Informe de Juan Gossaín pone en duda promesas de Mineducación de agilizar convalidaciones

Enero 16/20 El veterano periodista denuncia, en El Tiempo, que en vez de disminuir, aumentan los casos no atendidos por Mineducación de profesionales titulados en el exterior y que necesitan convalidar sus títulos.

Por su parte, y nada más hace pocos días como balance positivo de fin de año, el propio Ministerio de Educación Nacional informaba que “Avanza descongestión de trámites de Convalidaciones y Registro Calificado” (ver noticia oficial).

Allí informa la cartera educativa que:

“Este Gobierno implementó desde octubre de 2019 un plan de descongestión a los trámites de convalidaciones, para dar respuesta al represamiento de 7.291 procesos que se adelantaban bajo la Resolución 20797 de 2017, que comprendió la ampliación de la capacidad operativa, seleccionar un mayor número de expertos académicos para la evaluación y aumentar el número de salas del conocimiento CONACES.

Desde la puesta en marcha del plan de descongestión se ha dado respuesta a 7.291 actos administrativos, que resuelven las solicitudes de convalidación: 5.973 trámites han sido resueltos de manera positiva y 1.318, negativas”.

No obstante, y según Juan Gossaín, basado en fuentes internas del propio Ministerio, “en este momento hay alrededor de 9.500 profesionales que no han podido obtener las licencias de reconocimiento de sus estudios en el exterior. Hace apenas cuatro meses eran 7.000. Entonces el Gobierno ordenó facilitar y agilizar los trámites. Y ahora son 9.500, como ya dije. En vez de bajar, subieron”.

La siguiente es la crónica del periodista:

Aunque Colombia es la tierra donde ocurren diariamente cosas asombrosas, insólitas, extrañas, singulares y pasmosas, este increíble episodio que les voy a contar hoy es uno de las más sorprendentes que he podido encontrar.

En este momento, y mientras los colombianos sufren en su propio cuerpo los desastres que provoca el sistema de salud, en el país hay una gran cantidad de médicos graduados, especialistas, que no pueden ejercer su profesión porque el Estado no les ha expedido su licencia de trabajo. Así como lo oyen. O como lo leen.

Se trata de jóvenes nacidos y criados en Colombia, miembros de familias colombianas, alumnos brillantes que hicieron aquí su carrera universitaria completa. Muchos de ellos, haciendo enormes esfuerzos y ahorros, llenos de ilusiones, sufriendo privaciones, viajaron al exterior para irse a especializar en los mejores hospitales y universidades del mundo. Varios de ellos se ganaron esas famosas becas tan disputadas que conceden algunos países.Pero la terrible realidad es que, cargados de esperanzas, regresan a su propia tierra y es entonces cuando descubren que no les dan permiso para trabajar.

Profesores, odontólogos, ingenieros

Según revelan los propios funcionarios del Ministerio de Educación, quienes me piden mantener sus nombres en reserva para evitar represalias, en este momento hay alrededor de 9.500 profesionales que no han podido obtener las licencias de reconocimiento de sus estudios en el exterior, llamadas “convalidaciones” en el lenguaje de los enredos burocráticos.

Hace apenas cuatro meses eran 7.000. Entonces el Gobierno ordenó facilitar y agilizar los trámites. Y ahora son 9.500, como ya dije. En vez de bajar, subieron. Así son las cosas en Colombia.

Más de nueve mil, imagínese usted. La mayoría de los afectados son profesores de instituciones públicas, maestros de nómina oficial, que, dentro o fuera del país, hicieron doctorados en docencia para lograr sus ascensos profesionales en colegios y universidades.

Luego vienen entre 2.000 y 4.000 profesionales del sector salud –médicos, odontólogos, terapistas–, más enfermeros, ingenieros, arquitectos. Su situación es tan dramática y tan grave que alrededor de 5.000 de ellos, más del 50 por ciento del total, ya entablaron una tutela contra el Estado colombiano, buscando solución por la vía judicial.

En los últimos meses, hastiados ya con tanto papeleo inútil y con tantos trámites que no conducen a ninguna parte, las víctimas de diferentes profesiones han comenzado a organizarse en grupos que están luchando unidos.

Lo primero que hicieron fue elevar una petición al propio Ministerio de Educación, pidiéndole informar cuántas son con exactitud las licencias que están hoy esperando su permiso. “Pero el ministerio se ha negado a respondernos”, me dice uno de los dirigentes del gremio profesional.

La salud

Volvamos con los médicos especialistas que no han conseguido la autorización oficial. Según me dicen los expertos a quienes he consultado, esos profesionales podrían hacer al año 4,2 millones consultas más de las que se hacen actualmente en el país.

Pues bien. Cómo será entonces el tamaño del drama que, en este momento, y según las estadísticas e investigaciones más confiables, a raíz de la crisis que agobia al sistema de salud, la espera del paciente para una consulta varía entre cuatro y seis meses.

Por eso, precisamente, muchas personas –sobre todo las de enfermedad más urgente– se ven obligadas a pagar de su bolsillo consultas y otros procedimientos, aunque también estén pagando su EPS.

Y pensar que hay tantos médicos paralizados por las demoras, tardanzas, intrigas del propio Estado colombiano, que debería ser el primer interesado en colaborarles.
Les voy a poner, entre tantos otros, un solo ejemplo de ese viacrucis interminable. Es un caso típico y elocuente. Es la historia del médico Andrés Romero Buelvas, quien hoy ejerce su profesión en Cartagena. Fue él quien me dio la alerta.

Un drama de cuatro años

Al graduarse de médico en la Universidad de Cartagena, el doctor Romero Buelvas hizo su año rural en la población de Soplaviento, departamento de Bolívar, a orillas del canal del Dique.

