Entre cátedras escolares y universitarias: César A. Correa Martínez

Abril/24 César A. Correa Martínez, PhD en Derecho y docente universitario, hace unas precisiones al listado de leyes presentado, en El Observatorio, por Hernán Olano, titulado Las “Cátedras” legales.

En la columna titulada “Las cátedras legales “, escrita por un decano y además constitucionalista del que no tengo más que admiración, comete un error fundamental que debe merecer por lo menos una fe de erratas. El título no hace mérito al contenido puesto que, aunque es general, la introducción no se compadece de su desarrollo.

En el primer párrafo, su autor pretende platear un dilema para el que usa de forma sagaz la sigla IES (que significa en el lenguaje educativo Institución de Educación Superior) y se refiere a las distintas denominaciones de las instituciones de enseñanza superior en cualquiera de sus niveles, pero las menciona como instituciones de educación. Sin embargo, ahí no se encuentra el problema: radica en que problematiza las que denomina cátedras legales contraponiéndolas con el artículo 69 constitucional sobre autonomía universitaria. Posterior a ello, enlista las leyes que establecen cátedras.

Esta es una estrategia retórica, puesto que independientemente de la crítica a que existan cátedras impuestas por el legislador o el gobierno, al enfrentarlas con el principio de autonomía universitaria parecen dirigirse a las universidades, cuando ello no es cierto.

Sin embargo, el problema está en que dichas normas, en su mayoría y como reconoce el texto de forma tímida en algunos apartados, se refieren a la educación básica y media y no a la universitaria. En algunos casos, aunque se impuso una cátedra a las universidades, como la de la Paz, se entienden de acuerdo con el régimen de autonomía universitaria. Dentro de las normas que señala el autor, encontramos 3 tipos: las obligatorias, las potestativas y las que no aplican a las IES:

Dentro de las inaplicables a las IES, por ejemplo, están el día E, establecida mediante el Decreto 1075 del 2015, recopilatorio del Sector Educación que no la impone, ni siquiera facultativamente, a las IES. La misma situación se repite con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos del Decreto 1122 del 98; con la asignatura Urbanidad y Cívica de la Ley 1013 de 2006; con la medida que ordena la implementación de competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación y la responsabilidad democrática, y la identidad y valoración de la diferencia de la Ley 1474 del 2011; con la enseñanza de seguridad vial de la Ley 1503 de 2011. Finalmente, la política de educación cooperativa de la Ley 79 de 1988, que no es una obligación universitaria sino de las entidades que hagan parte del sector solidario.

Dentro de las potestativas encontramos la Cátedra de educación para la sexualidad de la Ley 1146 del 2007; el día “pi” de las matemáticas, lo mismo que la adopción de la Cátedra de Paz de la Ley 1732 del 2014 mediante cualquier modalidad. Según se entiende de la Ley 1620 del 2013, son obligatorias la adopción de “estrategias, programas y actividades para que las entidades en los diferentes niveles del Sistema y los establecimientos educativos fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la promoción de derechos y estilos de vida saludable, la prevención, detección, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo precoz de adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar”. Es decir que, en este último caso, no se trata necesariamente de una cátedra universitaria.

Un caso aparte merecen la creación del servicio social en Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de la Ley 2221 del 2022, que, de acuerdo con la norma, es potestativo de los estudiantes; lo dicho en la Ley 21 de 1991, que adopta el Convenio número 169 de la OIT obliga a todos los sectores, con lo que se entiende que se incluyen las IES; y la Cátedra de Investigaciones Ecológicas Misael Pastrana Borrero de la que, a mi pesar, no encontré el decreto presidencial que la reglamente, como lo dice la Ley 473 de 1998.

En honor a la verdad, el panorama no es tan difícil como se procura en el texto y, por el contrario, aunque cada una de esas normas les impusiera límites a las universidades, debe recordarse que la autonomía universitaria no es absoluta. Este principio debe ceder cuando existen intereses superiores como pueden ser las obligaciones sociales con la paz y la lucha contra las múltiples formas de violencia basadas en género, el acoso y violencia, entre muchas otras. Ahora bien, ello no le resta al hecho de que una IES pueda vincularse y crear alguna de estas cátedras destinadas para los colegios. No conozco casos, pero nada impide que sea así.

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