Favor revisar, antes de de modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992

Sept 12/22 Las apuestas para reformar la Ley 30 buscan subir los aportes a las universidades públicas, pero no consideran la desproporción que hay en los mismos, que no tienen en cuenta calidad, impacto y matrícula de las actuales universidades.

Para 2023 el Presupuesto General de la Nación contempla distribuir entre las 33 universidades públicas que hay (bueno, 34, porque la Francisco de Paula Santander opera, para efectos de financiamiento como dos: Una en Cúcuta y otra en Ocaña) un poco más de 4.8 billones de pesos (que podrían llegar a 5 si el ministro de Educación, Alejandro Gaviria) convence a Minhacienda de darle más recursos. Pero este dinero no se distribuye de forma equitativa entre las 33, ni necesariamente premia con más recursos a las que mejores desarrollos ofrecen en calidad o cobertura, de tal forma que, por ejemplo, entre las que más y menos reciben puede haber una relación de 20 a 1 en los aportes por estudiante.

Todo surge por el propio modelo de asignación de recursos que definió, en 1992, la Ley 30, y que se ha mantenido con el tiempo bajo la lógica de transferencias inerciales, es decir, únicamente ajustadas por inflación y uno que otro aporte adicional, pero sin cuestionar por qué unas universidades reciben mucho más que otras, sin explicación distinta. Es como si se hubiera asumido que las que eran buenas y granes en 1992 siempre lo seguirían siendo y las pequeñas nunca pudieran o tuvieran derecho de crecer.

Con miras a una reforma mínima de la Ley 30 (por lo menos en sus artículos 86 y 87) son muy diversas las preguntas que, honestamente, debería hacerse el sistema de educación superior (y no solamente el Sistema Universitario Estatal SUE) sobre la lógica como el estado transfiere recursos a las universidades públicas, tanto por eficiencia de los recursos públicos (¿realmente se requiere transferir todos esos recursos como se viene haciendo?) como por la equidad de los mismos (¿cómo es posible que universidades de más joven creación y con problemas de gobernabilidad y calidad, reciban muchísimo más que otras consolidadas y acreditadas?).

Ahí no paran las preguntas:

– ¿Se justifica seguir manteniendo la caracterización jurídica de universidades públicas del orden nacional, departamental y municipal?,

– ¿cuál debería ser la contraprestación -en rendición de cuentas al país- de las universidades a cambio de los dineros públicos que reciben?,

– ¿es cierto que el déficit es de 15 o más billones de pesos como lo indica el SUE en su propio análisis, nunca confrontado por el MEN?,

– ¿cuál debe ser la relación entre el financiamiento entre universidades públicas y demás IES oficiales?, son acaso las IES de la Red TTU de segunda clase?,

– ¿por qué no se unifica en una sola contabilidad todos los aportes y transferencias que reciben las universidades, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales -y hasta lo que se recauda por estampillas-, para conocer mejor su estado y hacer más transparente la información?,

– ¿no debería haber un incentivo adicional a las instituciones que logran más altos estándares de calidad, de cobertura, de inclusión en territorios de difícil acceso, en descubrimientos de investigación y virtualidad, entre otros?,

– ¿cómo será la relación de compromisos, cobertura territorial y recursos entre las actuales universidades y las que ha prometido el presidente Petro?,

– ¿por qué seguir tratando como “familias diferentes” a universidades públicas que tienen presencia en los mismos territorios como, por ejemplo, pasa en el Cesar y Caldas?, y

¿Por qué no revisar el intermediario en la asignación de recursos, que ahora será el Congreso de la República (por decisión de la Corte Constitucional, sentencia C-346, de 2021-, a través del Presupuesto General de la Nación, con el riesgo de politizar las transferencias?.

Y enfrentar estas preguntas no significa atentar contra la autonomía universitaria, como posiblemente algunos se inclinarían a argumentar.

Las inexplicables diferencias en la transferencia de recursos por estudiantes y programa

Para comprender esto, El Observatorio de la Universidad Colombiana ha tomado la proyección de recursos que el gobierno central estima transferir a las universidades públicas en 2023, según el Proyecto de Presupuesto General de la Nación, trabajado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que suman 4.85 billones de pesos, y las ha cruzado, universidad por universidad, con el número de estudiantes oficialmnte reportado por el SNIES a diciembre de 2021 (último dato disponible), así como con el número de programas totales activos (pregrado y posgrado, cualquier modalidad y con o sin acreditación), para confirmar la difícilmente comprensible desproporción en las cifras.

Es importante reiterar que estas cifras sólo responden a los ingresos que estas universidades tendrán por transferencias del Gobierno Central, por lo que los ingresos totales varían de forma considerable en casos como las universidades de Antioquia, UIS y Distrital, entre otros), además de los ingresos que reciben por diversos derechos pecuniarios, venta de servicios, donaciones, consultorías y proyectos de regalías, entre otros. 

Transferencia del Gobierno Central por estudiante, proyectada a 2023

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Las universidades marcadas con (*) son del orden departamental – municipal. En rojo las que, a la fecha, no tienen acreditación de alta calidad.

Transferencia del Gobierno Central por programa académico activo, proyectada a 2023