Julio/25 A propósito de la reflexión sobre lo que pasa en la U. Nacional de Colombia, Yepes Ocampo, profesor de la U. de Caldas, comparte y discrepa las consideraciones que hace al respecto el exrector Moisés Wasserman.
LA RECUPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD – UNA RESPUESTA A MOISÉS WASSERMAN
¡No es lo mismo un hospital que una universidad!
El diario El Tiempo, en su columna de opinión del pasado jueves 10 de julio de 2025, publicó un escrito del profesor Moisés Wasserman titulado: “Universidad tomada” (replicado por El Observatorio de la Universidad Colombiana), en la cual centra su reflexión sobre lo que incorporó en el subtítulo del escrito: La constituyente de la UN está dirigida a que la elección del rector sea exclusiva para ‘miembros de la comunidad’ . Al respecto, y a partir del conocimiento y experiencia que he acumulado en los escenarios de la educación superior por un poco más de tres décadas, me veo en la obligación de pronunciarme desde lo que considero un imperativo ético y, a la vez, una obligación política y moral como académico; pero, ante todo, debo advertir que mi calidad de ciudadano -comprometido con los asuntos públicos y el destino de la nación- es lo que en últimas me ha estimulado a escribir estas líneas que pongo a consideración, no sólo de las comunidades universitarias del país, sino y en especial a consideración y revisión crítica de quienes hacen parte del constituyente primario como pueblo soberano (Art. 3, C.P. de Colombia).
Cuestionamiento a la Constituyente de la UNAL – Moisés Wasserman
Con el profesor Wasserman no es la primera vez que tengo diferencias conceptuales, asunto que valoro profundamente porque el pluralismo, la libertad de pensamiento y la posibilidad de discrepar hacen parte, entre otras, de sistemas y regímenes democráticos, altamente consolidados, que no dejan de ser una aspiración por lo menos en el contexto latinoamericano. Sólo por mencionar una de nuestras controversias, por allá en el año 2018, cuando las comunidades universitarias nos movilizamos exigiendo presupuesto público decente para la financiación de las IES (lo cual condujo finalmente a la firma de los Acuerdos con el gobierno de Iván Duque y su ministra de Educación María Victoria Angulo), sostuvimos con hilaridad un edificante debate en los claustros de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; para resumir el meollo de la cuestión, nos separamos diametralmente en la postura respecto a los terrenos en los cuales se debían reclamar los derechos dentro de una democracia. Para el profesor Wasserman, el escenario de la institucionalidad era el más válido, legítimo y quizás único posible para la reivindicación de derechos; desde su personal mirada, era el Congreso de la República -en el marco de un modelo representativo de democracia- el único órgano que debía tramitar los reclamos ciudadanos. Para mí, muy por el contrario, en virtud de las precariedades de la democracia representativa, el escenario ideal y práctico para gestionar las demandas populares era su nicho natural: la plaza pública, el espacio más abierto, el foro más expedito y el escenario más transparente donde se podían alzar las voces y conquistar lo que la “institucionalidad” había negado históricamente.
Pero de vuelta al centro de esta reflexión, considero que la preocupación del profesor Wasserman respecto a lo que, desde su parecer, llama desaparición del pensamiento crítico en su querida Universidad Nacional, debería ser todo lo contrario, un motivo de regocijo. Un “proceso constituyente” universitario es precisamente el escenario ideal, el más preciado que puede hallarse para debatir el futuro, no solo de la UN, sino del resto de universidades públicas del país, en cuanto se trata de rehacer lo que se hizo mal y mejorar lo que ha funcionado bien. Más allá del término a utilizar, “constituyente”, “estatuyente”, “reforma estatutaria”, “transformación de institucionalidad”, o cualquiera otra denominación, en lo que estamos de acuerdo quienes creemos en la necesidad de cambio es en que la forma y el fondo de lo que ha acontecido con las dinámicas de la educación superior, a partir de la expedición de la Ley 30 de 1992, no ha funcionado bien en su totalidad.
Temas tan sensibles como la autonomía, los principios y objetivos de la educación superior, el gobierno universitario, la financiación pública de la educación superior ofrecida por el Estado, los campos de acción, programas, funciones misionales (docencia, investigación, proyección), la acreditación de programas e instituciones, la inspección y vigilancia, el régimen de vinculación de docentes, el bienestar universitario, el cambio demográfico y la reducción de grupos etarios que buscan la universidad, el futuro de la educación superior para un mundo que ha mutado ostensiblemente (con los retos de la IA, el cambio climático, la desigualdad, entre otros) y un sinnúmero de asuntos vitales que bien pueden denominarse retos y dilemas de la educación superior, podrán hacer parte de ese formidable espacio de discusión para rehacer el camino de las universidades en Colombia.
