Mayo 25/26 Una vez más la pública Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la institución que debería ser el faro de la ética y la eficiencia en la gestión del Estado, enfrenta graves cuestionamientos. Ahora, informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) la tienen entre ojos por su presunta utilización como plataforma para el clientelismo político, salpicando nuevamente al círculo del hoy candidato presidencial Roy Barreras.
Las revelaciones de Cambio
Que la ESAP ha estado al servicio del clientelismo no es una acusación nueva. Su presencia nacional, carácter público, alto presupuesto e incidencia sobre cientos de alcaldes y concejales del país, entre otros, la ha convertido en un atractivo bocado para quienes buscan un escenario de desvío de recursos públicos y cuotas burocráticas.
Ya, desde 2019, era noticia la relación de Barreras con la ESAP y ahora, a pocos días de las elecciones, vuelve a salir el tema.
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En años atrás varias meses se ha mencionado esta realidad, y ahora una investigación, que ha trascendido tras revelaciones de la Revista Cambio Colombia, señala que dicha entidad habría sido cooptada por estructuras políticas que utilizan sus direcciones territoriales —cargos de libre nombramiento y remoción— para pagar favores electorales.
La denuncia de la UIAF, entidad del Estado encargada de rastrear movimientos financieros atípicos, sugiere que los cargos no se asignan por mérito o capacidad técnica, sino por lealtades a los padrinos políticos de turno.
La conexión con Roy Barreras no es nueva en el historial de la ESAP
Ya en años anteriores, la institución ha tenido que sortear crisis reputacionales por acusaciones similares. Según los informes, el “círculo político” del candidato tendría una influencia decisiva en la adjudicación de contratos y la ocupación de cargos estratégicos dentro de la entidad.
Ahora, la UIAF identifica que, entre 2020 y 2023, se habrían dado flujos de dinero, de difícil justificación, entre contratistas de la ESAP y personas cercanas al círculo político de Roy Barreras y el ex representante a la Cámara Faber Alberto Muñoz.
La acusación sostiene que la ESAP no funciona como una IES técnica, sino como una agencia de colocación laboral. El “hecho concreto” denunciado es que el control de las direcciones territoriales de la ESAP habría sido entregado a personas afines a Roy Barreras.
El poder político se canjearía así: “Tú me ayudas en la campaña o me das votos en la región, y yo te aseguro un contrato en la sede territorial de la ESAP”.
¿Dinero de Educación para Clientelismo?
El análisis de los estados financieros de la ESAP (2024-2025) aporta datos inquietantes. Mientras que la matrícula de estudiantes ha crecido bajo el modelo de gratuidad, el gasto administrativo de la institución se mantiene en niveles que levantan sospechas. En 2025, el gasto administrativo alcanzó los $339.537 millones, concentrando el 96% de los gastos totales de la entidad.
“No es un problema de insolvencia, es un problema de destinación“, señalan fuentes académicas.
La estructura de la ESAP, que le permite al Gobierno Nacional nombrar directamente a su director (actualmente, nombrado por el gobierno Petro, es el académico de la Universidad Nacional, Jorge Iván Bula Escobar) —a diferencia de otras universidades donde la comunidad académica elige a sus directivos— la convierte en un ente vulnerable. Las críticas apuntan a que gran parte de estos recursos, en lugar de fortalecer la calidad académica o la investigación, se diluyen en un entramado de contratos de prestación de servicios y nóminas paralelas en las sedes regionales.
Un Futuro en Juego
Para los críticos, el daño no es solo presupuestal, es institucional. Cuando la entidad encargada de formar a los futuros administradores públicos se convierte en una “caja menor” para financiar estructuras electorales, la democracia pierde a su mejor aliado.
Por ahora, la ESAP guarda silencio sobre los informes de la UIAF, mientras la comunidad universitaria exige explicaciones sobre cómo, en medio de la política de gratuidad, el rigor académico sigue perdiendo la batalla frente a la voracidad burocrática.
