Mayo 25/26 La crisis administrativa y judicial que atraviesa la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) sumó un nuevo capítulo de alta complejidad. Un juzgado de control de garantías de Quibdó impuso una medida de aseguramiento contra Fabio Magdaleno Asprilla Moreno, quien se desempeñó como rector encargado de la institución. La decisión judicial incluye una restricción perentoria: el exrector tiene prohibido acercarse o mantener contacto con las instalaciones universitarias mientras la medida esté vigente.
El origen de la medida
La decisión del juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulante con sede en Quibdó, se deriva de un proceso penal en el que Asprilla es investigado por presunta falsedad en documento público, dadas las irregularidades halladas en su hoja de vida, las cuales fueron determinantes para su nombramiento como vicerrector de docencia y, posteriormente, como rector encargado de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH).
La ex rectora encargada de la UTCH, Merlen María Díaz Arriaga, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación tras detectar inconsistencias evidentes en una certificación laboral que Asprilla presentó para acreditar su experiencia profesional.
En el documento aportado originalmente por Asprilla, se certificaba que él se había desempeñado como “director” y “asesor administrativo y pedagógico” del Colegio CEPA durante el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2017. Pero se descubrió que dicho establecimiento educativo (Colegio CEPA) inició sus actividades legales apenas en marzo de 2014. Por lo tanto, era materialmente imposible que existiera una vinculación laboral en 2013, como lo aseguraba el documento.
El Colegio CEPA respondió formalmente y certificó que Asprilla solo prestó sus servicios entre enero de 2015 y diciembre de 2017, y que su único cargo fue el de asesor administrativo y pedagógico, descartando que hubiera ocupado el puesto de “director”.
La gravedad del delito
La gravedad del asunto radica en que esas certificaciones alteradas habrían sido el sustento legal indispensable para que Asprilla acreditara los requisitos mínimos de experiencia (5 años en cargos de dirección administrativa, según los estatutos de la UTCH) para acceder a cargos directivos superiores.
Así, el exrector utilizó documentos con información falsa para inducir al error al Consejo Superior Universitario y lograr nombramientos a los cuales, de otro modo, no habría podido acceder. Esta conducta ha derivado en la actual medida de aseguramiento no privativa de la libertad, que incluye la prohibición de acercarse a la universidad para evitar que pueda interferir en la investigación o en la gestión administrativa de la institución.
Este fallo no solo altera su situación jurídica, sino que bloquea de manera efectiva cualquier intento de retorno a la rectoría, incluyendo las acciones de tutela que buscaban restituirlo en el cargo tras haber sido apartado anteriormente por otras decisiones judiciales.
La drasticidad de la sanción
El patrón de la crisis: UPC y Universidad del Atlántico
El caso de la UTCH no es un hecho aislado, sino que resuena con los problemas de gobernanza que han afectado a otras instituciones públicas del país.
En la Universidad Popular del Cesar (UPC), la elección de rectoría ha sido objeto de múltiples cuestionamientos y suspensiones provisionales por parte del Consejo de Estado, derivados de la omisión de consultas estamentarias y presuntas irregularidades en los procesos de elección, lo que ha generado una constante interferencia administrativa.
Allí, 10 días duró como rector Guillermo Andrés Echavarría, quien habría aportado documentación irregular para justificar su experiencia docente.
Por su parte, la Universidad del Atlántico también ha enfrentado duras batallas legales. Diversos demandantes han solicitado la nulidad de la designación de sus rectores argumentando el incumplimiento de requisitos legales, inhabilidades y la omisión de los comités de credenciales en la verificación rigurosa de los perfiles.
El caso más reciente fue el de Leyton Barrios, quien en 2025 duró pocas semanas en el cargo, al mostrarse que tampoco cumplió los requisitos y aportó una certificación engañosa.
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La postura del Ministerio
El Ministerio de Educación ha sido enfático en su llamado a la transparencia y la legalidad. En reiteradas ocasiones, la cartera ministerial ha señalado que la “autonomía universitaria no es un cheque en blanco” para desconocer las normas de carrera y los requisitos de idoneidad. El ministro Rojas ha subrayado la necesidad de que los procesos de designación de rectores se blinden contra el clientelismo y la falsedad, advirtiendo que el Ministerio intervendrá siempre que se detecten inconsistencias en los perfiles o violaciones a la ley.
