Mayo 7/23 Así lo definió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND), al crear el Programa Nacional de Jóvenes en Paz para darles beneficios a personas entre 14 y 28 años.
La norma no especifica si es en instituciones públicas y / o privadas.
El PND en su texto final, aprobado por Senado y Cámara y que pasa a sanción presidencial, dice el texto aprobado (Art. 346), que:
ARTÍCULO 346°. CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL JÓVENES EN PAZ. Créese el Programa Nacional de Jóvenes en Paz, que tendrá como objeto la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentra en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que han sido históricamente marginados y excluidos, que será implementado en todo el territorio nacional, mediante acciones en los ámbitos de la salud emocional, mental y física, educación, familiar, comunitario, deporte, empleo, emprendimiento, arte, cultura y formación de la ciudadanía.
El Programa Nacional de Jóvenes en Paz contemplará los enfoques territoriales, de seguridad humana y justicia social, de derechos, diferencial, étnico racial, campesino, de género e interseccional, con los siguientes componentes, sin perjuicio de otros que se consideren necesarios:
- Transferencias monetarias condicionadas al trabajo social en su municipio y a un plan de formación educativa que el Ministerio de Educación junto con las secretarias de educación municipales y Distritales, coordinarán.
- Acceso a mecanismos de asistencia técnica, financiación y comercialización de Iniciativas de emprendimiento individuales y/o colectivas, entre otras.
- Acceso y gratuidad en programas de educación y formación para el trabajo.
- Planes y programas para la garantía de derechos con énfasis en salud mental.
Más adelante, en el parágrafo primero se aclara que “para hacer parte del Programa Nacional de Jóvenes en Paz se requiere previamente suscribir el compromiso de corresponsabilidad en sus territorios y la respectiva certificación de vinculación a la oferta formativa y educativa del programa, lo cual será verificado por el Ministerio de la Igualdad y Equidad y/o del Departamento de la Prosperidad Social.Los beneficiarios a los que hace mención este programa, serán cobijados por un término inicial de seis (6) meses, donde su permanencia podrá prorrogarse de acuerdo al cumplimiento del compromiso suscrito hasta máximo dieciocho (18) meses salvo estudios
secundarios y universitarios formales.”
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Como toda Ley de la República, en trámite para firma presidencial, ahora deberá pasar a control de constitucionalidad de parte de la Corte, quien dirá la última palabra sobre la legalidad de la aprobación.
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