Más allá de una reforma a la Ley 30 de 1992: Víctor Manuel Gómez – agosto/22

El académico Víctor Manuel Gómez advierte cómo los problemas de cobertura para la educaicón superior no se solucionan con una reforma a la Ley 30 de 1992, pues el reto va mucho más allá.

La Ley 30 ya no es pertinente, se requiere una nueva legislación en función de nuevo contexto y necesidades.

En los últimos 30 años, desde la Ley 30, se han generado en este país nuevos contextos sociales y educativos y nuevas necesidades.

Por lo que resulta miope y descontextualizada cualquier intención de ‘reformar’ la Ley 30. Equivale a un maquillaje superficial y efímero sobre una piel ajada y arrugada.

Las necesidades actuales de cobertura en formación postsecundaria (o superior) son mucho mayores que hace 30 años, y hacia el próximo futuro serán mayores por la creciente demanda social por este tipo de oportunidades.

En 1992 la tasa de cobertura en el nivel medio era de máximo 40% en las principales ciudades y la mitad de ese porcentaje en zonas rurales y municipios pequeños. Por lo que era muy limitada todavía la demanda social por educación superior. Demanda que era cubierta por las instituciones existentes en ese entonces.

Pero actualmente esa tasa de cobertura del nivel medio es de 40% en zonas rurales y de 70% – 80% en las principales áreas urbanas. A medida que aumente la tasa de cobertura y retención en ese nivel es muy probable que se requieran metas de cobertura del 80% de la población entre 18 y 24 años, y ese crecimiento de demanda y cobertura no será en las grandes ciudades sino en zonas rurales y en numerosos municipios pequeños e intermedios (60.000-120.000 habitantes) en los que es prácticamente inexistente cualquier oportunidad de formación postsecundaria. Lo que implica que la mayoría de ese grupo de edad ni siquiera recibe la formación básica requerida para el desempeño en la sociedad como ciudadanos y trabajadores. 

Además de los casi 700 mil jóvenes egresados en 2021 del nivel medio, se estima en más de 2 millones el rezago, los jóvenes mayores de 18 años que en años anteriores no pudieron ingresar a la educación superior y que conforman un gran rezago educativo, una gran demanda potencial de formación (OCDE, 2016).

En el transcurso de pocos años esta población marginada suma cientos de miles, y millones, de jóvenes ‘sin futuro’. No hay oportunidades de formación, ni de integración social, para esta enorme masa de jóvenes desescolarizados, lo que los condena a vidas ‘sin futuro’, de marginación social y laboral, y a conductas de delincuencia, narcotráfico, prostitución y diversas modalidades de criminalidad y violencia. Además, es mínimo el aporte de esta población al desarrollo de las fuerzas productivas y al empleo.

Son muy escasas las oportunidades de educación técnica moderna y de calidad, pues no hay un sistema postsecundario de educación técnica, basado en los municipios, como el existente en muchos países (community colleges, hogescholen, politécnicos, escuelas técnicas, etc.), que sirva de alternativa a la educación universitaria tradicional de ciclo largo, a la que solo accede el 38% o 40% de esos egresados.[1] 

Por tanto el problema de la cobertura reside en la estructura de la oferta:

– alta concentración en las principales áreas urbanas (amplio mercado de demanda),

– y carencia de ofertas y oportunidades en la mayoría de los municipios pequeños e intermedios en los que habita la mayor parte de los jóvenes mayores de 17-18 años.

– El resto de la población de jóvenes, los habitantes de municipios pequeños, de 60 mil o 120 mil habitantes, carentes de programas públicos de formación postsecundaria.

Es el drama de la juventud sin oportunidades. Caldo de cultivo de la inmensa protesta social de los jóvenes en el 2021 y reto social muy importante para este nuevo gobierno.

– El que hasta ahora solo ha prometido mayor inversión en la educación universitaria (gratuidad), como si todos los jóvenes pudieran y quisieran ser ‘universitarios’, o hegemonía del imaginario de la universidad como el ‘deber ser’ de la educación superior, ignorando la importancia social y económica de la formación técnica, y programas de formación laboral, de la mayoría de la juventud.

La principal necesidad educativa del país es el desarrollo de modalidades de formación laboral, técnica, basada en cada municipio con suficiente densidad poblacional en los que hay cientos de miles de estudiantes del nivel medio y egresados en busca de oportunidades de formación.

El modelo de financiación sería tripartito: municipal, departamental y nacional, y complementado con aportes de empresas locales interesadas en la formación laboral de los jóvenes. Un buen ejemplo internacional es el modelo de los ‘community colleges’ vigente en muchos países. En nuestro caso el modelo sería de ‘Politécnicos Municipales’ y ‘Escuelas de Artes y Oficios’.

Y esta gran necesidad de formación de la juventud no puede ser satisfecha por las pocas IES técnicas y tecnológicas de la RedTTU. Las 30 IES de la Red, con una muy limitada cobertura de 135.840 estudiantes, son solo una pequeña solución al problema mayor de ofrecer cobertura a los cientos de miles de jóvenes de municipios pequeños e intermedios, carentes de cualquier oportunidad de formación laboral. Más de la mitad de los jóvenes menores de 18-24 años no recibe formación para la vida social, laboral y política como ciudadanos. Más de 3 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan, los NINIS..

Este nuevo contexto de ampliación y democratización de la cobertura, y de diversificación del tipo de instituciones de formación postsecundaria no puede ser abordado con una ‘reforma’ o maquillaje a la Ley 30, sobre todo en los artículos referidos a la financiación (artículos 86 y 87) y tampoco en los dedicados a la regulación de las instituciones de formación. Se requiere entonces una nueva legislación que de cuenta de estas nuevas necesidades de ampliación de la cobertura y de diversificación del tipo de instituciones, así como de nuevas modalidades de financiación tripartita entre los municipios, la región y la nación, además de los aportes del sector productivo. 

[1] Solo hay 6 instituciones técnicas oficiales y 21 privadas, y 6 tecnológicas oficiales y 40 privadas.

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