Nov 19/22 Aunque para el Gobierno la medida es un apoyo a los estudiantes y un fomento a la cobertura, hay argumentos para pensar lo contrario frente a un “mico” legal que podría caerse si llega como demanda a la Corte Constitucional.
Si bien la norma según la cual todas las IES deben asumir la diferencia entre el interés total concertado por los estudiantes de todas las IES con crédito del Icetex, menos el IPC, quedó establecida en la nueva reforma tributaria, esto no garantiza su plena legalidad.
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Primero, porque la iniciativa nunca fue debatida en las diferentes rondas que tuvo la reforma en Senado y Cámara, y apareció milagrosamente (cual mico legislativo) en el último articulado como resultado de la conciliación, pero la mayoría de congresistas -muchos de ellos padrinos de varias IES- nunca fueron consultados sobre el tema.
Segundo, porque son los estudiantes y no las IES, quienes libremente han optado por el crédito Icetex para pagar sus estudios, y en dicho proceso las instituciones son ajenas a la forma como esto se negocia. No es concebible cargar con un tributo más, indirecto, a las IES sin nisiquiera haberlas consultado y con un impacto en el mediano plazo en sus finanzas. Muchas de las IES que reciben estudiantes con créditos del ICETEX experimentan dificultades financieras y en ningún momento han considerado reservas para atender esta situación.
Tercero, porque en el caso de las IES privadas, aunque estas presten un servicio educativo, éste se rige bajo las reglas -para efectos de matrícula- de acuerdos comerciales privados, y el Estado no podría cambiar reglas de juego de un esquema ya aprobado y en funcionamiento.
Algunas IES han pensado en que la norma puede ser demandable; el inconveniente es que mientras el proceso legal se surte, ya habrá avanzado uno o hasta dos semestres académicos, con impactos no siempre fácilmente reversibles.
Por otro lado, la medida podría ser considerada como “un tiro en el pie” que se pega el propio Gobierno en su afán de proteger la matrícula y no deserción, por lo siguiente:
1) Para responder financieramente por el nuevo y obligado tributo, las IES tendrán que dejar de invertir en procesos de calidad (acreditación), infraestructura, bienestar o programas de fomento para sus estudiantes o recortar subsidios y becas; es decir, desproteger a algunos estudiantes.
2) Las IES que tengan programas, como por ejemplo los de salud, en los que puedan tener una mayor demanda que oferta de cupos, se inclinarán a evitar la continuidad y fomento de estudiantes que tengan créditos Icetex.
3) Según la cuantía de la obligación que tendría que asumir la IES (pues en muchas ocasiones éstas ni siquiera saben las condiciones precisas de negociación de sus estudiantes con el Icetex), y conociendo el aviso en este momento del año en que deben definir matrículas para 2023, es posible que las que habían pensado en subir, por ejemplo, un 5 % ó 6 %, cambien la decisión y eleven aún más el valor de la matrícula (hasta el 12,2% autorizado por el gobierno), a fin de recoger los dineros que deben pagar y afectando no a unos pocos sino a todos los estudiantes de esa IES. Por favorecer la continuidad de los de Icetex se podría estar motivando la deserción de otros.
4) Posible cambio, negativo para la IES, en el comportamiento financiero de los estudiantes, pues estos preferirían buscar un crédito Icetex (sin intereses más allá del IPC) en vez de pagar, los que pudiesen, de contado.
5) Disminución en ingresos de las IES que, por iniciativa propia, han creado sistemas de crédito para sus estudiantes con intereses por encima del IPC.
Finalmente, si bien es cierto que algunas IES privadas en la práctica son un negocio o cobran demasiado, también lo es que literalmente las IES privadas se encuentran privadas de cualquier apoyo el Estado, y el gobierno presume -erróneamente- que “nadan” en dinero y cobran demasiado, sin considerar que forman a casi un millón de colombianos, mayoritariamente de estratos bajos, que no pudieron acceder a las IES públicas, bien por la limitada capacidad de éstas de recibirlos, porque no cumplen los requisitos académicos (pese a que miles de estos se formaron en instituciones públicas) o a decisiones propias.
