia crítica a que el gran número de integrantes propuestos para el Consejo Nacional de Educación Superior CESU (que de por sí ya es grande), responde a intereses particulares más que de sector, y que eso complejiza las decisiones de políticas pública.
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El encuentro contó con la participación de más de 125 representantes de agremiaciones y organizaciones como ASCUN y CONNECT, directivos de diferentes Instituciones de Educación Superior, rectores y directivos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
