Nov 15/24 Un lamentable listado de situaciones vividas especialmente en los procesos de elección de rector en muchas IES colombianas, que reflejan el erróneo concepto de nuestra malicia indígena y la politiquería metida en la academia.
Son 21 malas prácticas que atentan contra la esencia universitaria, y que están incluidas en el capítulo sobre el Gobierno Universitario que trae el libro “Los puntos sobre las IES. Verdades, preguntas y paradojas que deben conocer los directivos de las Instituciones de Educación Superior para no frustrarse en la dirección universitaria”, de Carlos Mario Lopera Palacio, creador y director de El Observatorio de la Universidad Colombiana.
La confrontación -abierta u oculta-, la campaña política desleal, las artimañas jurídicas para validar, aplazar o anular elecciones, y la toma de decisiones según el interés de unos u otros poniendo en riesgo el proyecto institucional, con tal de asegurar el poder de una u otra fuerza política y electoral, o imponer como sea a un candidato, son prácticas comunes en las elecciones de rectores, especialmente en las universidades públicas, que contribuyen a la ingobernabilidad.
Bajo la premisa de la participación y de la defensa democrática y de las leyes se presentan prácticas de dilación, de “leguleyismo”, de mutuas acusaciones y hasta de corrupción con las que se busca imponer a una mafia (grupo especialmente organizado para lucrarse con los recursos de la IES cuando puedan adquirir control de la dirección) o a un gobierno de las mayorías (con mucho de clientelismo), que si bien puede ser representativo no siempre es legítimo y que tiene tintes de oclocracia (autoridad de un populacho corrompido y tumultuoso). Ambos escenarios son formas de privatización de lo público a favor de unos pocos, y expresiones no democráticas ni meritocráticas de la vida universitaria.
Es interminable, y sorprendente, la lista de marrullas, mañas o tretas que surgen cuando fuerzas en conflicto en el consejo superior buscan dilatar, desconocer, recusar, acusar, desmentir, imponer, rechazar, cambiar o modificar una elección, votación o decisión que no conviene a sus intereses. Algunos ejemplos vividos en diversas IES públicas colombianas, son:
1- Aplazar la toma de decisiones, pidiendo documentos, demorando la firma de actas, esperando conceptos técnicos o jurídicos, creando subcomisiones, o disolviendo el quórum deliberatorio o decisorio;
2- Cuestionar la legitimidad o el procedimiento en la elección o posesión de un consejero;
3- Posponer reiteradamente las sesiones del consejo hasta que venza el periodo de uno o varios consejeros y esperar la recomposición del cuerpo colegiado para votar y, ahí sí, dirimir empates o dar la vuelta al resultado de votaciones anteriores.
4- Pedir intervenciones judiciales, recusar a otros consejeros, solicitar el acompañamiento de los organismos de control o protegerse anónimamente a través de un ciudadano cualquiera para interponer acciones de tutela y derechos de petición;
5- Impugnar la inscripción de un aspirante a rector por el más mínimo aspecto (la convalidación de un título, la falta de días y horas para completar una experiencia, de un documento que certifique un trabajo anterior, una firma o un registro notarial…);
6- Generar ruido sobre el proceso entre la comunidad universitaria, interferir las sesiones del consejo superior con manifestantes a favor o en contra de los intereses de uno o varios consejeros, cuestionar la legalidad de los procesos manuales o electrónicos de consulta estamentaria, filtrar información a la prensa, promover una jornada de denuncia o defensa de un tema o una persona en redes sociales, meterse en la vida privada o hacer circular textos, fotos y audios anónimos contra los consejeros;
7- Clientelismo electoral: Comprar y voltear el voto de un consejero, realizar trasteo de votantes entre sedes y municipios, y pagarles por hacer publicidad, bulla y acoso en redes a otros aspirantes;
8- Ofrecer beneficios a los consejeros a cambio de su voto: Darles la dirección de un programa, una sede, una partida presupuestal, contratación de amigos y familiares, viajes y comisiones, bonificaciones, reducción de carga académica o mejores oficinas, y favorecimiento a proveedores amigos, entre otros muchos;
9- Aprovecharse de los recursos institucionales (dineros, medios de comunicación, espacios, tecnología…) para hacer campaña y en momentos y condiciones no permitidas;
10- Boquear el acceso a espacios físicos, medios de comunicación y página web de la IES para que los aspirantes hagan campaña.
11- Postular a aspirantes a rector que no tengan reconocimiento, trayectoria ni peso político, solo para que conformen terna o resten votos a otros postulados, favoreciendo a un candidato;
12- Modificar estatutos, acuerdos y resoluciones, para cambiar periodos rectorales, cronogramas, requisitos o electores;
13- Desconocer fallos judiciales o decisiones del Ministerio de Educación bajo el argumento de la propia autonomía de la IES;
14- Demorar la transferencia de recursos públicos (del gobierno nacional, departamental o local), para limitar la capacidad de ejecución de la administración que intenta reelegirse o se eligió;
15- Modificar el censo electoral, e incluir o excluir estamentos, así como cambiar la ponderación de los votos según los públicos;
16- Incluir o excluir puntos esenciales de la agenda del cuerpo colegiado;
17- Permitir que personas con doble o triple condición estamentaria puedan votar dos y tres veces (p.e. egresados que son administrativos y docentes);
18- Inducir la toma de decisiones con información interna desactualizada (de censo electoral, presupuestos, personal…);
19- Distraer a la comunidad académica en temas de orden público, ruido mediático y sensibilidad social, para tomar decisiones aprovechando su desatención;
20- Promover la retención temporal de funcionarios, bloqueos al acceso y a la movilidad de la comunidad universitaria, o fomentar paros estamentarios y suspensión de la actividad académica, además del envío de amenazas contra la integridad y la vida de los consejeros;
21- Impulsar o alegar ausencia de condiciones de seguridad del recinto o de los consejeros, para evitar sesionar;
Hay otra conducta del Consejo Superior, muy riesgosa para la consolidación del gobierno de una IES, y es la del cuerpo colegiado carente de liderazgo y sin agenda propia, sin pensamiento crítico ni prospectivo, y miedoso de tomar decisiones, por evitar el debate frente a las comunidades o posibles investigaciones de carácter disciplinario o penal. Son instituciones reactivas y no proactivas, y son las que más sufren frente a la adopción de políticas en las que no participaron o responden tardíamente a variaciones del mercado educativo; además, representan un gobierno débil e ineficaz.
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