Nov 3/23 Dos años y medio después de que un juez diera cárcel al secretario general del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, otro juez cambió la decisión y las sentencias y pidió investigar el entonces rector, Libardo Alvarez Lopera.
Esto luego que un decano de la institución, que había promovido denuncias contra profesores del sindicato de ASPU, en alianza con una estudiante, sobre una supuesta violación de ésta de parte de un profesor, había logrado que la justicia condenara a casa por cárcel al entonces secretario general Alberto Arbeláez Ramírez (foto).
En su momento, El Observatorio de la Universidad Colombiana publicó la decisión: Casa por cárcel a directivo del Politécnico Jaime Isaza, que actuó a nombre de la IES
Arbeláez Ramírez, entonces jefe de la Oficina Jurídica y Secretario General (e), había sido imputado por el delito de falsa denuncia, en su calidad de directivo de la IES, contra los profesores del sindicato ASPU de esa IES, Jorge Gómez, Oswaldo Plata y William Puche, en un proceso en el que la justicia inicialmente había declarado inocentes a estos académicos por acusaciones nacidas al interior de la Institución (entre ellos del exdecano de derecho, Juan Guillermo Ríos) y, al parecer, patrocinadas desde el propio Consejo Directivo.
En 2021, el Juez 20 Penal Municipal había ordenado prisión domiciliaria al ex Secretario General y ex Asesor Jurídico del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Alberto Arbeláez Ramírez por supuestamente haber sido un actor determinante
Pero ahora se volteó la situación. El Juzgado 27 penal municipal declaró inocente al secretario general y, a su vez, al decano Ríos se le dio casa por cárcel por la falsa denuncia por 8 años y 7 meses. Para la Fiscalía General de la Nación las denuncias que desde la IES se hicieron contra docentes de la misma fueron producto de un montaje contra los directivos.
Para el juzgado 27 Arbeláez Ramírez actuó “en estricto cumplimiento de su deber constitucional y por orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales del entonces rector de esa IES, Libardo Álvarez Lopera”, a quien se pidió investigar sobre si tuvo alguna participación en el caso.
En 2021, en su defensa, Arbeláez Ramírez había señalado que el “motivador, instigador, creador, orientador” de la información que motivó la denuncia (falsa) y por la que en el Consejo Directivo del PJIC se ordenó hacer la denuncia, fue el exdecano Ríos.
El Juez fallador también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, contra Juan Carlos Jaramillo Vélez (excontrol interno financiero), y Carlos Coral (excontrol interno disciplinario), para investigar por presuntos delitos cometidos en el mismo caso.
Así fue la historia (resumida por el diario El Colombiano)
La historia se remonta a finales de 2019. El 27 de octubre, Jorge Alberto Gómez, que por aquel tiempo presidía el recién conformado capítulo del sindicato de profesores universitarios (Aspu) en el Poli, recibió una llamada en el teléfono de su pareja. Una voz masculina al otro lado de la línea aseguraba que una alumna de la institución estaba en embarazo de él y que el profesor se iba a morir.
Al otro día, tan pronto fue a la Fiscalía a denunciar, se encontró con que había varias denuncias en su contra, una era por acceso carnal violento en persona incapaz de resistir y otra por violencia intrafamiliar. La víctima supuestamente había sido una estudiante que sostenía una relación con él, había quedado embarazada y, según la versión, el docente la había instado a abortar. “Eso fue muy curioso porque mi compañera no era denunciante y además yo tengo una vasectomía hace 12 años”, explica Gómez.
Una de las denuncias era anónima, pero otras estaban instauradas a nombre del Politécnico, en cabeza de Ríos y del jefe jurídico José Alberto Arbeláez. Estas últimas retomaban el supuesto caso del embarazo fallido y decían que Gómez y el coordinador académico, Jairo Hernán Muñoz, habían ayudado a varias estudiantes a mejorar sus notas a cambio de sexo; que incluso les habrían “dado dulces con sustancias para dormirlas hasta conseguir acostarse con ellas”.
También, decían que estos, en compañía de Oswaldo Plata y William Puche habrían manifestado que había que matar a Ríos. Todos eran miembros del sindicato que había criticado a la alta dirigencia de la institución.
El otro punto era un supuesto atentado contra la estudiante Claudia Marcela Valencia y el decano. El cuento era que un hombre los había arrollado con una bicicleta en la Loma de las Brujas, de Envigado, y el responsable directo habría sido el profesor Gómez.
Todo lo anterior estaba sustentado en audios y mensajes de Whatsapp que Ríos anexó al expediente, lo mismo que en el testimonio de Valencia, quien dijo ser amiga de la joven abusada.
Sin embargo, las pruebas periciales realizadas en el proceso determinaron que se trataba de un montaje hecho con una app. Posteriormente, Valencia también confesó a cambio de un trato benévolo que sin embargo la tiene pagando más de cinco años de cárcel en centro penitenciario. Igualmente, comprobaron que la estudiante supuestamente victimizada por Gómez ni siquiera lo conocía y corroboró con pruebas que jamás había estado en condición de gravidez.
Valencia, según dijo en el proceso, sostuvo con Ríos una relación afectiva de nueve meses y por eso habría accedido a colaborarle en el montaje de las pruebas apócrifas.
Ríos negó esa cercanía sentimental, alegó que no tuvo nada qué ver en el montaje y que ella actuó por cuenta propia, un argumento que el juez no creyó.
Los investigadores confrontaron con 504 llamadas telefónicas que se hicieron entre la pareja de agosto a diciembre de 2019, de hasta 41 minutos e incluso de noche. Como si fuera poco, en ellas, la mujer en unas comunicaciones lo trataba de “cariño” o “amor”.
En algunos apartes del proceso, Valencia asegura que todo se hizo con el conocimiento de Álvarez, el rector de entonces.
El juez exoneró a José Alberto Arbeláez —que en un tiempo tuvo casa por cárcel— por considerar que simplemente cumplió órdenes.
Contra el fallo cursan dos apelaciones por parte de la Fiscalía y el Poli, que se acreditó como víctima, porque consideran que no es justo que mientras Ríos puede pagar la pena en su domicilio, Valencia, quien habría sido instrumentalizada por él y colaboró con la Justicia, esté desde principios de este año en una cárcel.
Por su parte, Álvarez Lopera, quien salió en 2021 del Poli tras no ser reelegido y actualmente preside la Corporación de Dirigentes del Occidente Antioqueño, dijo a El Colombiano, que conoció a Valencia un día en que acudió a la Rectoría en compañía de Ríos para mostrar las presuntas pruebas de la denuncia contra Gómez y los demás profesores y que sometió el asunto al Consejo Directivo: “Las acusaciones revestían mucha gravedad y por eso le dimos trámite a la Fiscalía porque sino me hubieran podido acusar de omisión”.
Dijo no haber tenido nada que ver con el montaje porque “es absurdo, no tiene sentido que un rector se preste para cosas ilegales y menos contra profesores de la institución”.
Así mismo, asintió que él sí denunció ante la Fiscalía que sufrió amenazas, lo hizo contra persona indeterminada, no contra ningún líder sindical. Y aunque, afirmó que no lo han llamado a declarar de la Fiscalía, dice que buscará adelantarse para explicar.
Tras la salida de Álvarez, el nuevo rector, Jairo Alexánder Osorio, hizo en marzo del año pasado un acto de desagravio con los miembros del sindicato que fueron víctimas del montaje, en lo que se llamó “Pacto por el Perdón y la Reconciliación”. “Les pedimos perdón, incluso antes de que saliera el fallo a su favor”, apuntó Osorio.
