Julio 28/26 Camilo Noguera Pardo es el primer viceministro anunciado por el gobierno de Abelardo De La Espriella. En entrevista con El Observatorio de la Universidad Colombiana da a conocer su pensamiento y sus principales apuestas para la educación superior.
A partir de la posesión del nuevo presidente, Noguera Pardo llegará como viceministro de Educación Superior, en el ministerio de Viviane Morales, y reemplazará en dicha responsabilidad a Ricardo Moreno Patiño.
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En términos generales, el nuevo viceministro puede definirse como un humanista, muy alineado con las ideas de la derecha política y la apuesta por la formación en valores, con una muy amplia formación profesional y una larga vida dentro de la universidad privada.
En diálogo con El Observatorio de la Universidad Colombiana habla de su compromiso con “desideologizar la educación”, la relación entre la universidad pública y privada, una apuesta por redimensionar la visión humanística de la Universidad, y una negociación directa, franca y soportada en cifras con los rectores, entre otros aspectos.
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La hoja de vida de Camilo Noguera Pardo
El nuevo viceministro tiene 8 títulos universitarios, algunos con distinción académica Summa cum laude, además de un número significativo de estudios posgraduales. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con Estudios Mayores en Filosofía, Humanidades y Letras de la misma casa de estudios. Especialista (Summa cum laude) y magister (Summa cum laude) en Docencia e Investigación Universitaria con énfasis en filosofía, de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia; Diplomado en Filosofía de la Bioética de la Universidad de El Desarrollo, Chile; Doctor en Bioética (Summa cum laude), de la Universidad El Bosque, Colombia.
Su formación académica incluye, además, tres postdoctorados: uno en Bioética, en la Universidad El Bosque, Colombia; otro en Derecho y Nuevas Tecnologías, en la Universidad de Reggio Emilia, Italia; y otro en Bioética, Salud Pública y Sostenibilidad Global en American University S.N., Estados Unidos.
Asimismo, ha adelantado seminarios internacionales en Bioderecho, y estudios posgraduales no titulados en el Doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona de la Universidad de San Buenaventura, Colombia; en la maestría en Creación Literaria de la Universidad Central, Colombia; y en la maestría en Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Barcelona, España.
Su trayectoria profesional se ha caracterizado por la investigación científica y la divulgación cultural. Ha sido autor y editor de libros, capítulos de libros, artículos de investigación y de divulgación publicados en editoriales académicas de corriente principal y de circulación internacional en Europa, Estados Unidos e Hispanoamérica, entre ellas Springer, Marcial Pons, Tirant lo Blanch, Dykinson, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ordo Iuris y diversos fondos editoriales universitarios nacionales. Entre sus publicaciones destacan el texto “Conflictos de interés en la investigación”, que es una entrada en el Manual de Bioética mundial (Handbook of Bioethical Decisions, Volumen II), de la editorial Springer. También su coedición y codirección, con el jurista y filósofo del derecho español Miguel Ayuso Torres, de la colección Estudios Hispánicos de la Editorial Tirant lo Blanch que, hasta el momento, tiene, entre otros, los siguientes títulos: “El conservadurismo en el mundo hispánico”, y “Maestros del derecho natural hispánico en la segunda mitad del siglo XX”.
Ha sido fundador y director editorial de la Revista Colombiana de Estudios Hispánicos, publicación bianual dedicada a la divulgación cultural de la tradición hispanoamericana. También ha sido columnista de prensa, profesor e investigador universitario en distintas áreas de humanidades y ciencias sociales, conferencista nacional e internacional, asesor de centros culturales y centros de pensamiento, director de unidades académicas universitarias, y miembro de diversos centros y asociaciones académicas. Ha escrito en publicaciones conjuntas con autoridades mundiales de la bioética y el bioderecho, entre los que destacan Tom L. Beauchamp, Peter Singer, Peter Kempt, y Erick Valdés.
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¿Cómo llega al cargo?
El Presidente y yo compartimos una misma alma mater: la Universidad Sergio Arboleda. Esa coincidencia permitió que, desde hace varios años, conociera mi trabajo académico, mi trayectoria en el ámbito de la educación privada y mi reflexión pública sobre la educación, la cultura y el papel formativo de la universidad.
En distintos espacios, incluso antes de su candidatura presidencial, tuve la oportunidad de conversar con él sobre algunos de los desafíos estructurales del país en educación y cultura. En particular, el Presidente conocía mis posturas públicas, expresadas en artículos de prensa y textos académicos, alrededor de una idea que he denominado educación sapiencial, y sobre la cual estoy próximo a publicar un libro.
