Fundación San José: Después del escándalo de Juliana Guerrero, Francisco Pareja autorizó graduar sin examen Saber TyT
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Fundación San José: Después del escándalo de Juliana Guerrero, Francisco Pareja autorizó graduar sin examen Saber TyT

Nov 6/26. Así lo confirmaría una nota a mano, sin membrete ni radicado, del noviembre 12 de 2025, luego de conocido el escándalo de Juliana Guerrero, donde Francisco Pareja (foto), fundador de San José, autoriza “de manera excepcional” el grado de una estudiante sin el examen Saber TyT, con el compromiso de presentarlo después y la advertencia de que, de no hacerlo, “el título será anulado”.

El documento pone una condición el pago de $1.100.000 antes del 9 de diciembre de ese año. La frase clave dice: “Sin este pago no se puede GRADUAR”.

El documento es, en sí mismo, revelador. Está escrito a mano en papel común, sin membrete de la institución, sin sello oficial y sin número de radicado. Quien lo redactó lo hizo en tercera persona (“El doctor Francisco Pareja autoriza de manera excepcional…”) y Pareja solo añadió su firma y la anotación “OK”. La firma coincide con la que se conoce de pareja en documentos oficiales de la IES. La ausencia de cualquier rastro institucional formal sugiere que se trataba de una comunicación pensada para existir únicamente entre las partes, no en el expediente de la universidad.

El texto usa la palabra “excepcional”, un reconocimiento explícito de que la autorización se situaba por fuera de la norma. En la misma hoja aparecen varios renglones de soportes de pago: derecho de inscripción, programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública, Administración Industrial y un programa técnico, más inglés, seminario, derecho de grado y toga. Algunos de esos renglones están marcados como “beca” con cifras simbólicas (alrededor de $30.000 y $60.000), mientras otros se cobraban de contado. La nota funciona, al mismo tiempo, como autorización irregular y como desglose comercial.

¿Pagos para graduarse de varios programas al mismo tiempo y de forma expresa?

La autenticidad del documento (entregado de forma anónima a El Observatorio de la Universidad Colombiana y pendiente de validación por parte de las autoridades) parece encajar con todas las denuncias relacionadas: el caso de Juliana Guerrero (condenada a 36 meses de suspensión condicional por falsedad ideológica); las denuncias de las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao sobre decenas de servidores públicos graduados sin registro de las pruebas; el aumento inusitado de estudiantes de la San José después de pandemia, así como el aumento de contratos estatales de la fundación a partir de 2022.

Desde el punto de vista legal, el documento presenta varios problemas estructurales:

  • Carece de formalidad institucional: No tiene membrete, número de radicado, sello ni firma de otros funcionarios con competencia formal para actos de grado. Esto debilita su carácter de acto administrativo válido.
  • Autoriza expresamente lo prohibido: Al autorizar “de manera excepcional” el grado sin el examen Saber TyT y condicionarlo al pago de $1.100.000, el documento reconoce que se está omitiendo un requisito legal. La expresión “excepcional” no crea una excepción que la ley no contempla.
  • El “título condicional” no existe: La promesa de anular el título si no se presenta el examen en 2026 no tiene respaldo normativo. Una vez expedido el diploma, su validez o nulidad se rige por las normas de educación superior y de actos administrativos, no por un acuerdo privado.
  • Vulnera la autonomía universitaria de manera irregular: Las instituciones tienen autonomía, pero esta no les permite desconocer requisitos legales de orden público como el examen de Estado.

Si la nota es auténtica y se usó para expedir un título, podría ser relevante en investigaciones por falsedad ideológica en documento público (artículo 286 del Código Penal), especialmente si se consignó en actas o diplomas que el estudiante cumplía todos los requisitos cuando no era así. Este fue precisamente el delito por el que se condenó al exsecretario general de la San José en el caso Guerrero, Luis Carlos Gutiérrez.

Convenio para titular escoltas

Hay una segunda pieza gráfica muy reveladora. La certificación No. 313 del sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UT-UNP), del 26 de octubre de 2023, firmada por su presidente, Wilson Javier Devia Pérez, quien desde marzo de 2022 promocionó en sus redes sociales el convenio con la San José para titular a escoltas de la Unidad Nacional de Protección.

En el documento, con el membrete del sindicato, el NIT de la organización y la firma del presidente nacional, se certifica que un estudiante hacía parte de un convenio con la San José para tecnólogos y que, por ese motivo, “se acordó la validación” del examen Saber TyT y de inglés “para este grupo estudiantil”. El texto aclara que el certificado solo es válido “para el convenio con la Universidad San José” y deja un correo de contacto del sindicato.

Es decir, un sindicato afirma por escrito que un examen de Estado podía pactarse y validarse para un grupo de afiliados. La Ley 1324 de 2009 no deja margen: la presentación del examen Saber TyT es obligatoria para obtener el título. Ni un sindicato ni una universidad tienen facultad para “validarlo” o dispensarlo. El hecho de que hable de un “grupo estudiantil” y de un “convenio” apunta a un esquema sistemático dirigido a afiliados de la UT-UNP (escoltas de la Unidad Nacional de Protección), para quienes un título tecnológico podía representar un mejor salario pagado con recursos públicos.

Devia Pérez dice, en su biografía en redes sociales que es abogado. La UNP lo suspendió en 2023 por usarla para litigar como apoderado privado en un proceso civil en Villavicencio, lo cual violaría el régimen de inhabilidades. 

Irregularidades después de conocido el escándalo de Juliana Guerrero

Lo que cambia el peso de este material es el momento. En 2025, tras la condena de Guerrero, Pareja salió a los medios a sostener que la San José no era una fábrica de títulos y que el caso había sido un “descuido administrativo”. Luego, el abogado de la fundación, Juan David Bassani, afirmó que se trataba de “un hecho lamentable, pero aislado”.

Y dos meses después de esas declaraciones aparece una nota que, de confirmarse, muestra al propio fundador autorizando otro grado sin el examen Saber TyT y condicionándolo al pago. No sería un error del pasado: sería una práctica que continuó cuando el escándalo ya era público.

El Ministerio de Educación mantiene vigilancia especial sobre la institución desde finales de 2025, con una inspectora in situ y un plan de mejoramiento obligatorio. La Fiscalía tiene denuncias radicadas por congresistas y actuaciones en casos puntuales, como el de Guerrero.

Antecedentes del caso

Sobre el caso Guerrero y las declaraciones de la institución

Sobre Pareja y sus propios títulos

Sobre el crecimiento del escándalo y más casos

Sobre acciones del Ministerio y condenas

Sobre contratos y crecimiento institucional

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