El Observatorio de la Universidad Colombiana




Gratuidad educativa: Un deseo que vale mucho más de lo que se piensa

Julio 12/20 En la pandemia, ahora se habla de #MatrículaCero, para demandar gratuidad universitaria. Presidente del SUE dice que vale 677 mil millones, pero la cifra es muchísimo más alta.

Colombia destina cerca de un punto porcentual del PIB público para educación superior (transferencias de distinto orden desde el Estado para las IES públicas), en muy diversas formas y fuente (aportes directos, estampillas, regalías, descuentos…), y cuando a esta cifra se suman los recursos que autogestionan las propias IES oficiales, se podría estar hablando de una cifra cercana a los 12 billones de pesos.

En una entrevista para la Revista Semana, el hoy rector – candidato de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE, Jairo Torres Oviedo, señala que “si el Gobierno quisiera montar una política pública de gratuidad para los estratos 1 y 2, eso costaría 677 mil millones de pesos al año”.

La cifra, que aparentemente podría sonar accesible y viable para un gobierno que ha destinado cientos de miles de millones de pesos para enfrentar la pandemia, no es la solución para el tema de gratuidad educativa, pues si bien podría responder a las expectativas de 621 mil estudiantes de estratos 1 y 2 de las universidades públicas, desencadearía un efecto de demandas por gratuidad plena, aún no medido, y sí fiscalmente muy alto para cualquier gobierno.

Esto es:

  • ¿ Por qué no gratuidad para todos los estratos?
  • ¿ Por qué no para los estudiantes de las IES oficiales que no son universidades?
  • ¿Por qué no acompañar la gratuidad en la matrícula con beneficios de bienestar, alimentación, transporte y alojamiento, en ciertos casos?
  • ¿Y por qué en la formación para el trabajo?
  • ¿Y el 30 a 40 % de jóvenes que hasta ahora no han accesido al sistema de educación post-secundaria, que desearían ingresar con gratuidad?
  • ¿La gratuidad es para qué niveles del pregrado?, ¿Y si un técnico profesional o laboral quiere obtener gratuidad en lo profesional?, ¿y los posgrados?
  • ¿Y cuántos del más de millón de actuales estudiantes de las IES privadas que deseen buscar gratuidad en lo público?, ¿por qué no darles gratuidad también a estos, pagándoles a las IES privadas sus matrículas?
  • ¿Y cuánto valdría adecuar o construir más sedes de IES públicas para acoger esta cobertura adicional?
  • ….

“El principal problema financiero de los estudiantes no es la matrícula, es el sostenimiento”, ha señalado el columnista de El Espectador, Daniel Mera Villamizar, quien hace una radiografía de costos ocultos de la llamada #matrículacero. Para Mera, ésta “se está exigiendo generalizada y sin retribución, como parte de la política de someter a la sociedad a financiar las demandas sin ningún compromiso de los demandantes”.

Los recursos que hoy da el Estado a la educación superior pública

En Colombia es muy difícil consolidar (ni siquiera lo hace el propio Estado-Ministerio) cuánto dinero aporta el gobierno para la operación de la educación superior pública.

De allí que cobre gran valor el ejercicio que hizo el rector de la institución universitaria Tecnológico de Antioquia y miembro del CESU, Lorenzo Portocarrero (publicado por ASCUN), y en el que hace una relación de los aportes que, en 2020, reciben 85 IES públicas, distribuidas en 33 universidades, 31 establecimientos públicos (9 instituciones técnicas profesionales, 11 tecnológicas y 13 universitarias públicas), y 21 IES de régimen especial (como las Militares, ESAP, SENA, entre otras).

