Por Luis Enrique Orozco
Acaba de sancionarse la Ley de Ciencia y Tecnología y aunque el evento de Palacio ha despertado la euforia de muchos, incluidos algunos políticos y hombres y mujeres de ciencia en el país, es necesario tomar conciencia de la dura realidad para que en el futuro cercano una nueva frustración no nos acompañe.
La ideología que se ventiló en los discursos, incluido el del Presidente Uribe, indica que por fin tendremos un instrumento para que la ciencia, la tecnología y la innovación se conviertan de verdad en palanca del desarrollo. Su objetivo central, se dijo, es convertir a COLCIENCIAS en Departamento Administrativo, encargado de la dirección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de hacer y promover las actividades propias de estos campos y buscar recursos para todo ello. Esto, como lo indica la Ley, ofrece la posibilidad de que la comunidad científica sea invitada a los CONPES y pueda ubicarse muy cerca al Ministerio de Hacienda y otros Ministerios que formarían parte de su Consejo de Dirección.
Pero después del festejo de Presidencia es necesario volver a la realidad y recordar algunas cifras. Desde el gobierno de Virgilio Barco ya el Fondo de COLCIENCIAS se encontraba muy cerca del DNP y esta cercanía no fue suficiente para asegurar su financiamiento. Aún hoy, obsérvese que la ley no tiene dientes desde el punto de vista presupuestal. Por lo menos en los últimos siete años la inversión del gobierno con relación al PIB en materia de Ciencia y Tecnología, ni el presupuesto de la entidad expresan una convicción y voluntad política del gobierno para actuar en conformidad con su obligación de apoyar el desarrollo de este sector.
Miremos las cifras para ilustrar la desconfianza en medidas que parecen lógicamente ciertas, pero cargadas de incertidumbre. La situación del país en materia de ciencia y tecnología, por no hablar de la capacidad de innovación, es muy crítica. Enumeremos algunos de los puntos más preocupantes:
a) El país se caracteriza por una masa de investigadores muy reducida. De acuerdo con un reciente estudio sobre la educación avanzada se calcula que para el año 2006, sólo el 0.45% de la población colombiana estará dedicada a la investigación (1). De acuerdo con las hojas de vida registradas en CvLAC para la misma fecha, de las 33.887 personas que están asociadas con labores de investigación, se encuentra que de éstas sólo el 9% cuenta con formación doctoral y el 28% con nivel de maestría. De las mujeres, que representan el 40% de estos actores, sólo el 6% tiene título doctoral, mientras que el 11% de los hombres que están en esta base de datos han alcanzado ese nivel de formación (2). Las capacidades nacionales en C&T se ven reflejadas principalmente en los grupos de investigación existentes y en los resultados de su actividad (3). Esta productividad es un indicador central para determinar las barreras que esta actividad tiene en los países. Según el Informe de la Corporación Rand, Colombia para el año 2020 es uno de los países con mayor porcentaje de barreras.
b) Según la clasificación de los investigadores realizada por COLCIENCIAS, de acuerdo con el nivel educativo alcanzado y la productividad académica, 58% de los investigadores que conforman los grupos de investigación registrados son de categoría C, el 25% son de la categoría B y el 13% fueron clasificados en la categoría A. Finalmente, con preocupación se muestra que los jóvenes investigadores, llamados principiantes en esta clasificación, apenas representan el 4% de las personas registradas en la plataforma Scienti (4).
c) En Colombia las actividades de investigación se realizan principalmente en las universidades. En efecto, el 89% de los investigadores colombianos son empleados por las universidades, mientras tan sólo un 5% por las empresas gubernamentales, 4% por las empresas privadas, y un 2% por entidades sin ánimo de lucro (5).
d) En cuanto a la actividad de investigación que se hace en las empresas, podemos precisar que según la Segunda Encuesta Nacional de Innovación (EDIT II, 2006), una baja proporción del personal ocupado en la industria se ubica en áreas críticas en donde se llevan a cabo actividades de investigación y desarrollo (1 %), Ingeniería (1 %) y en diseño (1 %). Así, de un total de 555.975 personas que se ocupan en la industria manufacturera, 4.261 personas se ocupan en diseño, 7.024 personas en ingeniería y 5.395 personas en investigación y desarrollo. Este total corresponde a 6.145 empresas analizadas; 27 empresas no brindaron información.
e) Estas cifras sugieren que no se dispone de políticas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, como tampoco se dispone de recursos. Habrá que esperar el resultado de tanto esfuerzo hecho por algunos para sacar adelante esta nueva norma que recoge las aspiraciones de la comunidad científica y académica del país desde hace varios años.
