Bajo el título “Unidad para el sistema de educación superior: la financiación con equidad y un estatuto profesoral nacional”, el analista Luis Antonio Orozco (U. Externado de Colombia), invita a revisar los principios del sistema de educación.
La educación, como reza la Constitución Política en el artículo 67, “es un derecho y un servicio público” que, como función social, requiere muchos esfuerzos para ser incluyente. Sin embargo, el Sistema de Educación Superior (SES) está fraccionado y tiende a mayores rupturas entre las universidades oficiales y la gran disparidad entre las privadas conformadas por confesionales, fundaciones de orden laico y las controladas por familias. En investigaciones que hemos realizado para temas como la inclusión social en la educación superior se aprecian estas fracturas, cuando es de esperarse que las políticas nacionales estimulen convergencias en asuntos como la cobertura con calidad[1]. No se puede evidenciar un solo sistema, sino campos de luchas, en el sentido de Bourdieu, donde se compite por recursos y legitimidad. Miremos solo dos puntos que dividen al sistema: la financiación y la carrera profesoral.
Los experimentos para financiar estudiantes de pregrado con el programa Ser Pilo Paga demostró las tensiones y rupturas entre el Sistema de Universidades Estatales (SUE) y las privadas, esencialmente de élite. El debate centrado en que el Estado no debería financiar las universidades privadas, que incluye por supuesto a los créditos beca del ICETEX -de gran ayuda para la inclusión social en la educación superior-, llevó a la creación del programa Generación E que también fue objeto de fuertes controversias como mostró en su momento Aurelio Suárez para El Observatorio en la nota: ¿Generación E o-Generación-D? Es la contradicción. En este programa, como suele pasar, se cree que el diseño de la política es suficiente, ya que el resto, lo que los administradores llamamos gestión, es lo de menos, pero como mostró El Observatorio en la nota: Se vienen más problemas para la gestión del programa Generación E, es lo de más y es allí donde emerge el diálogo y el liderazgo para los cambios organizacionales e institucionales que crean gobernabilidad.
De otra parte, no solo la idea de Petro de que “crearemos un sistema nacional de educación superior a través del cual se fortalecerá la red de universidades públicas”[2], sino la propuesta de un acto legislativo radicado en agosto de 2022 que propone, con la creación de una Superintendencia de Educación, la modificación del artículo 69 de la Constitución Política que hoy indica que “El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas” para que quede “El Estado fortalecerá el desarrollo de las condiciones para la investigación científica en las Instituciones de Educación Superior oficiales” fraccionarían aún más el SES. Finalmente, como ha indicado El Observatorio, ya se habla de la reforma a la Ley 30 que no logrará Gaviria dado que el gobierno Petro se ha enfocado en retomar la larga discusión a la modificación de los artículos 86 y 87 sobre la asignación presupuestal del SUE y no a mirar el SES como un todo.
Otro de los grandes problemas y fuente de división entre las universidades está en la carrera profesoral y el manejo de las asignaciones de tareas, roles y remuneraciones, donde impera en muchos casos la arbitrariedad y la corrupción. La autonomía universitaria permite que los administradores de las universidades busquen formas para competir, en términos de atraer y mantener los mejores profesores. Sin embargo, la situación para los profesores es insostenible al no haber una visión clara sobre una carrera profesoral digna. Existen muchos incentivos perversos y gran disparidad en las asignaciones laborales según el tipo de universidad, como se puede ver en el caso de las compensaciones por publicaciones como he mostrado en El Observatorio. Queremos calidad, pero eso no se logra si no tenemos unas condiciones mínimas, así como equidades y políticas de justicia organizacional en la actividad profesoral. No podemos pensar en calidad si no creamos los mecanismos para frenar las mafias, las nóminas paralelas y honorarios injustificados de docentes que se les paga pero no dictan, o que se usan para comprar la producción académica, y en general la corrupción, que como sabemos con casos como el de Tito Crissien que hizo de la Universidad de la Costa un negocio y un centro del plagio, se ha llegado a involucrar hasta el crimen organizado como muestra el caso de la Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad de Cartagena y la Universidad Sergio Arboleda[3].
Necesitamos acabar con el desangre de recursos públicos “legalizados” al amparo del Decreto 1279/2002 como muestra El Observatorio y una discusión nacional sobre los criterios que nos permitan tener un concepto de profesor, las actividades que le son propias y las formas de remuneración y compensación con equidad y justicia. Implementar un estatuto profesoral implica desmontar privilegios, exorbitantes ingresos, formas de cooptación de los órganos de gobierno universitario y cargos administrativos, así como dar vida a la noción legal de trabajo igual, salario igual. La presión por publicar para llenar indicadores en los escalafones y acreditaciones, aunado a la proliferación de editoriales y revistas depredadoras ha estimulado la formación de mafias que generan ingentes rentas, como ya se ha expuesto en numerosos casos, acudiendo al fraude a la ciencia[4]. No solo en la publicación hay corrupción, también en el manejo de programas de posgrado y la concentración de clases, que se remuneran de forma adicional a la carga docente. Directores de programas que asignan clases de forma desproporcionada a sí mismos, a sus cónyugues y amigos, y otorgan masivamente direcciones de trabajos de grado que también cobran, sin duda generan detrimento a la calidad y al mismo sistema. Finalmente, la consultoría sufre por problemas que se pueden asociar a la colusión, donde el profesor presenta a la universidad y a su firma a la misma licitación, o le sugiere al cliente que lo contrate directamente ya que la consultoría con la universidad es más cara y en cualquier caso es él quien realizará el trabajo.
