La regulación de la educación superior, una tarea inconclusa: Carlos Hernando Forero – enero/23

En su columna mensual, Carlos Hernando Forero Robayo, analiza cómo las enormes diferencias en los valores de matrículas en IES privadas reflejan la falta de regulación estatal al respecto.

A finales del año anterior, el Observatorio de la Universidad Colombiana, suministró unos datos muy interesantes relacionados con el costo de las matrículas en las IES privadas de varios programas académicos, mostrando las enormes diferencias en algunos casos, cuando todos los egresados de cualquiera de ellos reciben el mismo título profesional en nombre del Estado colombiano ya sea que el programa cuente con acreditación o sin ella. Este es un ejemplo concreto del poco desarrollo de la regulación por parte del Estado y de la autorregulación de las IES, que tiene el sistema de educación superior y sobre lo cual daremos unos referentes que pueden ayudar a corregir esta deficiencia.

Lea: Valores de matrículas de programas profesionales en instituciones privadas

Veamos los datos del Observatorio por áreas de conocimiento y la relación entre el mayor valor de la matrícula y el menor; es decir el número de veces. El área de la salud es la que mejor se comporta y los programas de Fisioterapia, Fonoaudiología, Enfermería y Odontología, presentan una relación aproximada de 2.0, lo cual indica que la mayor matrícula es el doble de la menor. En el caso de Medicina esa relación es casi tres veces. Recordemos que el área de la salud tiene otras regulaciones externas emitidas por el Ministerio de Salud, los convenios docente asistenciales y por el propio mercado laboral; lo cual podría explicar el comportamiento.

En el caso de las Ingenierías y Arquitectura, se tiene una mayor dispersión y se superan los márgenes y el número de veces al cual se ve enfrentado el usuario al tomar la decisión sobre la IES a la cual quiere ingresar, sin una regulación por parte del Estado en esta materia. La relación más alta está en Ingeniería de Sistemas, donde el valor de la más alta es casi 10 veces la de menor valor, recordando que el título que se recibe es el mismo y están amparadas por una garantía de calidad por parte del Estado. Luego vendrían las ingenierías: Industrial (7.3), Civil (5.7), Electrónica (4.8) y Arquitectura (5.5).

En Administración y Economía, se tiene la de más alta relación que es Administración de empresas (10.1), Economía (8.1) y Contaduría (5.0). También se suministró información sobre: Psicología (7.2), Derecho (6.9), Biología (6.3) y Comunicación (5.5). Todo esto evidencia la existencia de un problema que no se ha resuelto y más bien se esquiva.

Estando en la dirección de Colciencias, Fernando Chaparro y en la subdirección, Hernán Jaramillo, se hizo un esfuerzo para entender el problema conceptualmente y avanzar en propuestas para resolverlo, sin duda involucrando en las propuestas temas polémicos, como una reorganización institucional que incluía la creación de una Superintendencia y una Agencia de Regulación. Esta iniciativa recibió el apoyo de Fedesarrollo y otras organizaciones.

El trabajo se conoció en Bogotá, el 30 de noviembre de 1998, bajo el título de LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA: UNA PROPUESTA DE REFORMA. Su autor, el destacado economista, ya fallecido, y que fue vicerrector en la Universidad de los Andes, Ulpiano Ayala Oramas, con la colaboración de Carolina Soto y Maria del Pilar Quiroz. Se formulan diferentes planteamientos y llamados sobre “el inadecuado esquema institucional y de intervención y regulación públicas”.

“la educación superior no puede carecer de regulación pública ya que se trata de una actividad con:

  • Asimetrías fundamentales de información
  • Requisitos de estandarización de productos
  • Necesidades de subvención de actividades como la ciencia básica
  • Y tiene propósitos redistributivos”

Advierte que, “la regulación pública no tiene que ser necesariamente estatal” dado que existe la acreditación como una expresión de la autonomía universitaria, que fundamenta una autorregulación sectorial. “Lo que propone el trabajo es enfocar la intervención estatal y la autorregulación desde la perspectiva de la regulación de mercados competitivos de educación superior”.

Afirma: “las universidades son en muchas ocasiones empresas multiproducto que enfrentan mercados diversos y a ello corresponden objetivos e instrumentos regulatorios diferenciados”. “las reformas deben corregir incentivos y políticas equivocadas que han resultado de percepciones y conceptos indiferenciados respecto a estas funciones múltiples”.

Han pasado muchos años desde la publicación del documento, sobre un tema que continúa sin abordarse a fondo, entendiendo que es muy polémico. Mientras tanto los problemas se mantienen, como el enunciado al comienzo. Nos haría bien volver a leer a Ulpiano Ayala para incorporar ideas, conceptos y propuestas que mejoren sustancialmente el sistema de educación superior, que tiene una tarea inconclusa en materia de regulación.

Esto tomaría mayor importancia, si se aborda el planteamiento del ministro Gaviria de consignar legalmente la educación superior como un derecho humano fundamental, tal como se planteó en la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina, realizada en Cartagena de Indias en el año 2008, previa a la segunda Conferencia Mundial de Educación Superior, organizada por la UNESCO en 2009 y los posteriores desarrollos sobre el tema. Pero esto se analizará en otra entrega, con las implicaciones jurídicas y de gran transformación que esto traería.

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