Una “Constituyente” o una “Estatuyente” (que no es un tema de debate únicamente en universidades públicas), desde mi particular mirada, es la ocasión más especial e importante para redefinir el rumbo del sector de la educación superior que reclama políticas acordes con los tiempos que corren. Coincido con usted profesor Wasserman en que “No todo es política”, pero déjeme decirle que todo se desprende de ella. Y esta afirmación, quizás sesgada por mi formación en el campo de las ciencias sociales y humanas, bien puede someterse a prueba si la formulamos a manera de hipótesis. En mi caso, desde la ciencia política y disciplinas afines, todo demuestra y comprueba que el ejercicio de poder, las relaciones de poder, la forma en que se organiza y distribuye ese poder, el uso legítimo o ilegítimo del mismo, ha determinado el destino de las sociedades en su conjunto. La misma economía se ha constituido en variable dependiente de la política. La ciencia, en sentido lato, en su versión más impecable o pura, también está imbuida de intereses, ideologías y ejercicio de poder. No existe una cosa que se pueda denominar ciencia aséptica, en el sentido de objetividad absoluta -o conocimiento producto de indagación rigurosa- que esté libre de la contaminación de intereses. Un simple paneo sobre las diferencias norte/sur, respecto a los avances científicos, da cuenta de las asimetrías fundadas en la política (reitero, ejercicio de poder). A manera de ejemplo, en el periódico UNAL, del 22 de octubre de 2024, Camilo Younes, al referirse a temas de esta naturaleza, en el artículo “Claves de la crisis de la financiación en ciencia, tecnología e innovación en Colombia”, comienza su escrito con la siguiente cita: “Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”, esta frase del médico argentino Bernardo Houssay, Nobel de Medicina 1947, es el mejor preámbulo para empezar a discutir sobre la importancia de la inversión en ciencia y tecnología en un país como Colombia, que invierte menos del 0,3 % de su producto interno bruto (PIB) en este importante renglón de la economía”. Pregunto: ¿Quiénes toman las decisiones sobre inversión en ciencia, tecnología e innovación? Los políticos (el presupuesto nacional se aprueba en el Congreso, por iniciativa del gobierno). Pero se pueden incluir infinidad de áreas en las cuales incide la política como variable independiente, verbigracia en el ámbito de las relaciones internacionales (guerras por demás injustificables, genocidios infames sin juez alguno que los penalice, división internacional del trabajo, etc.), o en las luchas por la hegemonía económica (pujas arancelarias entre centros de poder y periferias, costos de externalidades que los mayores generadores de contaminación no asumen, dominios tecnológicos sofisticados que procuran someter al resto del planeta, etc.), o en las guerras culturales que se desatan a nivel planetario (narrativas o relatos que buscan imponer visiones del mundo para justificar la expulsión de migrantes o consolidar desigualdades, discursos que procuran subyugar a poblaciones enteras al descalificar sus valores y creencias, etc. ), en fin, tantos otros frentes que resulta imposible mencionarlos todos en este texto.
Incurre en error descomunal el profesor Wasserman al decir: “Creo que pocos estarían de acuerdo con que los médicos y los pacientes eligieran al director del hospital, o que los trabajadores del Banco de la República nombren al gerente. Hay instituciones en las que el mérito y las capacidades singulares son más importantes que un logro político. Hay que enfatizar que introducir elecciones es meter la política a la universidad, y la política se hace como se hace la política: con ofertas, negociados, engaños y cosas peores ”. Sobre el particular le digo que muy pocos estarían de acuerdo con usted en tamaño despropósito, me refiero a la pretensión de asemejar la elección del director de una institución hospitalaria o del nombramiento del gerente del Banco de la República, con los procesos de escogencia de los rectores o rectoras en las universidades. El ethos universitario difiere, de lejos y en lo fundamental, de las lógicas que operan en los ámbitos por usted mencionados. Pero más allá de la sana crítica a la errática y desafortunada comparación efectuada por el profesor Wasserman, le pregunto: ¿Cree usted en que la elección de rectores non es de carácter político? Mejor aún: ¿Considera que han sido el mérito y las capacidades las que se han impuesto al momento de escoger rectores(as)? Si usted cree esto, entonces indudablemente vivimos en países y sociedades distintas. No ha habido elección alguna de rectores(as) en Colombia que no haya pasado por los filtros de la política. ¿Acaso los consejos superiores no están compuestos por integrantes de diversa naturaleza que procuran intereses que no son propia y exclusivamente académicos? ¿Cree de verdad que, en las universidades, al momento de elegir rectores(as), no se cuecen habas que incluyen lo que usted denomina “ofertas, negociados, engaños y cosas peores”? Pues déjeme decirle que hice parte durante doce años del Consejo Superior de la Universidad de Caldas y, durante esos seis periodos (de dos años cada uno con ciclos de intermitencia), presencié multiplicidad de ocasiones en que los intereses estrictamente académicos quedaban a la vera del camino, porque se imponían los de naturaleza distinta, es decir, política. La democracia deliberativa, mejor que la representativa y la participativa -que no dejan de ser modelos importantes para determinados contextos- abre los espacios para que los directamente afectados por una decisión puedan hacer parte de las discusiones, con el filtro indispensable de la argumentación. Son los profesores, los estudiantes, los egresados y los actores clave de la vida universitaria los llamados a debatir sobre el destino de sus instituciones. Ello incluye profundizar los rasgos de la democracia para alcanzar la verdadera autonomía universitaria eligiendo, entre otras, a sus autoridades administrativas.
