Los investigadores boyacensesJeffer Harvey Cabezas[1],Fabio Alejandro Casas[2], y Alfonso Tamayo Valencia [3], reflexionan sobre la realidad de la universidad colombiana en días de reforma educativa y dan criterios para detener la reforma. “Observamos con premura, -indican- que la Universidad se encuentra ensimismada en una doble presión: la de una sociedad que exige mejor desempeño frente a la demanda de empleo dentro del contexto social y la de una juventud que reprocha el servilismo, frente al orden social establecido y plantea un concepto de oposición liberadora”.
La zozobra de la universidad, entre el desastre y la oportunidad
Este texto se escribe desde el dolor, desde el amor que nos debe unir como seres humanos y como sujetos de derecho, pero también desde una disertación racional y pensada para los colombianos. En vista de la gran multitud que en los últimos meses ha manifestado –y manifestará- su inconformismo, frente a la propuesta de reforma a la ley 30 de Educación Superior, se puede afirmar que el sentimiento de resistencia es compartido en pro del derecho a la educación en nuestro país.
Se puede ver claramente que la educación tiene dolientes; la mayoría coincidimos en que la reforma a la ley 30 realmente vulnera el sistema de la Educación Superior colombiana, desde diversas aristas. Pero tal vez, la que más ha suscitado el mayor repudio, es el ingreso del capital privado – a través de la mercantilización de la educación-, con ánimo de lucro, a la educación superior, convirtiéndose en el detonante, de una crisis anunciada.
En otras palabras, lo anterior sugiere un desamparo por parte del estado y de las instituciones que tienen la responsabilidad de sustentar la universidad, como bien de una nación. Esto es, en otras palabras, que la universidad se ve abocada a transigir, a buscar en otros rumbos, en otras empresas, los apoyos financieros que requiere para desarrollar sus investigaciones, sus procesos académicos y administrativos. Esto implica que la autonomía universtaria, es decir, su espíritu mismo, pierda su ámbito y tenga que ser compartido, con los grupos económicos y sociedades, que pueden tener diversos intereses, que no siempre están en concordancia con el sentido y la pertinencia de la academia (Cabezas & Casas, 2010).
Así las cosas, es necesario partir diciendo que la Universidad, tanto de carácter estatal o privado, se encuentra al servicio de la sociedad, y por tanto, la universidad se debe entender como un bien público; entonces es responsabilidad del Estado fomentarla y financiarla, pero sus fines y funciones no pueden delegarse a intereses particulares y mucho menos mercantiles. La universidad adquiere sentido dentro de un proyecto social de largo aliento, que apunte a la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa. Su significado tiene que ver con la vida misma del país y, en ella, se juega la identidad del profesional como ciudadano y la creación y recreación de la cultura nacional. (Tamayo, 2008).
El abandono estatal origina, para la universidad una situación de acorralamiento, en donde, como ya lo denotaría Boaventura de Sousa (2006), cuando se considera esta como un producto susceptible de ser explotado, en función única y exclusiva de su carácter económico, origina el ahondamiento en su concepción de vulnerabilidad desde su propia crisis institucional y desde las características que la sociedad le ha designado: hegemonía, legitimidad y autonomía.
En realidad, los estudiantes han salido a la calle para mostrar su inconformismo, girando alrededor de la incertidumbre, con pancartas, arengas y antorchas. Su lucha no es solo de ellos; el profesor, bajo contadas excepciones, parece un fantasma, no se hace presente en medio de esta devastación, cuando en verdad, esta lucha es y debe ser suya; asimismo, otros seres están afuera de la escena: los padres de familia, el profesorado nacional, los rectores, la sociedad en general, porque no se está hablando de una afectación a los estudiantes universitarios, sino a todos los colombianos, como perdedores directos de este desastre.
La universidad, como centro de investigación y conocimiento, no puede ser reemplazada desde el modelo empresarial y estar sujeta a la disposición del mercado, que a la larga buscará producir mano de obra barata, tecnificada y cualificada, según su propia y sesgada visón de calidad.
La reforma a la ley 30 no sólo plantea una crisis para la educación pública, sino que al estar la universidad comprometida por la construcción de un proyecto de país, se ve relegada a la hora de comparar la visión que tiene el sistema capitalista. Por eso, las fuerzas de la universidad tanto pública como privada se deben concentrar no sólo en lo económico y más bien preguntarse: ¿cuál es el proyecto de nación que se tiene? ¿Por qué nos la estamos jugando?
