Feb 14/25 Un comunicado de los rectores de las universidades Nacional de Colombia, Antioquia, Valle y UIS sobre el financiamiento de las IES públicas puede ser buena idea para algunos, pero claramente es oportunista y desconoce el momento fiscal que vive el país.
Confirma que estas cuatro universidades y sus rectores (foto) se consideran con el poder suficiente para hablar por todo el sector, y que el liderazgo del presidente del SUE parece debilitarse al distanciarse de sus posiciones.
En momentos en que la educación superior pública y el Ministerio de Educación se aprestan a que el Congreso de la República discuta, finalmente, en primer debate, el proyecto de ley que busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, para mejorar las finanzas del sector, apareció un comunicado conjunto de los rectores de estas cuatro universidades en el que proponen que esas cuatro universidades “defenderemos llegar a un 1 % del producto interno bruto —PIB— para financiar la educación superior pública”.
«Hemos acordado que ese horizonte de progresividad en el aumento de la financiación es algo que defenderemos las 4 universidades aquí reunidas”, señaló Leopoldo Múnera.
La propuesta confirma que Leopoldo Múnera (UNAL), John Jairo Arboleda (Antioquia), Guillermo Murillo (Valle) y Hernán Porras (UIS), se muestran como un bloque para buscar reivindicaciones, aunque con distancia de los esfuerzos y acuerdos del resto del sector que, aparentemente, ya tenía un acuerdo para movilizar conjuntamente el respaldo al proyecto de ley, especialmente en cabeza del presidente del SUE, Jairo Torres Oviedo (rector de Unicórdoba y también presidente de ASCUN, en donde las cuatro grandes públicas también participan).
Aunque la propuesta no desconoce el proyecto de ley que reforma la Ley 30, genera ruido en momentos en que la educación superior no aparece en primer lugar en a agenda de preocupaciones del país, y mucho más cuando el país comienza a experimentar fuertes recortes presupuestales en subsidios y programas de fomento e inversión en muy diferentes frentes sociales.
El rector Múnera explicó que el aporte que le hace el país a las universidades es del 0,45 % del PIB, uno de los más bajos de América Latina, por eso las instituciones están en un momento difícil que requiere un aumento acorde con las necesidades educativas. Así no es solo una preocupación a futuro de la educación superior, sino también de la investigación científica del país, y del presupuesto que se destina a ella.
«Si logramos que el país destine el 1 % del PIB a las universidades públicas, con certeza todas llegaríamos a tener tranquilidad y ya no tendríamos que discutir sobre estos problemas, sino poder sentarnos y dialogar para desarrollar y construir el país», señaló Porras.
Mientras que el Gobierno Nacional respaldó la idea de las cuatro universidades, el presidente del SUE la cuestionó.
El ministro de Educación, José Daniel Rojas, dijo: “Los rectores de las 4 universidades más grandes del país coinciden con el Gran acuerdo por la educación superior pública que llevamos al congreso. Alcanzar el 1% del PIB para financiar la educación superior en un horizonte de mediano plazo nos une como sociedad alrededor de la reforma a la ley 30 y los anhelos de una educación superior al alcance de todos y todas”.
Y el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, dijo: “Coincidimos en esta meta a través del proyecto que hemos radicado ante el congreso para reformar la ley 30 en sus artículos 86 y 87; entre tanto, nuestro gobierno ha aumentado sustancialmente los recursos de funcionamiento del sistema público en cumplimiento del artículo 124 del PND. El salto que hoy es voluntad gubernamental debe garantizarse con esta reforma que permite que la educación superior sea derecho con calidad y gratuidad”.
Pero Jairo Torres Oviedo advirtió que: “Las grandes “universidades” públicas hablando por el SUE nos han generado dificultades como SUE. Deben entender, que su protagonismo como las más grandes no ayuda a la unidad. Lo del PIB no soluciona los problemas, si los mismos no se atacan desde lo estructural que los crea”.
Clic para ver el video de llamado de Torres a la unidad del SUE.
Vale indicar que estas cuatro universidades también hacen parte del SUE.
No es la primera vez que estas cuatro universidades se pronuncian, por su cuenta, sobre temas de política pública. En 2023 habían dado sus aportes a la entonces propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992.
Las observaciones de las 4 universidades públicas «más grandes» para reformar la Ley 30