Gasto total del país en investigación y desarrollo
De acuerdo con los datos existentes la inversión total en CyT en Colombia está aún lejos de los niveles recomendados y aceptados en el ámbito internacional. El gasto en I+D (6) como porcentaje del PIB asciende a 0,53%. Esta participación es a su vez baja, no sólo como proporción del PIB, sino también en términos per cápita. Es inferior a la inversión de Brasil, Chile o Venezuela.
Un componente importante de este gasto es el presupuesto de COLCIENCIAS, el cual no ha tenido un crecimiento continuo. Al analizar su comportamiento desde la creación de la entidad, es posible distinguir tres etapas, asociadas cada una de ellas a los tres créditos otorgados por el BID. Después del ingreso del préstamo BID de 1995, el presupuesto de COLCIENCIAS disminuyó progresivamente hasta el final de la pasada década, e inicia a partir del 2001 un período de recuperación, asociado principalmente a los recursos asignados por la Ley 344 de 1996 y la Ley 643 de 2001 (7) y del último BID III.
Puesto que la continuidad del financiamiento de la ciencia y la tecnología ofrecida por el gobierno se ha basado, primero en recursos de crédito externo y segundo, en contrapartidas del gobierno nacional, COLCIENCIAS se ha visto afectada de manera especial, pues los recursos públicos, originados en apropiaciones del presupuesto nacional, han sido altamente vulnerables al ciclo fiscal. El texto de la nueva Ley señala que los recursos para COLCIENCIAS dependerán hacia el futuro de la disponibilidad fiscal.
De otro lado, de acuerdo con la información provista por la Segunda Encuesta Nacional de Innovación (EDIT II), la inversión de los empresarios se destina en su mayoría a actividades de modernización tecnológica, pero en un bajo porcentaje a Investigación y Desarrollo. De las 6.172 empresas encuestadas, 4.911 empresas realizaron alguna inversión en actividades de innovación y desarrollo tecnológico en los dos años de la encuesta. No obstante, únicamente 4.260 empresas invirtieron en actividades para la investigación y el desarrollo. El monto promedio invertido por estas fue de 571 mil millones de pesos en 2003 y 704 mil millones de pesos en 2004, lo cual equivale a 0,25% y 0,27% del PIB respectivamente (8).
¿Qué hacer?
Pues bien, el lenguaje de las cifras muestra la necesidad de desarrollar una política pública en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación que vaya más allá de los buenos deseos y se comprometa realmente en lo que es prioritario: una política agresiva en materia de formación doctoral que ha venido siendo reclamada desde la “Comisión de los sabios” durante el gobierno de César Gaviria; aumento de la inversión del gobierno en Investigación y Desarrollo; política de mejoramiento de la calidad de la educación superior; política de estímulos al sector privado que invierta en investigación; replanteamiento de la función de investigación en las universidades que poseen condiciones para contribuir al Sistema de Ciencia Tecnología e Innovación y quizá lo más importante: guardar coherencia entre el reconocimiento formal de la importancia de la ciencia para el desarrollo y la proporción de la inversión del gobierno con relación al PIB. Todo lo demás son habladurías.
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(1) Unión Temporal B.O.T-Tecnos 2005
(2) Esto significa de acuerdo con la RICYT que la disponibilidad de investigadores con formación en los niveles de maestría y doctorado es baja. Colombia tiene tan solo 5.6 investigadores con maestría por cada 100,000 habitantes y 2.9 con doctorado.
(3) Por grupo de investigación se entiende un conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables fruto de proyectos y de otras actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado (OC&T 2004, 49).
(4) El sistema de clasificación de COLCIENCIAS que posee no pocas anomalías se encuentra en revisión, sin haberse iniciado aún el nuevo formato.
(5) OC/T. Unión Temporal.
(6) El gasto en CyT se mide a través de lo que se conoce en la literatura como gasto en investigación y desarrollo (I+D), en el cual se incluyen los recursos dedicados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. Los cuatro grupos de fuentes utilizados por el OCyT son: instituciones públicas del gobierno central, instituciones de educación superior, empresas y centros de investigación privados y similares.
(7) La Ley 344 estipula que el SENA, destinará un 20% de sus ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. Por su parte el Fondo de Investigación en Salud al que se refiere la ley 643 de 2001 es una cuenta de la nación cuyos recursos están destinados a financiar los proyectos de investigación en salud de los Departamentos y el Distrito Capital y que provienen del 7% de las rentas obtenidas por la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar diferentes del Lotto, la lotería pre-impresa y la instantánea.
(8) Esta encuesta fue aplicada a todas las empresas del sector manufacturero con más de 10 empleados. La encuesta fue respondida por 6.172 empresas en total en los dos años.
Fuente: Universidad y Sociedad
Información relacionada:
* Beneficios y retos de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología (noticia)
* Pequeña ley de ciencia – Manuel Guzman Hennessey (opinión)