Según la interpretación del escrito de Portocarrero, esto es lo que recibirán:

Lo que recibirán las 33 universidades oficiales:

Concepto Monto
– Transferencias del artículo 86 de la Ley 30 de 1992  $3,38 billones
– Transferencias del artículo 87 de la Ley 30 de 1992 $ 41,022 millones
– Concurrencia pensional $ 370.943 millones
– Por estampilla “Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia” (Ley 1697 de 2013) $ 93.060 millones
– Devolución de descuentos por votaciones $ 38.146 millones
– Ajustes de cuatro puntos adicionales al IPC para el año 2020, que hacen base presupuestal $ 131.000 millones
– Aportes Mineducación para planes de fomento $ 150.000 millones
– Aportes Mineducación para saneamiento pensional $ 117.000 millones
– Artículo 142 de la Ley 1819 de 2016 $ 38.124 millones
Suma $ 4.359.295.000.000

.

Lo que recibirán las 52 IES públicas que no son universidades:

Concepto Monto
– Transferencias del Gobierno Central $ 130.000 millones
– Ajustes de cuatro puntos adicionales al IPC para el año 2020, que hacen base presupuestal $ 3.925 millones
– Apoyo Mineducación a 12 IES que no reciben recursos del Gobierno Central $ 16.792 millones
– Aportes Mineducación para planes de fomento $ 50.000
– Aportes Mineducación para saneamiento pensional $ 33.000
– Artículo 142 de la Ley 1819 de 2016 $ 20.529
Suma $ 254.246.000

.

A lo anterior debe sumarse…

– Regalías 2020:  $ 770.000 millones

– Becas bicentenario 2020: $250.000 millones

– En 2021 empezará a regir la Ley 2019 de febrero 28 de 2020, por medio de la cual se reconocerá el ciento por ciento de los descuentos electorales, que implicará un monto cercano de $40.000 millones, adicionales.

– Más convocatoria MinCiencias para el fortalecimiento de la investigación de las IESP, con una partida de $78.500 millones

– Apoyo, por la pandemia, para matrícula estratos 1 y 2 en IES oficiales: $ 97.500 mil millones

– Más alivios Icetex

– Más Jóvenes en Acción

– Más Generación E

– Más SENA $3.8 billones

– Asímismo, seala Portocarrero, se tiene la esperanza, manifiesta en la voluntad del ejecutivo, para que la decisión plasmada en el artículo 183 de la Ley 1955, conocida como ley del plan, se materialice lo más pronto posible, permitiendo a todos los establecimientos públicos, sin asignación presupuestal de la nación, la fijación de una partida permanente ajustada con el IPC más los puntos adicionales que correspondan, tal como la tienen las universidades y algunos establecimientos públicos. Lo anterior, corrige las asimetrías que se presentan en el sistema de educación superior público colombiano, haciendo justicia con estas IESP, que en buena hora forman profesionales.

Experiencias que llevan a conclusiones

Advirtiendo el deseo de que un sistema democrático pueda satisfacer las demandas de gratuidad educativa, la situación fiscal de Colombia, la estructura del modelo de financiamiento de su educación superior pública y la crisis de la pandemia, lleva, por ahora a dos claras conclusiones:

1 – En caso de avanzar en gratuidad educativa, lo que sí o sí demanda el sistema de educación superior es una revisión de sus modelos de asignación de recursos, de superar las inequidades en la distribución, de demandar resultados a cambios de financiación y de unificar claramente las fuentes de financiación.

2- Con el nueno panorama económico y social de recesión fiscal, desempleo, y baja en la productividad, ocasionado por la pandemia, ¿es la educación superior una prioridad estatal?. La respuesta puede ser ideal entre quienes apuntan por la inversión en educación como una oportunidad de mejora, pero no es realista. No es una prioridad.

Por ahora, como dice Portocarrero, “es pertinente afirmar que de nada sirven los recursos, por grandes que sean, si no hay en las IES ponderados gerentes o directivos para el manejo responsable, prudente y racional con la premisa de cumplir la misión de las instituciones de educación superior, en la búsqueda inquebrantable de formación integral, de calidad y pertinente para las presentes y próximas generaciones”.

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