“Viajé a la Argentina e hice dos especializaciones, una de ellas en cancerología –me dice el doctor–. Trabajé en varias instituciones de salud de ese país, consideradas entre las mejores de Latinoamérica”.

Aunque en suelo argentino ya tenía trabajo sólido y una familia propia, decidió regresar a Colombia. Poco antes de retornar, en julio de 2016, envió a Bogotá todos los documentos que requería el Ministerio de Educación para la convalidación profesional.

“Ahí empezó mi calvario –agrega Romero Buelvas–. Los plazos del trámite nunca fueron respetados, me enviaban información que no correspondía con mis datos, era como si copiaran y pegaran el mismo mensaje para todos los solicitantes”.

Por último, y después de incontables errores e incoherencias, recibió la negativa a su convalidación, pero no le dijeron por qué. Era tal el cúmulo de desatinos que la especialidad que le negaban ni siquiera correspondía a la que él había presentado.
“Aquí estoy, apelando a jueces y tribunales –prosigue el médico–. No podemos seguir dándonos el lujo monstruoso de tener oncólogos (como es mi caso), cardiólogos o nefrólogos trabajando como internistas o médicos generales, y viendo la enorme cantidad de pacientes que fallecen todos los días a nuestro alrededor por falta de atención oportuna y especializada”.

El caso más insólito

El doctor Romero Buelvas se detiene un instante. Y finalmente concluye: “En la sola ciudad de Cartagena, las citas para un paciente de cáncer están entre tres y cinco meses de plazo. No hace falta aclarar la diferencia que eso representa entre la vida o la muerte de un ser humano”.

Pero ahora van a ver ustedes la historia más asombrosa de todas. Parece una película. Se llama Sergio Torres Bayona, tiene 33 años, nació en Ocaña (Norte de Santander) y se graduó de médico en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga.

Especializado como neurocirujano, el joven Torres Bayona se fue a España e hizo otro doctorado en biología molecular y biomedicina. Regresa a Colombia, cargado de esperanzas y sueños, pero es entonces cuando empieza su verdadero martirio.

Hace más de un año, en noviembre de 2018, inició el proceso para legalizar sus títulos ante el Ministerio de Educación. Nunca le respondieron. Presentó una tutela judicial contra el ministerio, y en marzo de 2019 la fallaron a su favor.

El premio internacional

Así, yendo y viniendo, pasaron ocho meses más. Hasta que llegó el día bendito para el doctor Torres. Fue, para ser exactos, el 14 de junio pasado. Le llegó un correo de la Federación Mundial de Neurocirugía, nada menos, en el que le daban, por fin, una buena noticia: le informaron que se le había concedido el premio Neurocirujano Joven del Año.

Se trata de una distinción que se otorga cada cuatro años a cinco neurocirujanos de diversas regiones del mundo, menores de 40 años, en reconocimiento a sus trabajos de investigación.

De manera, pues, que el doctor Torres Bayona ganó uno de los premios científicos más importantes del mundo, pero no tenía trabajo en su país porque el Estado le negaba la licencia para ejercer. La radio y la televisión se ocuparon de divulgar enseguida semejante despropósito.

Y, entonces sí, de inmediato lo telefoneó el viceministro de Educación y se puso al frente del problema. Pero volvieron a negarle el permiso aduciendo que no había aportado todos los documentos que exige la ley. El médico demostró que sí había entregado su documentación completa desde el primer día, hacía ya ocho meses.

El final del infierno

Para no alargarles más este cuento de pavor y horror, no obstante el premio, y con el papeleo al día, siguieron las vueltas y revueltas, las pesadillas y zozobras. El ganador del premio mundial seguía rebuscándose la vida en unos trabajitos que le salían de vez en cuando.

Entre enero y marzo del año pasado fue ayudante de otro médico en Bucaramanga. A partir de marzo se trasladó a Barranquilla, donde tuvo que trabajar como médico general, sin echar mano de sus especializaciones.

Hasta que, en la última semana de julio pasado, tras una reveladora entrevista que le hicieron en televisión, le llegó el dichoso veredicto en que el Ministerio de Educación le validaba su título y lo autorizaba a ejercerlo. Actualmente, el doctor Torres Bayona es el respetado neurocirujano de una clínica bogotana.

Ahí tienen ustedes. Estas historias son apenas unos pocos ejemplos de lo que está ocurriendo en un país que, como lo saben los expertos, tiene déficit de médicos especialistas. Les menciono un solo caso, elocuente y aterrador: según pude consultarlo en los gremios médicos internacionales, en el promedio mundial hay hoy un neurocirujano por cada 70 mil habitantes. Pero en Colombia el drama se duplica, ya que en nuestro país es el doble: un neurocirujano por cada 140.000 habitantes.

Epílogo

La pregunta que uno se hace es obvia e inevitable: ¿por qué ocurren aquí estos terribles percances? ¿Por qué se acumulan tantas solicitudes de validación profesional? ¿Por qué demoran tanto? ¿Por qué ese trámite se vuelve un conflicto? ¿Quiénes son los que están interesados en mantener esa situación? ¿Alguien está sacando provecho de eso?

Nadie está pidiendo, líbreme Dios, que le permitan ejercer la medicina cerebral o del corazón al primer embaucador que se aparezca dándoselas de graduado en Londres. De ninguna manera. Hay que mantener esos reglamentos y controles. Pero hay que facilitarlos, modernizarlos, agilizarlos.

Hay que desburocratizarlos, si me permiten ustedes la expresión, y para decirlo claramente, porque se parecen demasiado al resto de la politiquería estatal.

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