Mayo 7/23 Así lo definió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en su texto final, aprobado por Senado y Cámara y que pasa a sanción presidencial.
En la Sección V, sobre “Justicia para el Cambio Social, Democratizaión del Estado y Garantía de Derechos y Libertades”, artículo 208 se definiero cuáles deben ser las destinaciones específicas de los muebles e inmuebles sobre los que haya extinción de dominio, y allí explícitamente se indica que instituciones de educación pública en todos los subsistemas o niveles; esto es, allí entran cualquier institución de educación superior como de formación para el trabajo, de carácter público.
Dice el texto:
“ARTÍCULO 208°. DESTINACIONES ESPECÍFICAS. El administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO– podrá transferir a título gratuito los bienes muebles e inmuebles sobre los que se declare la extinción de dominio, en las siguientes destinaciones específicas:
- Cuando se requieran para el mejoramiento de su infraestructura y/o desarrollo de proyectos de interés social a favor de las instituciones de educación pública del sistema educativo colombiano en todos sus subsistemas o niveles y establecimientos públicos facultados para aprobar e impartir programas que se enmarcan en la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”.
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Como toda Ley de la República, en trámite para firma presidencial, ahora deberá pasar a control de constitucionalidad de parte de la Corte, quien dirá la última palabra sobre la legalidad de la aprobación.
La entrega de propiedades en extinción de dominio a instituciones educativas ya se ha hecho en el país. La más reciente se dio en Cali, cuando la Sociedad de Activos Especiales SAE entregó a la Universidad del Valle un edificio en el centro de la ciudad, 100 % extinto, avaluado en más de 5 mil millones.
La misma SAE está detrás de la administración Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales CECEP, también en Cali desde 2007, cuando fue asumida por el Estado luego de ser propiedad de los narcotraficantes Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’, y Helmer Herrera, alias “Pacho Herrera”.