Pensar en la universidad de hoy conlleva implicaciones de carácter político, histórico, económico y, por supuesto, de carácter social de cara a la realidad actual. La universidad de hoy, por consiguiente, debe ser concebida no sólo como un producto más, sino como una institución de servicio a la comunidad, como un ente académico, capaz de generar conocimiento y como una tierra perdurable en el tiempo y susceptible de nuevos sembradíos y cosechas (Cabezas & Casas, 2010).
El gobierno ha convocado a diferentes entes y ha hecho foros y debates para establecer la reforma: es un discurso invisible, para enmarañar el hecho fundamental de no escuchar a los profesores, a ASPU, a ASCUN, a la OCE, en fin, con la comunidad que se opone a la reforma y que debería estar allí, para negociar, discutir y concertar. Es importante pensar hasta qué punto se puede afectar la Educación Superior cuando se le resta autonomía y libertad para ejercer su papel. Cuando esto sucede, se privilegian la desigualdad en la producción del conocimiento, la pérdida de identidad cultural, la pluralidad y el respeto por el otro (Cabezas & Casas).
De manera que observamos, con premura, que la Universidad se encuentra ensimismada en una doble presión: la de una sociedad que exige mejor desempeño frente a la demanda de empleo dentro del contexto social y la de una juventud que reprocha el servilismo, frente al orden social establecido y plantea un concepto de oposición liberadora.
De acuerdo con lo anterior, es labor imprescindible que la Universidad, dentro del marco de responsabilidad social que ostenta, sea pensada desde las potencialidades que su entorno goza, generando políticas pertinentes en cuanto el desarrollo de sus comunidades. Es en este sentido que la Universidad se convierte en generadora de procesos sociales, cuyo camino es el del progreso de sus regiones, en donde la emancipación del sujeto pueda lograrse reconociendo los ámbitos de igualdad y diferencia. De esta manera, serían posibles la interacción con el otro, el uso de un pensamiento reflexivo, la promoción de la cultura social y la formación de sujetos libres, capaces de generar su propio conocimiento, un conocimiento más amplio y profundo, sobre las cosas del mundo (Cabezas & Casas, 2009).
Es indudable afirmar que el sistema educativo en nuestro país refleja una organización, acorralada por políticas impuestas de manera sutil, pero contraproducentes, es decir, dispuestas como un discurso invisible cuyo objeto es implementar y ejecutar las políticas que otros han pensado y que perjudican a toda una comunidad (Cabezas & Casas, 2010).
Por esto, es necesario realizar una mirada interna a lo que está pasando en las universidades, pues la universidad se enfrenta al reto de plantear un redireccionamiento de las políticas, originadas desde su papel como edificadora de nación. De acuerdo con Gimeno Sacristán, una formación poco sólida, en torno de la ciencia y la pedagogía, facilita la acomodación a las instancias políticas, burocráticas y a los medios didácticos elaborados fuera del sentir educativo (Cabezas, 2010).
También es hora de asumir con sensatez el reto educativo de nuestro país y no dejarlo como arandela suelta, de la cual se haga cargo el capital privado. En este sentido, habrá que recordarles a nuestros representantes políticos, pero sobre todo a nuestra sociedad que la educación se fundamenta desde la carta magna de nuestro país, que no se negocia, que es un derecho fundamental que tiene toda persona y que también tiene su carácter en lo público.
CRITERIOS PARA DETENER LA REFORMA:
La disertación aquí planteada nos permite decantar unas razones por las cuales la reforma debe detenerse:
1. La propuesta de reforma se basa en una racionalidad técnico-instrumental que legitima una política neoliberal, que es contraria a la naturaleza de la universidad: la recorta en sus fines y la pone en función de las necesidades del mercado.
2. El Gobierno elude su responsabilidad constitucional en el fomento de la educación integral y la entrega al libre juego de la oferta y la demanda, desconociendo el mundo de la academia, que entiende la universidad como un bien social, público y de carácter cultural, fundamental para formar nación.
3. Mediante las alianzas con el sector privado y financiero el gobierno desdibuja el carácter público de la universidad y niega a los sectores populares el derecho a acceder a los más altos niveles de formación.
4. Sin universidad pública, financiada por el presupuesto nacional y apoyada por el gobierno se acalla cualquier sentido crítico y se condiciona el pensamiento a los intereses de los grupos, los gremios, las industrias y las empresas.
5. Se encrudece la asfixia presupuestal y la legitimación de la figura de profesor ocasional como algo permanente, además de la proliferación de proyectos y propuestas encaminadas a producir “recursos propios”: cursos de extensión, educación continuada, idiomas, piscina, diplomados, asesorías, convenios, interventorías, o lo que hoy está en boga, realizar un semestre de posgrado para obtener un título y no un trabajo final de investigación de carácter formativo para finalizar determinada profesión.
