Más allá de la Matrícula Cero: Santiago Monsalve – julio/22

Monsalve, sociólogo de la Universidad de Antioquia, plantea los retos que demanda la implementación de una política de esta índole.

El diagnóstico parte del presupuesto tan simple de que la educación superior es un problema de transmisión de información, p

Repasando la reciente campaña, no fue un tema polémico el de la educación superior en la discusión. Esta vez, las universidades, a partir de la primera vuelta, estuvieron ausentes en la organización de debates, siendo los actores y escenarios más propios para la temática. Mientras, se volvieron los lugares comunes prorrogar Matrícula Cero (MC) y transformar al Icetex. Recuérdese que MC fue un programa en el marco de la emergencia social y económica que desató la pandemia.

 A decir verdad, el programa que mostraba una visión más amplia sobre los problemas de la educación superior fue el del candidato ganador y ahora presidente electo. Por ello, es altamente probable que tal visión se expanda, como lo han mostrado recientes declaraciones del presidente electo, en las cuales habla de estrategias de apoyo para el bienestar universitario.

Decía que no fue un tema importante porque venimos de una década de lucha universitaria. Desde la MANE (2010-2011) hasta el Paro Nacional de 2019 con la crisis de financiación de las universidades estatales en medio, la educación superior ha estado presente en la agenda nacional constantemente, en momentos con una perspectiva claramente transformadora como una reforma a la Ley 30 y en otros con una postura de mero ajuste presupuestal como lo acordado en 2019. Por eso hay que subrayar la falta de discusión, porque no todo se puede dar o asumido como consenso.

En los dos últimos años, más allá de detalles técnicos no se discrepó por la MC, una política realista del gobierno de Duque y está asegurada solamente hasta el semestre 2022-2. Y eso fue lo que prometieron continuar todos, ahí no hubo discusión. Pero hay que ir más allá. Tal vez aquello fue porque se daba por hecho, luego del Paro Nacional de 2021, que tocaba satisfacer esa demanda social por la educación entre la población joven.

Ahora, ya bien entrada la recuperación o la normalización de la vida social, con todas las desigualdades de siempre, la MC muestra sus limitaciones. El caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá) lo ilustra. Se viralizó la falta de aspirantes a becas y la posible no utilización de estas. Allí puede haber una diferencia de apreciación entre quienes creen que se desaprovechan oportunidades y entre quienes entendemos que estudiar es una decisión complicada para muchas personas, por sus condiciones vulnerables.

Pero son muchos más los condicionantes socioeconómicos para decir estudiar aparte de la matrícula, especialmente en la educación superior universitaria, mismos que también lo son para la permanencia. Los aspectos socioeconómicos y de bienestar pesan, y normalmente los segundos suelen ser consecuencia de los primeros (una depresión por agotamiento al tener que doblar jornada para estudiar y garantizar ingresos del hogar, por ejemplo).

Por eso cuando somos estudiantes valoramos tanto el apoyo de universidades en temas de bienestar universitario, para muchos además del derecho a la educación la universidad representa el acceso a otros derechos como salud, recreación, vivienda o una comida completa y balanceada al día; consultas médicas, instalaciones e implementación deportiva, residencias universitarias y comedores estudiantiles. Como un mini-Estado de bienestar para una fracción priorizada dentro del grupo privilegiado que accede a la educación superior pública, fracción priorizada porque no es universal para todos los que necesiten sino para los que más necesitan.

Entonces, aumentar la oferta de cupos, como lo muestra el citado caso de la Distrital, no es una garantía de acceso (y permanencia) a la educación y ampliar la oferta territorialmente construyendo sedes en localidades donde no haya ninguna tampoco significa por sí mismo un goce efectivo del derecho a la educación. Sin embargo, es tentador pensar que sí. Políticos tan distintos como Fajardo y Luis Pérez le apostaban en sus propuestas a la vía ‘fácil’ de aumentar los cupos universitarios mediante la virtualidad. Y, como lo expuse en mi pasada columna aquí, el reto es más grande al cobijar a una mayor población, advirtiendo acerca de la ligereza sobre los usos de la mediación con TIC como solución casi mágica,

En ese reto de apuntar a la universalización del nuevo gobierno, un cupo nuevo vale más que uno actual. Los cupos nuevos corresponderán a un perfil de estudiante que ha estado excluido por condiciones académicas, económicas y territoriales. Serán cohortes menesterosas de mucho más apoyo para mejorar sus condiciones. Eso pensando en su incorporación de la mejor manera posible, porque por defecto no se ocuparían los cupos, como en el ejemplo citado, o la deserción sería intensa. De ahí que ubicar lotes y construir sedes sea apenas un paso que ponga los cimentos de una ampliación efectiva del derecho a la educación, para que sí sea un derecho y no el privilegio de algunos que pueden pagar educación privada o ganar un cupo en las duras competencias de los exámenes de admisión de las universidades públicas.

Es una dosis de realismo fuerte la necesaria para asumir todas las implicaciones de la bien intencionada política de cobijar masivamente con educación superior a la población, especialmente los y las jóvenes. Por ejemplo, ¿de dónde nos sale la idea que cuando egresan del bachillero los adolescentes ya no necesitan un PAE?

¿Cómo se adaptarán también las exigencias académicas a la llegada de una nueva población? Pongo como ejemplo el caso de regionalización de la Universidad de Antioquia cuando empezó. En las primeras admisiones regionales para sedes y seccionales, no se ocupaban todos los cupos porque muchos aspirantes no alcanzaron el mínimo habilitante de 50/100: el examen los atropelló, no eran técnicamente competentes. Y muchos de los que pasaron ya eran profesionales egresados de otras universidades y con edades superiores al promedio de la sede central en Medellín. De todo eso que implica adaptar la universidad a una masificación hay que hablar. Quizás sea necesario implementar ciclos básicos comunes preuniversitarios propedéuticos para nivelación académica, como el modelo de la UBA (Argentina).

También hay que tocar la calidad docente. Los programas de gobierno en general tenían mucho más claro el tema de la calidad educativa en la educación básica y media, incluido el de Petro, con la formación de los docentes. Si se necesita mejorar allí, donde la mayoría son licenciados, ¿cómo será en el ámbito universitario donde quienes se han preparado específicamente para enseñar son una minoría? Mejorar la fundamentación y práctica docente desde una pedagogía consciente es fundamental para responder adecuadamente a un perfil de estudiante con más necesidades apareciendo en mayor número, pensando en los docentes universitarios como pedagogos y agentes educativos transformadores.

Serían mucho más temas los que se pueden revisar, y se debe hacer, para lograr una universidad incluyente y para las mayorías que no han pertenecido a ella hasta ahora. Las mismas universidades tienen que cambiar hacia dentro, desde el gobierno universitario, pero ese es tema de una próxima columna.

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