Esa idea parte de una preocupación central: la educación debe defenderse de dos patologías contemporáneas. La primera es la mercantilización, que reduce la educación al lenguaje de la gestión, los indicadores, la eficiencia, la rentabilidad y la empleabilidad inmediata, olvidando que su tarea más profunda es formar criterio, carácter, cultura general y sentido humano. La segunda es la ideologización, que expone la educación a tendencias doctrinarias o modas intelectuales que pueden debilitar el pensamiento libre, el pluralismo y la verdadera formación crítica.
En ese sentido, mi apuesta ha sido recuperar una educación orientada por fines superiores: la verdad, la libertad intelectual, la formación integral, las humanidades, la responsabilidad cívica y la reconstrucción del tejido social. De hecho, ese empeño se conecta con la llamada batalla cultural, entendida no como una confrontación partidista, sino como una discusión de fondo sobre los valores, lenguajes e imaginarios que están formando a las nuevas generaciones.
Pero, además, el Presidente también conocía mi vínculo académico, profesional y familiar con la Ley 30 de 1992. No solo porque he trabajado durante cerca de 18 años en educación superior, sino porque mi padre, Camilo Noguera Calderón, fue uno de los coautores principales de esa ley. Esa historia me ha permitido aproximarme de manera especial a su articulado, a su espíritu y a su importancia institucional.
Pues bien, en todo ese contexto el Presidente me propuso asumir el Viceministerio de Educación Superior. Acepté esa invitación con gratitud, sentido de responsabilidad y pleno compromiso con el país, con el sector educativo y con la tarea de contribuir a una agenda seria, rigurosa y constructiva para la educación colombiana.
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¿Qué relaciones previas existen con la ministra Morales, y qué orientaciones le ha dado ésta, o el señor Presidente o Vicepresidente, sobre la agenda específica y estratégica del Viceministerio?
No existía una relación previa con la ministra. De hecho, no nos conocíamos. Sin embargo, en el breve tiempo que llevamos trabajando juntos hemos construido entendimientos sustantivos, dinámicas de trabajo eficaces y criterios comunes frente a lo urgente y lo importante, incluso en medio de un proceso de empalme sui generis, cercano a lo inédito en nuestra historia institucional reciente. En síntesis, estamos de acuerdo en lo esencial. Por ello, tengo la certeza de que podremos impulsar una labor conjunta fructífera en beneficio de la educación colombiana. Además, la trayectoria profesional de la ministra y su probado compromiso con la responsabilidad pública son garantías importantes para el fortalecimiento del sector.
Ahora bien, el Presidente sí me hizo un encargo particular, que recoge un eje transversal de su proyecto político y que en educación adquiere una relevancia superior: contribuir a trazar líneas conceptuales rigurosas, serias y articuladas que permitan proteger la educación de cualquier forma de instrumentalización ideológica. Es un tema que conozco bien, no solo porque lo he estudiado desde una perspectiva académica, sino porque también he visto de cerca sus efectos en la vida universitaria. He procurado comprender la fisonomía profunda de los procesos de ideologización: los autores que los inspiran, los marcos conceptuales que los sostienen, los lenguajes que los legitiman y las estrategias institucionales, pedagógicas y culturales que los afianzan y perpetúan. Precisamente por eso, creo que la respuesta no puede ser otra ideologización de signo contrario, sino una defensa seria de la libertad intelectual, el pluralismo, el rigor académico y la formación integral.
Desde esa perspectiva, la tarea consiste en fortalecer una educación que enseñe a pensar, no qué pensar; que forme criterio, no obediencia; que promueva conocimiento, no consignas; y que contribuya a reconstruir confianza, tejido social y horizonte común para el país.
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El viceministro saliente (Ricardo Moreno) tiene gran recorrido y experiencia en e sector público y Usted en el privado. ¿Habrá una agenda diferenciada para el sector?, ¿cuáles serán las prioridades de la educación superior en el próximo cuatrienio?
Dicho de manera sintética: sí debe haber una agenda diferenciada, pero no por prejuicio entre lo público y lo privado, sino por misión institucional, necesidad territorial y responsabilidad con los estudiantes. La universidad pública debe fortalecerse como columna de equidad, investigación y presencia territorial. La universidad privada debe integrarse como aliada estratégica del país, con reglas claras, calidad verificable, respeto por su identidad institucional y compromiso con el interés público. Ambas deben converger en un propósito superior: formar integralmente a las personas que Colombia necesita para sostener su democracia y su vida común.
Sin darle todavía un orden, el próximo cuatrienio sí debería abordar financiación, permanencia, calidad, aseguramiento, regionalización y consolidar una política educativa de formación integral que recupere el estudio trasversal de las humanidades y las artes; una suerte de propuesta de núcleo básico y trasversal de formación humanística, que sea vehículo para la civilidad. Esa agenda es técnicamente necesaria, jurídicamente compatible con el marco educativo colombiano y políticamente más prudente que una discusión reducida a la procedencia pública o privada de las IES.
