Daniel Mera hace un análisis, en la Revista Semana, de los tropiezos o falta de gestión o iniciativa del Estado para adelantar una reflexión seria, desde el Estado, de lo que debe ser la educación, y especialmente la superior.
La semana pasada la Comisión VI del Senado hizo un foro sobre el proyecto de ley que toca aspectos financieros de la educación superior pública. Asumamos que eso le da “coyuntura” al tema.
El país ha entrado en una serie de importantes reformas, tal vez estructurales, no obstante la amplia aprobación ciudadana del gobierno anterior.
¿Por qué no está la educación en la agenda de reformas? Específicamente, la educación superior.
Habría tres respuestas:
1. El foro realizado muestra que sí está en la agenda, al menos legislativa.
2. El avance indudable logrado por la Revolución Educativa 2002-2010 dejó al sector en una situación que no amerita o reclama una reforma de la envergadura vista en la agenda actual.
3. Porque es difícil recordar en el tiempo contemporáneo un momento en que la educación haya hecho parte central del discurso o acción reformista del Gobierno.
Las contra-respuestas serían:
1. En el gobierno Santos, al menos en la dinámica de los primeros 100 días, una reforma sin discusión en la Mesa suprapartidista de Unidad Nacional, sin Mesa de Diálogo, con un único ponente (antes hubo varios), corre el riesgo de ser vista como “una reforma por la puerta de atrás”.
2. Dados los extraordinarios retos del subsector, la Revolución Educativa de la ex ministra Cecilia María Vélez no debería ser una “cárcel mental”, sino “hombros de gigante”.
Refiriéndose a todo el sector, Armando Montenegro sugería en El Espectador una comisión de expertos para una reforma orientada por el objetivo de calidad, por ejemplo.
3. Se necesita una educación superior para la prosperidad colectiva. No solamente en el discurso del Gobierno, sino en las reformas institucionales para un crecimiento alto sostenido con mucha más equidad social.
No importa tanto el pasado. Se necesita hoy una educación (superior) en el centro de la agenda.
Ahora, el proyecto de ley es una reforma parcial del estatuto de la educación superior, centrada en lo financiero.
Pero también es posible una reforma completa, integral. ¿Por qué parcial, por qué integral?
Lo que se observa en Colombia se explica porque el proyecto de ley fue una respuesta tardía a unas protestas nacionales universitarias (2009) por una “desfinanciación acumulada”.
Más general o profundamente, por un lema pragmático de la administración anterior: “O reformo la Ley 30 de 1992 o trabajo”.
La cuestión es que esa administración duró ocho años, lo que implicó trabajar mucho tiempo con un marco legal inadecuado.
Entonces vale la pregunta:
¿Reforma parcial o reforma integral?
¿Pragmatismo de corto plazo o pragmatismo de largo plazo?
Para “tranquilidad” de muchos, es posible una reforma parcial conceptualmente encadenada con posteriores reformas parciales.
La cuestión, normal porque el Gobierno está comenzando, es que hoy no está claro el arreglo institucional, el modelo de la educación superior para la prosperidad colectiva, según la ideología de la tercera vía.
Y se necesita ese modelo para encadenar reformas parciales. Sin entrar, por ahora, en la discusión que planteó Alejandro Gaviria en El Espectador sobre reformismo versus reformitis.
El foro realizado muestra que sí está en la agenda, al menos legislativa.El avance indudable logrado por la Revolución Educativa 2002-2010 dejó al sector en una situación que no amerita o reclama una reforma de la envergadura vista en la agenda actual.
