Mayo 3/24 A falta del acta firmada, se llegó el día para el nuevo rector y este se posesionó en una notaría. La ministra lo desconoce, pide que la exrectora Montoya siga mientras tanto y la violencia y la polarización aumentaron en la Nacional.
Tras casi mes y medio desde que, en una polémica sesión, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, decidió elegir como rector en propiedad a José Ismael Peña Reyes, para suceder a Dolly Montoya, se llegó la fecha de la posesión de éste y la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, así como las dos delegadas del presidente Petro (María Alejandra Rojas Ordóñez y Danna Nataly Garzón Polanía), no suscribieron el acta que oficializa la designación.
Dicha acta fue firmada por los otros cinco consejeros (que configuraron la mayoría para dar legalidad a la elección), y con ello el nuevo rector se llenó de argumentos legales tomar posesión, con algunos testigos (entre ellos el exrector Fernando Sánchez Torres) en la Notaría 14 de Bogotá (ver fotos). Peña se justifica en la Ley 4, de 1913, que señala que es deber de todo funcionario público designado tomar posesión y que si “la autoridad correspondiente se negare, sin causa legal, a dar posesión a un empleado cuyo nombramiento emane de otra, aquel puede posesionarse ante cualquier empleado que ejerza autoridad o jurisdicción, o ante dos testigos, dando cuenta de ello a quien le hizo el nombramiento”.
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La ministra emitió un comunicado en el que desconoce la posesión de Peña – Reyes, insiste que el acta debe registrar las observaciones del Ministerio en la sesión de designación, y dice que “el vencimiento del periodo de la actual rectora no afecta la continuidad de la universidad por cuanto en este caso se aplica el artículo 281 del Código de Régimen Político y Municipal, que establece que “ningún empleado administrativo dejará de funcionar, aunque su período haya terminado, sino luego [de] que se presente a reemplazarlo el que haya sido nombrado para el efecto, o el suplente respectivo”. Además, vía tutela, ha pedido que se le entregue toda la grabación de la sesión.
Lo que pasa es que la hoy exrectora Dolly Montoya Castaño (quien terminó su periodo el 1 de mayo), renunció como profesora de la Universidad, con la terminación de su segunda rectoría, para pensionarse, lo cual le fue aprobado. La exrectora no ha dicho nada sobre la situación.
Entre tanto, mientras todo esto pasaba, encapuchados afectaron, una vez más y después de varios días seguidos haciéndolo, la movilidad en los alrededores de la sede Bogotá, dañando mobiliario humano y luego escondiéndose de la Policía dentro del campus, en donde -según las denuncias- habrían obligado a guardas de seguridad a tomar gasolina. En Medellín también hubo disturbios. Eso llevó a que Peña-Reyes, ya posesionado (o autoposesionado, como se quiera leer), pidiera al Gobierno intervenir para garantizar la integridad de la comunidad universitaria.
La situación actual
Lo cierto es que en este momento para el gobierno nacional la rectora debería ser Dolly Montoya, pero Peña-Reyes ya comenzó a actuar como nuevo rector y el Consejo Superior no logra comunicarse directamente (en vez de hacerlo por Twitter), para tomar una decisión al respecto y que debería moverse entre ratificar la designación de Peña o revocar el proceso (volver a votar o repetir todo). Algunos consideran que, entre tanto, debería nombrarse a un vicerrector como rector (e).
Tras el comunicado del Ministerio de Educación, Vergara Figueroa, convocó por redes sociales a una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, que al momento no se ha realizado.
Peña-Reyes dice que desde su designación ha intentado hablar con la ministra, y que esto no ha sido posible.
Críticas de lado y lado
Tal vez la ministra Aurora Vergara tenga razón en sus reparos a la elección y posesión de José Ismael Peña-Reyes como rector, pero los tiempos y las formas como lo ha hecho no responden a las de la presidenta del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia.
En vez de intentar conciliar, ha tomado una abierta posición en contra de la designación de Peña-Reyes, pegada a un argumento de forma y no de fondo. Justifica su no firma del acta en que ésta “no consigna de manera íntegra y transparente las discusiones, constancias y sentido de las votaciones que se dieron en el marco de la elección, como lo define el artículo 20 del Acuerdo 019 de 2022”. El acta que hoy se conoce registra las intervenciones, con nombre propio, de la ministra y las dos designadas. A los otros cinco consejeros que intervinieron no se les identificó por nombre cuando lo hicieron.
Si se hacen las correcciones al acta como pide Vergara, la ministra (que, siendo la presidenta del Consejo Superior, no gerenció la firma del acta y permitió que se venciera el periodo de Montoya para “echar leña” al fuego), se quedaría sin argumento y tendría que aceptar que Peña-Reyes, es el rector legal.
Además, cuatro de los cinco consejeros que votaron por Peña-Reyes le han dicho a la ministra que autorizan a que, en el acta, se levante la reserva sobre los nombres en cada intervención y que se publique el acta final, con lo que desarmarían el argumento de Vergara Figueroa.
Esto, salvo que aparezca, desde el gobierno, alguna nueva idea para justificar su abierto interés de favorecer a Leopoldo Múnera, el candidato ganador en la consulta pero derrotado en el Consejo Superior, en una polémica metodología (conocida como el método Borda o identificada, en el CSU como “voto múltiple ponderado”), hábilmente propuesta por el exrector Mantilla para descartar el nombre de Múnera, y que la ministra y las designadas de Petro, inocentemente compraron y aceptaron.
La ministra, caracterizada por pocas palabras y poco espíritu combativo, subió el tono frente a este caso, un día después que el presidente de la República pidió a sus ministros ser más aguerridos en la defensa de su proyecto político, o que de lo contrario debieran pensar en salir del gabinete.
Algunos críticos de la ministra consideran que ésta podría haber incurrido en prevaricato por omisión. Según la ley, en la administración pública colombiana este es un delito que consiste en la negligencia, retardo, omisión o denegación de un acto propio de las funciones del servidor público (¿no firmar el acta?)
Para reflexionar, la opinión del excandidato a rector, Leopoldo Múnera, a propósito de toda esta situación: “Quienes se consideran los baluartes de la institucionalidad y la autonomía están llevando a la Universidad Nacional de Colombia por el camino de la ilegalidad y la profundización de la crisis sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos”.
