Julio/23 En esta ocasión, Forero describe cómo la propuesta de reforma a la Ley 30 es más cosmética que de fondo, pudiendo ser una oportunidad perdida si no se actúa integralmente.
En la columna anterior (algunas ilusiones frustradas), cuando no se había presentado el borrador de la modificación de la Ley 30 de educación superior (ES) que propone el gobierno del presidente Petro, analizamos como la ilusión de una descentralización de la ES que soportara en mayor grado el desarrollo integral de las regiones del país, lamentablemente se marchitó y hoy, no se aprecia en la propuesta mencionada que este problema estructural tenga un camino despejado para su real concreción, limitándose a hacer algunos ajustes que harán de esta una oportunidad perdida.
Ahora haremos referencia a otra ilusión frustrada de la actual ley y cómo la propuesta de reforma no avanza con luces de futuro a pesar de las evidencias. Se trata de la manera como el sector de la ES asume y tramita propuestas de políticas públicas (requieren voluntad política, conocimiento y presupuesto) que den respuestas a los problemas u oportunidades estructurales de situaciones de primera generación como: calidad, pertinencia, financiación, equidad y acceso, autonomía universitaria.
Tampoco a problemas de segunda generación que se hacen evidentes cuando los sistemas se interrelacionan en mayor grado, tales como: internacionalización, innovación, emprendimiento, empleabilidad, ciencia y tecnología. Mucho menos si se trata de circunstancias de tercera generación, derivadas de una agenda global y que tienen ocurrencia y solución en los ecosistemas regionales de ES, tales como: Agenda 2030 y ODS, democratización de la inteligencia artificial, o un nuevo contrato entre los mundos rural y urbano.
En todos ellos, cada día se hace fundamental la presencia colectiva de la ES, acumulando capacidades asociativas, dadas las dimensiones y las complejidades de los problemas u oportunidades que se quieren atender. El solo decretar la ES como un derecho humano fundamental progresivo, lo cual es un avance en la línea de lo planteado por las Conferencias regionales organizadas por la UNESCO, no resuelve automáticamente problemáticas como las descritas, las cuales requieren de buenas políticas públicas. A este respecto es bueno entender los planteamientos de Michael L. Sandel, en su libro: “La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común?”.
La política pública que conlleva una amplia participación de muchos actores, incluyendo la sociedad civil, es diferente a la política de Estado, a la política gubernamental, o en algunos lamentables casos a la política del funcionario de turno. Por ello la Ley 30 creó el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, integrado por diferentes representaciones gubernamentales, de las IES, de los estamentos de la comunidad académica y del sector empresarial.
A pesar del esfuerzo individual de algunos de los integrantes de este cuerpo, el balance de sus ejecutorias es bastante deplorable, sin que los gobiernos hayan tenido un interés en darle la importancia que le otorgó la ley. Podrían mencionarse excepciones, de cómo utilizando la inteligencia colectiva y con amplia participación, el CESU, aprobó, “El Acuerdo por lo superior 2034”, que contradictoriamente fue sepultado por el mismo gobierno que lo impulso.
Un elemento que se analizó mucho en la elaboración de la ley 30, es como un cuerpo tan diverso como el CESU, sería capaz de superar los intereses particulares de las IES que obtuvieran la representación y de otros actores especializados en capturar bienes públicos, menospreciando la inmensa tarea de proponer la política pública para el bien común; así su carácter fuera de asesor, pero con un potencial de legitimidad. Se propuso entonces que la secretaria técnica del CESU la ejerciera el ICFES, en ese momento el organismo estatal encargado de la ES; entendiendo que era una tarea más allá de llevar los archivos, elaborar las actas, la correspondencia, los Acuerdos, o convocar cuando caprichosamente el gobierno de turno lo quisiera a conveniencia.
La secretaría técnica debería ir mucho más allá, dando las bases para establecer una agenda estratégica de este cuerpo colegiado, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en el mundo en materia de ES, elaborar los estudios que permitieran luces para la toma de disposiciones con fundamentos y evidencias, aportar las bases de datos para la toma de decisiones, ayudar a vencer la asimetría de información entre sus integrantes, proponer visiones de futuro, facilitar la interlocución e interrelación con otros sistemas como los de ciencia y tecnología, competitividad, agrícola, educación básica y media, y todos y cada uno de los Ministerios en que está organizado el Estado; haciendo ver la importancia de contar con un proyecto cultural en la ES, para la solución de materias económicas, sociales y ambientales.
Distinguir lo que significa hacer la política, implementarla, evaluarla, para lo cual se determinan unos instrumentos adecuados y gestionados eficazmente. No simplemente convertir el instrumento en la política o asumirla para proteger intereses particulares o poner en marcha ocurrencias de los funcionarios pasajeros, sin perspectiva de país y de región insertos en un concierto internacional. Por esta y otras causas, que la extensión de la columna no permite tratar, resultamos con otra ilusión frustrada que nos dejó la Ley 30, en materia tan grave como la de dar garantía de construir e implementar una buena política pública para el sector.
En una primera lectura de la propuesta actual de modificación de la ley, da la impresión de que vamos a mantener la frustración y continuando de ampliar un cuerpo muy grande, de intereses particulares o de voces gremiales, que no garantizan el buen ejercicio de lo público hacia el bien común; atendiendo escenarios y desafíos de tal magnitud, que fácilmente el país puede ser superado y condenado al atraso, en medio de una declaratoria de la ES como derecho fundamental.
Debemos pensar en grande, con importantes innovaciones, que permitan que el sector y sus IES operen de manera diferente y disruptiva, para prestarle un mejor servicio a la sociedad, que le reclama muchas más cosas que solo nuevos cupos de acceso.
Ojalá se escuchen las diversas voces de la sociedad y se pueda concretar una REFORMA INTEGRAL que tenga claro, qué problemas estructurales quiere resolver y cuáles son los escenarios de futuro que como país le vamos a apostar. De lo contrario pagaremos unos altos costos afectando gravemente a nuestra juventud. No más ilusiones frustradas en medio de tantas brechas sociales y tecnológicas.