6. La reforma no soluciona el déficit de la Universidad ni mejora las condiciones para su posicionamiento en el concierto internacional. Por el contrario, la deja dependiendo de factores externos en sus finanzas y, en el afán, de aumentar cobertura, nivela por lo bajo la formación profesional.
HACIA LA REALIZACIÓN DE UNA PROPUESTA DE REFORMA CON SENTIDO: EL PROPÓSITO DE LA NACIÓN. CONSIDERACIONES ALTERNATIVAS PARA LA PROTESTA.
Consideramos que el gobierno no oirá razones académicas, porque sus oídos están cerrados a la formación del ser humano y solamente le interesa el desarrollo económico; por ello en sana lógica, quedaría recurrir al profesorado, al estudiantado y a la sociedad, para organizar un proyecto de largo aliento que lleve a la práctica lo que ya en el año 2005 planteó Boaventura de Soussa Santos en su libro “La Universidad en el Siglo XXI” (6)
- Como política pública, la reforma a la ley 30 debería contar, en primera instancia, con la comunidad académica que la constituye y que, como quedó demostrado, ha tenido suficiente imaginación, pensamiento y creatividad para consolidar un real campo intelectual alrededor de sus fines, contenidos, pedagogías, estrategias curriculares, dimensiones de formación disciplinaria, profesional y ciudadana.
- Designar un mayor presupuesto a la Educación Superior, dejando de lado, por parte del gobierno los discursos con tono de privatización. (Cabezas, 2009).
- Los medios de protesta deben conducirse por diversidad de alternativas pacíficas: tomarse las iglesias con el discurso, un discurso que reivindique nuestro derecho fundamental a la educación; hablar en la radio, con la voz del corazón estudiantil, salir a las redes sociales y plantear propuestas de discusión y negociación; incluir a los profesores de educación básica y secundaria; en todo caso, una protesta que incluya a todos, como una voz totalizante de un deseo nacional.
- Clarificar el lenguaje de las manifestaciones es una vía dialógica, pues no solo hace parte de los estudiantes, sino que también está consagrado en la Constitución Política; desde esta perspectiva, no se le puede seguir dando la razón al gobierno, en el discurso sin sentido de que la universidad es un espacio para resguardar formas de violencia y terrorismo. Es necesario identificar nuestras carencias y movernos a su superación, mediante un nuevo gesto comunicativo.
- El hecho de que le demos prioridad a un lenguaje dialógico, participativo y democrático, significa que las vías de hecho enfrentan solamente a damnificados, mientras las personas que detentan el poder se limitan a ordenar y mover sus fichas de ajedrez. En otras palabras, la figura que se encuentra al frente de los estudiantes y que se ve como un adversario, también es un ser humano que asimismo sufre esta derrota.
A manera de síntesis momentánea, si la Universidad no permanece como un espacio para fundamentar políticas sanas para la educación y, por consiguiente, para la sociedad, se seguirá disponiendo de la universidad como una institución, impedida y relegada de su papel como edificadora de sociedad. Por eso, las fuerzas de la universidad, tanto pública como privada se deben concentrar no sólo en los aspectos económicos, sino más bien entablar nexos y articulaciones, en torno de una Colombia universitaria, en torno de la configuración de una propuesta de país en el quepamos todos.
Referencias Bibliográficas:
CABEZAS, Jeffer Harvey. ¿Una universidad crítica? Prospectiva científica UPTC N° 5. 2009.
CABEZAS, Jeffer Harvey. Algunos apuntes sobre política educativa en educación superior “universidad” y su incidencia en el profesor universitario. Cuadernos de lingüística hispánica. UPTC.Tunja. 2010
CABEZAS, Jeffer Harvey. La universidad el bastión de nuestro país. Observatorio de la universidad colombiana. 2011
TAMAYO, Alfonso. “Sentido y Significado de la Universidad Pública”. En Revista Opciones Pedagógicas. Universidad Distrital.-Bogotá. N° 39 año 2008. Pág. 169-179.
TAMAYO, Alfonso. (2008) Sentido y significado de la universidad pública. Observatorio de la universidad colombiana.
SANTOS, Boaventura. (2006) La universidad en el siglo XXI: Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. Cuba: Casa De Las Américas.
[1] Magíster en Educación en la línea de docencia universitaria. Licenciado en Ciencias de la Educación UPTC. Profesor – Investigador adscrito al grupo de investigación: Innovaciones Pedagógicas y Educativas.
Colciencias. Experiencia Significativa en Educación Superior, Ministerio de Educación Nacional 2009.
[2] Magíster en Lingüística.
[3]Ct Doctor en Filosofía, Director Grupo de investigación Innovaciones Pedagógicas Y Educactivas. Profesor UPN, UPTC, USTA, UN.
