Feb 17/25 Tras haberse frustrado la legislatura anterior, Mineducación con voceros de las IES públicas y el Senado, esperan avanzar en la propuesta de reforma al modelo de financiamiento. Hay unidad en la necesidad del cambio, y también en que la sola reforma no es suficiente.
Pese al respaldo, Mineducación no pudo sacar adelante primer debate a reforma de art. 86 y 87
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas acogió a los miembros de la Comisión Sexta del Senado, al ministro y viceministro de Educación y a los voceros de universidades e IES públicas y sus asociaciones, además de representantes de estudiantes y docentes, para escuchar sus opiniones sobre el anunciado proyecto de ley que buscar reformar únicamente estos dos artículos de la Ley 30 de 1992.
Auncuando parece ser unánime el consenso de todos los actores en la necesidad de modificar dichos artículos con el fin de allegar más recursos a la educación superior pública, no es claro de qué forma avanzará el proyecto de ley, dado que hay dos grandes preocupaciones al respecto:
La primera tiene que ver con la seguridad, o duda, de que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, dé el aval fiscal para garantizar los recursos y que, en el deseo del Ministerio de Educación Nacional, se proyecten al 1 % del PIB de aquí a 2040.
La segunda se relaciona con la dificultad de concertar un proyecto de ley que responda a todas las peticiones de los actores, así como a atender los cambios adicionales que se piden, tales como romper la inequidad que deja la Ley 30 entre universidades grandes y pequeñas (el 50 % de las transferencias se las llevan solo 5 de las 34 universidades); entre universidades de grandes ciudades y las de provincia; y entre universidades e instituciones oficiales que no son universidades, entre otros aspectos.
Asimismo, hay una gran preocupación porque lo que se aprueba esté directamente condicionado a recursos de largo aliento y no dependa de la voluntad política del gobierno de turno.
Y aunque se avance en la reforma, claramente se ve que se lograrán más recursos, pero que esto está desarticulado de una apuesta real de cuál es la educación superior pública que requiere el país, cómo articular a todas sus IES (incluidas las nuevas que tiene proyectadas el actual gobierno), la relación entre oferta y territorios, el debate sobre la articulación, creación, cierre o fusión de IES y la relación entre la llamada deuda histórica del Estado con la universidad pública (polémico concepto) y lo que debería proyectarse para el futuro.
La idea del proyecto de ley es reemplazar el criterio del IPC por el de costos de la educación superior, ICE, para tratar de contar con recursos más ajustados a la realidad, aunque, como se señaló en el evento, este cambio “no soluciona el problema de desfinanciamiento de la universidad pública”.
Asimismo, tampoco hay tranquilidad entre los actores del sector, del real impacto del avance del proyecto de ley, si éste no impacta las demás leyes y decretos (como el 1279, de remuneración docente) que, por ejemplo, cada año incrementa costos, como los fiscales y laborales, por encima de lo que reciben las IES.
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