Mayo/26 En La Silla Vacía, el observador Orozco, presidente de Avanciencia, advierte que medir la ciencia por puntos y no por impacto distorsiona prioridades, desincentiva investigación relevante y debilita la calidad académica en Colombia. A propósito del 1279.
La pleonexia, término utilizado en particular por Platón y Aristóteles para designar el deseo desmedido de tener más de lo justo y necesario —especialmente a costa de los demás— describe una disposición moral que rompe el equilibrio social al priorizar el beneficio propio por encima de la equidad, la justicia y el bien común. Más que una simple ambición, la pleonexia es una forma de codicia estructurada que conduce a la injusticia, manifestándose cuando una persona busca ventajas excesivas sin considerar límites éticos ni responsabilidades hacia la comunidad.
Desde el Decreto 1444 de 1992, promovido por Guido Echeverri, hasta el Decreto 1279 de 2002, que impulsó Francisco Lloreda, es indudable el espíritu de buenas intenciones por estimular la productividad científica nacional y favorecer una carrera docente en las universidades del Estado, con incentivos que mejoren los ingresos salariales. Pero, como parece haber predicado el monje cisterciense francés del siglo XII, Bernardo de Claraval, “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.
Es cierto que las personas cuya pleonexia las condujo a encabezar los listados de los mejores pagados en el sistema de educación superior son una minoría, como muestra, por ejemplo, el análisis de Diego Torres y Camilo Younes de la Unal. Pero el incentivo en el 1279 genera efectos perversos sobre la ciencia, la ética académica y la sostenibilidad financiera de la educación superior. Hay un sistema de incentivos a la investigación científica por reevaluar, especialmente en la era de la inteligencia artificial y la fábrica de artículos. Es evidente que la obsesión por el volumen de publicaciones impulsada por los rankings, y convertida en moneda salarial, terminó por distorsionar el sentido mismo de la actividad científica y generó un camino de ardid para sumar puntos, plata y posiciones.
Vivimos en una era de sobreproducción científica global, pero en Colombia el problema se amplifica por un diseño normativo que premia puntos y no contribuciones sustantivas, en un fraccionamiento de políticas entre MinCiencias y el MinEducación. El 1279 ató incrementos salariales automáticos y vitalicios a la publicación, sin suficiente discriminación por calidad, impacto, pertinencia o integridad. El resultado ha sido una carrera por publicar, no necesariamente por resolver problemas de investigación ni por avanzar la ciencia mediante nuevas explicaciones de la realidad. La pregunta dejó de ser qué se investiga y para qué, y pasó a ser cuántos puntos produce un artículo. Este modelo alimentó malas prácticas como la fragmentación artificial de resultados, mafias y compraventa de coautorías, abuso de revistas de baja calidad y de editoriales depredadoras, plagio y fraude a la ciencia. El Publindex de MinCiencias, concebido para orientar la calidad editorial nacional mediante sus servicios de indexación y homologación de revistas internacionales, terminó por funcionar como un simple clasificador instrumental, acrítico, al servicio del ascenso salarial.
A esto se suma un problema fiscal y de equidad. Los incentivos del 1279 comprometieron una proporción creciente del presupuesto universitario en salarios individuales, reduciendo los recursos disponibles para financiar investigación, laboratorios, bibliotecas, formación doctoral y bienestar estudiantil. Se creó así una paradoja: un sistema que dice premiar la ciencia, pero que drena los fondos necesarios para hacerla posible. Además, como indicó la Contraloría General de la República, el pasivo pensional agrava la situación. En las tres principales universidades oficiales, el pasivo pensional supera los ocho billones, mientras que el aumento de puntos creció un 76% entre 2017 y 2024. Persistir en este diseño es social y políticamente irresponsable.
Por ello, la discusión no puede reducirse a los topes salariales, para que nadie gane más que quien ocupe la presidencia de la República —aun cuando hay cargos en Colpensiones y Fogafín con salarios más altos—. Estamos en el momento para ir más allá de la modificación al 1279 y partir de una premisa constitucional en la que he insistido: la educación fue definida en el artículo 67 de la carta política como un servicio público y, por tanto, la carrera académica, que es la base de ese servicio, debe contar con un modelo integral en función del bien público. Un modelo que esté basado en logros diversos, evaluados con criterios públicos, colegiados y exigentes, en el que la publicación científica sea una dimensión relevante, pero no la única ni la dominante. Necesitamos fortalecer un solo sistema de educación superior, independientemente de dónde provengan el patrimonio y los recursos de cada universidad, en el que tengamos unos parámetros comunes de calidad que corrijan la pleonexia y la arbitrariedad.
5 elementos para la discusión sobre un nuevo sistema nacional de carrera profesoral
Primero. Desmontar los incentivos automáticos vinculados al volumen de publicaciones. Tanto el efecto del 1279 como las recompensas de las universidades privadas han estimulado la cantidad, no la calidad, de la producción científica.
Segundo. Incorporar una política nacional explícita sobre ciencia abierta y el pago del Article Processing Charges (APC). El acceso abierto es un principio loable, pero sin regulación se convirtió en un nuevo negocio extractivo donde el cuestionamiento de corporaciones como Mdpi y Frontiers está abierto. Debemos definir lineamientos claros: qué se financia, en qué revistas, bajo qué estándares y con qué topes.
Tercero. Ampliar el sistema de reconocimiento de la carrera académica. La universidad no existe solo para producir artículos. La formación de estudiantes, la dirección de tesis, la creación de programas académicos, la transferencia de conocimiento, el desarrollo institucional, la divulgación científica, la incidencia en política pública, el emprendimiento y la investigación industrial deben contar de manera estructural en la evaluación y el ascenso profesoral más allá del CvLAC.
Cuarto. El incremento salarial debe darse por el ascenso en una carrera profesoral clara, predecible y de público conocimiento, no a la simple acumulación de puntos y la arbitrariedad del empleador. Ascender debe ser un acto académico mayor, sustentado en un portafolio integral de méritos, evaluado por pares internos y externos con idoneidad comprobada.
Quinto. Garantizar transparencia en los procesos de ascenso. Los argumentos de quienes aspiren a subir en la carrera profesoral deben ser públicos, al igual que los criterios de evaluación y las decisiones adoptadas. La opacidad ha sido caldo de cultivo para la desconfianza y el clientelismo académico que incentiva la pleonexia en la ciencia que debemos acabar.
