Enero 28/25 El Sistema Universitario Estatal (SUE) lanzó una advertencia al Gobierno Nacional tras analizar la propuesta del Ministerio de Educación de reconocer sólo un incremento del 7,1 % en el valor de las matrículas cubiertas por la política de gratuidad para 2026.
Según la Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros, ese porcentaje es insuficiente y desconoce el impacto real del aumento del 23 % del salario mínimo, decretado para este año.
El debate no ha tenido respuesta formal del Ministerio y cada universidad pública ha debido, sola, realizar los ajustes según su propia complejidad financiera.
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Un desbalance que profundiza el déficit
El SUE sostiene que la propuesta del Gobierno no guarda relación con la estructura de costos de las universidades públicas, altamente indexada al salario mínimo. Hay algunas universidades públicas en las que está definido que el aumento en la matrícula debe estar condicionado al incremento legal del salario mínimo.
Para las universidades, a través de una comunicación firmada por Fernando Noreña Jaramillo, coordinador de la Comisión de Vicerrectores del SUE, es inviable que el MEN pida un aumento de solo el 7,1 %, pues desconoce el impacto en el aumento de rubros que están indexados como, por ejemplo: nómina de docentes catedráticos (Incremento se ve reducido por el aumento en la Seguridad Social, lo que generará solicitudes a las Universidades de aumentos mayores que cubran estos incrementos); contratistas de apoyo (incremento que también se ve reducido por el aumento en la Seguridad Social, lo que generará solicitudes a las Universidades de aumentos mayores que cubran estos incrementos); aseo, vigilancia y seguridad; servicios públicos; dotación; auxilios de Transporte; bonos de alimentación y/o servicio de cafetería; servicios de transporte y tiquetes; adquisición de servicios en general, pues dicen que gran parte de la cadena de suministro universitaria depende de empresas que se ven impactadas por la mano de obra remunerada de acuerdo con el mínimo legal; y acuerdos sindicales, convenciones colectivas, becas y otros apoyos.
Esto, advierte el SUE, generaría un déficit automático, tanto para 2026 como para los años siguientes, pues los costos crecerían tres veces más rápido que los ingresos reconocidos por el Gobierno.
Críticas a la interpretación del Gobierno sobre la gratuidad
El SUE cuestiona que el MEN (en su esfuerzo por defender las decisiones presidenciales del aumento exagerado del salario mínimo pero sin el directo aumento en bienes y servicios que debe adquirir la ciudadanía, para que no se pierda la capacidad adquisitiva) pretenda ajustar el reconocimiento de matrículas por razones de liquidez, cuando la ley exige que los recursos provengan de fuentes adicionales y no comprometan la sostenibilidad institucional.
Para su crítica se basa en la Ley, y señala que:
“La política de Gratuidad en la matrícula fue establecida mediante la Ley 2155 de 2021 y la Ley 2307 de 2023, y reglamentada mediante el Decreto 2271 de 2023, en donde se dispone en el artículo 4 de la Ley 2307 de 2023 que su Financiación estaría a cargo del Presupuesto General de la Nación, y en el Parágrafo 1 determina que “en ningún caso lo aquí dispuesto podrá afectar los presupuestos anuales, ni las transferencias que por ley se realizan a las IES y su financiación será exclusivamente proveniente de recursos adicionales dispuestos por el Gobierno Nacional para dar cumplimiento a esta Ley”.
Adicionalmente, el Decreto 2271 de 2023 determina en el parágrafo 1 del artículo 2.5.3.3.5.3 que “la matrícula ordinaria neta corresponde al valor inicialmente liquidado por las IES
públicas por concepto de matrícula, menos la aplicación de los descuentos o apoyos a los que el estudiante tenga derecho tales como: ejercicio del sufragio, becas, apoyos de las entidades territoriales y de las mismas instituciones de educación superior públicas u otras fuentes o conceptos Este valor no incluye el pago de derechos pecuniarios por cursos intersemestrales, derechos de grado, cobros complementarios, extraordinarios, extemporáneos administrativos, ni ningún otro derecho pecuniario o concepto que no esté explícitamente contemplado en el presente reglamento”.
Así, se hace necesario precisar que es una obligación estatal atender lo establecido en la Ley 2307 de 2023 y el Decreto 2271 de 2023. Cualquier medida tomada sobre la disponibilidad debe encaminarse sobre los controles y metas de crecimiento en el número de nuevos beneficiarios (ampliación de cobertura adicional) y no sobre los estudiantes que ya cuentan con el beneficio y sus condiciones actuales”.
Autonomía universitaria en riesgo
Otro punto crítico es la advertencia sobre una posible vulneración de la autonomía universitaria. El SUE afirma que los Consejos Superiores son los únicos facultados para fijar derechos pecuniarios y que sería “imprudente” aprobar un incremento inferior al necesario sin garantías de compensación estatal.
El análisis del SUE advierte que “sería violatorio de la autonomía universitaria que el Gobierno Nacional pretenda cambiar la forma de reconocimiento en el valor de la matrícula de los programas académicos; y a su vez sería una imprudencia administrativa que los CSU aprobaran una reducción en el crecimiento de sus ingresos sin tener asegurada la compensación de los costos que el propio Gobierno Nacional ha incrementado mediante el decreto del salario mínimo”.
El contraste central: 7,1 % vs. 14 %
En un intento para hallar una solución intermedia, el SUE sugiere que el aumento sea del 14%.
Tras revisar los impactos financieros, varias universidades estiman que el incremento mínimo que permitiría mantener el equilibrio presupuestal es del 14 %, cifra que combina:
- IPC del 5,1 %
- Más un 8,95 % derivado del diferencial entre el aumento del salario mínimo y la inflación
Ese 14 % —según el SUE— representa un punto medio entre el esfuerzo de las universidades por acompañar la coyuntura fiscal del Gobierno y la obligación del MEN de cubrir los mayores costos generados por su propia decisión macroeconómica.
Propuestas del SUE para evitar la crisis
El documento plantea dos salidas:
- Redirigir entre 2 y 4 puntos de los recursos destinados a ampliación de cobertura para cubrir el mayor costo de las matrículas.
- Reconocer un incremento del 14 % en el valor de las matrículas financiadas por gratuidad, como medida excepcional para 2026.
El SUE insiste en que cualquier ajuste debe quedar expresado en términos de salario mínimo para evitar que las universidades pierdan capacidad de indexación en el futuro.
Un mensaje final al Gobierno
La Comisión concluye que las universidades no pueden asumir solas el costo del aumento del salario mínimo ni la falta de liquidez del Estado. Por eso, pide un acuerdo “bidireccional” que respete la ley, garantice la sostenibilidad institucional y evite que la política de gratuidad termine debilitando a las mismas instituciones que pretende fortalecer.