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Cómo sugirió la ministra Morales ¿se fusionará el viceministerio de Educación Superior con el Minciencias?
Es muy pronto para saberlo.
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¿Cómo evitar que las IES privadas no se sientan “abandonadas”
El mensaje para las IES privadas debe ser claro: no van a estar abandonadas. Todo lo contrario. El nuevo gobierno reconoce que Colombia tiene un sistema de educación superior mixto, plural y diverso, en el que las instituciones públicas y privadas cumplen funciones complementarias al servicio del país.
De manera que las IES privadas tendrán interlocución, reglas claras, participación en la agenda sectorial y reconocimiento de su papel en el desarrollo nacional. En este sentido, lo que se espera de ellas es lo mismo que se espera de todo el sistema: calidad, transparencia, responsabilidad con los estudiantes y la comunidad académica, compromiso con la formación integral y contribución efectiva al país.
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¿Qué hará el nuevo gobierno frente a la propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992 radicada por el saliente Ministerio de Educación Nacional?
El país sí necesita revisar y actualizar aspectos del régimen de educación superior, pero esa discusión debe hacerse con rigor técnico, sostenibilidad fiscal, respeto por la autonomía universitaria y reconocimiento del sistema mixto. La Ley 30 no puede reformarse por impulso coyuntural ni por revancha política; debe examinarse con responsabilidad, escuchando a universidades públicas y privadas, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, estudiantes, profesores, rectores, territorios, sector productivo y Congreso. De manera que, en síntesis, no habrá rechazo automático ni adopción acrítica. Habrá revisión juiciosa.
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¿Cuál será la posición del nuevo gobierno con respecto a temas sensibles como elección popular de rectores de las universidades públicas, cogobierno universitario, gratuidad plena, acceso sin restricciones e Icetex?
Todos son temas de máxima urgencia y ya los estamos estudiando. Sin embargo, por sus propias implicaciones, deben abordarse con el mayor rigor técnico: jurídico, social, conceptual y educativo. No son asuntos para respuestas apresuradas, sino para decisiones bien fundamentadas, con soporte normativo, evidencia suficiente y sentido de responsabilidad institucional.
Si me lo permite, también quisiera incluir en la agenda de pendientes una revisión del ICFES. Fue un organismo de enorme importancia para la educación colombiana, particularmente en materia de evaluación, información, calidad y orientación del sistema. Por eso, vale la pena hacer una revisitación seria de su papel actual, su evolución institucional y su contribución estratégica a los desafíos presentes de la educación en Colombia.
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¿Cómo será el estilo del nuevo gobierno y del nuevo viceministro en las relaciones con los rectores públicos y privados?
El sector puede esperar un estilo de relación serio y abierto. Con los rectores habrá diálogo, respeto por la autonomía universitaria, reconocimiento de la diversidad institucional y una interlocución basada en evidencia, no en prejuicios.
En consecuencia, el estilo será de cooperación exigente: puertas abiertas, mesas técnicas útiles, discusión franca, decisiones sustentadas y seguimiento a compromisos. Se trata de construir confianza institucional alrededor de asuntos concretos: financiación, calidad, permanencia, regionalización, pertinencia, investigación, inspección, vigilancia, anticorrupción y, por supuesto, formación integral.
Luego, los rectores pueden esperar respeto, pero también corresponsabilidad. La autonomía universitaria, por ejemplo, será defendida como garantía del sistema, pero no como ausencia de rendición de cuentas. Ojo: la autonomía universitaria no es imperio universitario. Es una garantía para que la universidad piense, investigue, enseñe y delibere con libertad, pero no una habilitación para reemplazar la formación integral y el pluralismo ideológico previstos por la Ley 30 de 1992 por formas de adoctrinamiento de cualquier signo. De hecho, bajo el amparo de la autonomía no resulta admisible censurar, perseguir, estigmatizar o caricaturizar a profesores, estudiantes, investigadores o directivos por no adherir a determinadas agendas ideológicas, como ha sucedido en varios países del mundo.
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¿Se extenderá a la educación superior el interés del gobierno (la ministra en particular) en impulsar la formación y los valores de los niños?
Este es un punto decisivo. Con la ministra compartimos plenamente el interés por la formación y los valores. Pero esa coincidencia exige una precisión de fondo: no se trata de trasladar mecánicamente a las universidades una agenda escolar, ni de añadir unas cuantas asignaturas morales a los planes de estudio. Se trata de construir una política pública de formación integral para todo el sistema educativo, desde la escuela hasta la universidad, idealmente articulada con el sector cultura.
