Feb 6/22 Desde diciembre, Daniel Ortega ha ordenado su cierre. Para el gobierno han incumplido formalismos legales, y para las IES es una forma de acallar voces críticas del primer mandatario.
Al menos 14.000 estudiantes, cientos de académicos y otros trabajadores y colaboradores que se disponían a retornar a las universidades en Nicaragua en la segunda semana de febrero, siguen este sábado en el limbo después de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ordenara el cierre de sus centros de estudios o labores.
Entre las instituciones cuyos registros fueron cancelados por parte del Ministerio de Gobernación hay cuatro originarias de Estados Unidos, dos de Costa Rica y una de Panamá, que estaban registradas como organismos sin fines de lucro.
El Gobierno dijo que los centros de estudios incumplieron sus obligaciones. Entre ellos el no reportar por más de 10 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones (origen y beneficiario final).
Además, no reportaron sus juntas directivas del país de origen, las donaciones previas provenientes del exterior ante el Departamento de Asociaciones, y carencia de documentos de identidad de sus directivos, representante legal en Nicaragua y proveedores de fondos.
Entre las universidades canceladas de origen estadounidense están la Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Wake Forest University y la Corporación Universidad de Mobile.
Las dos de origen costarricense ilegalizadas son la Asociación Universidad Thomas More (UTM) y la Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (Ucem). En tanto, la de origen panameño es la Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado.
Las universidades nicaragüenses cerradas son: la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y Universidad Paulo Freire (UPF).
A mediados de diciembre, el Parlamento canceló la personalidad jurídica de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y luego hizo lo mismo con la Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (Fumlac).
Por ahora los estudiantes y académicos no saben qué va a pasar con sus universidades y estudios.
El estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU), rector de la educación superior, buscó dar tranquilidad al informar que garantizará la «continuidad de la educación». Pero solo encontró eco en los sindicatos de estudiantes afines al Gobierno.
En el registro del CNU aparecen como “universidades legalmente establecidas” 50 instituciones.
El rector de la Universidad de Paulo Freire (UPF), Adrián Meza, que se exilió en Costa Rica después de que ilegalizaron su centro de estudio, por motivos de seguridad, aseguró que en varias ocasiones intentó entregar sus informes ante el Ministerio de Gobernación, donde no se los recibieron, porque, a su juicio, ya había una orden de cerrar las universidades.
Las universidades jugaron un papel clave en las protestas, desde 2.018, contra el gobierno de Daniel Ortega.
Cierre de universidades en Nicaragua es ilegal
Para el abogado nicaragüense Yader Morazán la cancelación es ilegal. Las universidades «tenían hasta el cierre del año fiscal para presentar sus estados financieros. Es decir, hasta el 28 de febrero» próximo.
Incluso con fallas, la ley manda a corregir, pero no al cierre, apuntó.
Morazán recordó que, de acuerdo con la legislación nicaragüense, el CNU no está facultado para administrar universidades.
«Nuestra Constitución es clara en señalar y reconocer, no solo la autonomía universitaria, sino que los bienes y rentas de las universidades no pueden ser objeto de intervención ni expropiación», explicó, por su lado, la experta constitucionalista María Asunción Moreno, para quien el Estado está prácticamente confiscando las universidades privadas ilegalizadas.
Gobierno nicaragüense quiere controlar las universidades
Para algunos estudiantes el trasfondo del cierre de universidades está relacionado a un supuesto temor del presidente Ortega por perder el poder, que ostenta desde 2007, tras haber gobernado entre 1979 y 1990.
Desde la cancelación de las universidades ningún estudiante, docente, ni empleado, ha podido pasar de los portones. Y que los guardas de seguridad amenazan a los visitantes con llamar a la policía. Agentes, uniformados y civiles, rondan los campus y detienen a quienes estiman conveniente.
Los universitarios han optado por la prudencia por temor a ser arrestados, expulsados de sus centros de estudios, se les elimine su historial académico, o se les prohíba retirar sus certificados. Tal y como ocurrió con cientos de estudiantes que participaron en las protestas contra Ortega en 2018.
Las universidades canceladas forman parte de unas 87 organizaciones a las que el Parlamento nicaragüense ha despojado de sus personalidades jurídicas desde diciembre de 2018.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018. La cual se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre. En las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Las cifras de matrícula en Nicaragua no son precisas ni actualizadas, y no se hallan informes que engloben los datos de todas las IES. La proyección de la matrícula en pregrado se estima por el orden de los 150 mil estudiantes, en un país con 6.6 millones de habitantes.
Información adaptada del diario El Nacional y agencias de noticias y El Observatorio