La reforma a la Ley 30 no es solo un asunto de redactar un articulado en torno a los retos de futuro, que limpie zonas grises como puede ser el tema de los posdoctorados, que fortalezca prácticas de buen gobierno en las universidades, que genere mejores mecanismos de transparencia y control. Hay que abrir un diálogo nacional y trabajar todos juntos en las transformaciones al interior de las universidades, como lo hacemos, por ejemplo, en el proceso de democratización que ha liderado el profesor Eric Tremolada desde 2018 en el seno del Consejo de Profesores de la Universidad Externado de Colombia, donde trabajamos entre otros asuntos la reforma estatutaria para una gobernanza compartida y un estatuto profesoral que brinde las condiciones para una carrera académica digna. El proceso en el Externado se ha hecho fundamentado en el diálogo y la participación, en las discusiones académicas con respeto a las controversias y disentimientos, en el que se ha posicionado la democracia y el criterio de los argumentos. El proceso de transformación liderado por el rector Hernando Parra, hace parte de un movimiento que es necesario impulsar en el país para que las universidades, públicas y privadas, se piensen desde adentro, desde sus responsabilidades con el entorno y desde su rol como parte de un solo SES.
Quiero invitar al debate sobre la idea de contar con unos procedimientos unificados en todo el SES para reconocer qué hacemos los profesores, qué cargas debemos asumir y cuáles son los mínimos que determina una carrera académica en función de las tres misiones universitarias. Si desmontamos el pago por publicaciones, cerramos el pago de los article processing charges (APC) para frenar las depredadoras[5], depuramos el Publindex, creamos un nuevo modelo de medición científica común para el MEN y MinCiencias, y reconocemos una visión integral de la labor del profesor, que formalice a los denominados profesores ocasionales, donde no tengamos docentes abrumados por la voluminosa asignación de clases ni tampoco docentes que no se arriman a los pregrados, y se les dé tiempo para la investigación y las labores de extensión, se pueden crear nuevas formas de evaluación para un estatuto profesoral justo para todos. Más allá de la cienciometría, que es necesaria, requerimos estructuras organizacionales de evaluación colegiada, con criterio para reconocer y valorar la actividad del profesor para los asensos en su carrera en función de sus contribuciones a la misionalidad de la educación superior.
En los acuerdos de Bolonia que buscan la consolidación de un Espacio Europeo de Educación Superior, las universidades y los ministerios de educación de la Unión Europea han armonizado el Sistema Europeo de Formación Superior para tener un marco de fácil homologación para las titulaciones, los créditos y los tipos de programas. Así mismo, establecen mecanismos que promueven la cooperación y la integración de las universidades, creando las condiciones para un único sistema de educación superior. Uno de los principios de la Declaración de Bolonia es la remoción de barreras y promoción de la movilidad para el ejercicio libre de la docencia. En este marco, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) propuso nuevas reglas de juego para las metodologías docentes se centren en el aprendizaje basado en competencias. Queda claro que, para formar gente competente, es necesario implementar metodologías para la solución de problemas, y eso se logra cuando se involucran las actividades de investigación científica con una orientación práctica al servicio a la sociedad. De esta forma se integran las tres misiones universitarias en la actividad profesoral.
¿Podríamos al menos para Colombia iniciar la discusión sobre unos mínimos fundamentales de un estatuto profesoral nacional que respondan a los retos del futuro, a la unificación del SES con sus formas de financiación y a la dignidad de la actividad universitaria que dirima los riesgos de corrupción en todos los ámbitos? Necesitamos un impulso político decisivo para una transformación integral que unifique el SES y lo armonice con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), de cara a los retos de futuro en la cuarta revolución industrial, la postpandemia, el cambio climático y la transición energética, entre otros asuntos que se pueden enmarcar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
[1] Ruiz, Bonilla, García y Orozco (2021). A Classification Model to Analyze Inclusion in Higher Education Systems: An Approximation from Contingency Theory. En: Science, Technology and Higher Education: governance approaches for social inclusion and sustainability in Latin America | SpringerLink
[2] Ver Programa de Gobierno Gustavo Petro.pdf – Google Drive – numeral 3.1.3 (pág, 31)
[3] Alias Otoniel salpica en casos de corrupción a las universidades de Cartagena y Sergio Arboleda
[4] Las “habilidades” de ciertos investigadores para aumentar su visibilidad, afectando a sus IES – El Observatorio de la Universidad Colombiana
[5] Ver al respecto la posición de Juan Pablo Alperin en Why I think ending article-processing charges will save open access en Nature