De ahí que la formación integral no deba entenderse como una frase de cajón, que todos suelen usar como una marca que “suena bien”. No, la formación integral es la genuina educación. Implica recuperar la centralidad de las humanidades, las artes, la filosofía, la historia, la lectura exigente, la escritura, la educación estética, la formación del carácter, la responsabilidad ética, la ciudadanía y la memoria nacional. También exige articular escuela, universidad, familia, maestros, bibliotecas, museos, archivos, teatros, orquestas, pues ninguna institución, por sí sola, puede formar integralmente a una generación.
Una segunda idea, más sensible pero fundamental, es que la dimensión espiritual, religiosa y de trascendencia no debe quedar excluida de la formación integral. Quiero enfatizar en lo siguiente: Colombia es un Estado laico, pero no ateo: la laicidad implica neutralidad, libertad de conciencia y no imposición confesional, no negación del hecho religioso ni expulsión de Dios, la religión o la trascendencia del debate cultural y académico.
Colombia, además, tiene una herencia histórica cristiana y una población mayoritariamente identificada con tradiciones cristianas. Según Pew Research Center, en su encuesta de 2024 publicada en 2026, el 60 % de los adultos en Colombia se identifica como católico; y, en la misma medición, el 84 % considera que la religión es importante en su vida, incluido un 57 % que la considera muy importante. Estamos hablando, por tanto, no de una minoría marginal, sino de millones de colombianos para quienes la experiencia religiosa sigue siendo un componente real de su vida personal, familiar, comunitaria y cultural.
Por consiguiente, reconocer esta realidad no significa imponer una cosmovisión ni desconocer derechos, como a veces se insinúa irresponsablemente. Significa algo más elemental: que una política pública seria no puede educar al país como si su memoria espiritual, sus fiestas, su lenguaje moral, sus símbolos, sus obras de caridad, sus instituciones educativas, su arquitectura, su arte, su derecho y sus conflictos históricos hubieran surgido en el vacío. La religión no es únicamente una opción privada encerrada en la conciencia individual; también ha sido una fuerza civilizatoria, cultural, ética, estética y comunitaria.
Esta precisión es todavía más importante si se mira el fenómeno en perspectiva internacional. La persecución cristiana no es un residuo del pasado. Open Doors estima que, en la Lista Mundial de la Persecución 2026, más de 388 millones de cristianos padecen niveles altos de persecución o discriminación por su fe.
Esta fue precisamente una de las razones por las que, en el Reporte 2021 del libro “Persecución a los cristianos. Es hora de reaccionar al genocidio”, del cual fui editor académico, insistí en mostrar que la persecución al cristianismo adopta formas diversas: violencia física, restricciones jurídicas, hostigamiento social, presión ideológica, discriminación educativa, ataques a la libertad religiosa y exclusión cultural. En la introducción general de esa obra se sostuve que la persecución a los cristianos no es nueva, pero sí lo es su naturalización.
Por ello, las universidades —públicas, privadas, laicas, confesionales o de inspiración cristiana— deben poder abordar con rigor académico la religión, la espiritualidad y la pregunta por la trascendencia como parte de la historia de las civilizaciones, la filosofía, la literatura, el arte, la ética pública, la memoria colectiva y las formas de solidaridad. Excluir estas dimensiones empobrecería la formación integral y limitaría la capacidad de los ciudadanos para dialogar con distintas tradiciones de sentido. Además, constituiría censura, cancelación y persecución. Actitudes que no deben ser compatibles con la educación.
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¿Cómo enfrentará el anuncio del presidente De La Espriella de derogar el decreto 1279?
El régimen del Decreto 1279 requiere una revisión técnica, jurídica, fiscal y académica para corregir distorsiones, preservar incentivos a la calidad, proteger derechos adquiridos y garantizar la sostenibilidad del sistema universitario público.
Ahora bien, esa revisión no debe entenderse como una desvalorización de la investigación universitaria. Para la educación superior, la investigación debe continuar siendo una pieza estructural en la generación de conocimiento y el desarrollo del país, y buena parte de esa producción descansa en los profesores de las universidades públicas. Por ello, la discusión debe orientarse a sustituir el instrumento, pero no el principio: revisar el sistema actual de puntos y avanzar hacia un régimen más equitativo, transparente, verificable y coherente con la jerarquía salarial del Estado.
Finalmente, ¿cómo asegurar que la labor de inspección y vigilancia del Ministerio sobre las IES sea realmente efectiva y oportuna?
Esta es, en particular, una de las alertas rojas que debemos atender con premura. Por su urgencia y complejidad, no puede abordarse ni con improvisación ni con lecturas simplistas: compromete la sostenibilidad fiscal del sistema universitario público, la equidad en el régimen profesoral, los incentivos a la investigación, la centralidad de la docencia y la confianza ciudadana en las IES. Precisamente por eso, es un tema que venimos trabajando desde el primer día con la ministra y con un equipo técnico especializado, con el propósito de construir una respuesta seria y respetuosa del valor estratégico de las IES.
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