Respecto al alcance de una Constitución, llamo la atención sobre lo que el prestigioso teórico prusiano, Ferdinand Lasalle, consideraba en su libro ¿Qué es una Constitución?: “He ahí, pues, señores, lo que es, en esencia, la constitución de un país: la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país. ¿Pero qué relación guarda esto con lo que vulgarmente se llama Constitución, es decir, con la Constitución jurídica? No es difícil, señores, comprender la relación que ambos conceptos guardan entre sí. Se toman estos factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y, a partir de este momento, incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas, y quien atente contra ellos atenta contra la ley, y es castigado”. Los Estatutos de una Universidad son, en esencia, su Constitución, factores reales de poder que definen, trazan o determinan lo que será su futuro. Así las cosas, ¿no es momento acaso para reconfigurar el contenido estatutario de las universidades públicas a partir del debate crítico, riguroso, pero también sereno, sobre esos factores reales de poder que siempre han estado presentes en los claustros universitarios? Considero que este es el momento preciso, no sólo para la UN, sino también para el resto de universidades del país.
En relación con el mérito como factor primordial en la educación superior, creo que efectivamente es trascendental su valor, no obstante, trabajos específicos como el desarrollado en 2020 por el profesor experto en filosofía política, Michael Sandel (La tiranía del mérito, ¿Qué ha sido del bien común?) de la Universidad de Harvard, pueden dar pistas sobre lo que muchos denominan el fracaso del sistema meritocrático que, en lugar de procurar sociedades más orientadas hacia el bien común, las dirige estrepitosamente al egoísmo, la desigualdad extrema y la polarización. Desde mi perspectiva, democracia y mérito no son mutuamente excluyentes. La universidad, como institución patrimonio de la humanidad, es en sí misma un microcosmos, un espacio vital en el que concurre la nación entera; está atravesada por los grandes dramas del país (corrupción, pobreza, violencia -incluida la de género-, intereses de clase, exclusión, desigualdad, politiquería, impunidad, desempleo, desconfianza en las instituciones), pero también confluyen en ella aspectos profundamente esperanzadores (formación ética y ciudadana, generación y aplicación de conocimiento al servicio de la sociedad, discernimiento y exposición libre de las ideas, participación y pluralismo político como factores fundamentales de la democracia, respeto por las ideas ajenas, afán por la ilustración en el mejor de los sentidos kantianos).
Para finalizar pregunto: ¿Acaso en universidades que supuestamente han aplicado el principio del mérito, no campean fenómenos perturbadores como la perversa diferenciación entre profesores de carrera y los mal llamados ocasionales y catedráticos? ¿Acaso los actores de la política tradicional no se han tomado las universidades para sus mezquinos intereses burocráticos y a la postre económicos? ¿Acaso no existen en las universidades camarillas con afanes estrictamente
grupales con prácticas vergonzosamente tribalistas? ¿Acaso no se dan prácticas inmorales en los consejos superiores que eligen rectores(as) sin que cumplan con los rasgos básicos para ejercer dichos cargos con idoneidad académica y solvencia ético-moral?
El interesantísimo libro de Carlos Mario Lopera Palacio, director del Observatorio de la Universidad colombiana (Los puntos sobre las IES, 2024), resulta una obra obligada para quienes hacemos parte del sector de la educación superior. En su producto académico, destaca el papel de la cultura universitaria, los actores, las dinámicas y las necesarias tensiones que se registran en los escenarios de la educación superior, pero también invita a debates sobre gobierno universitario, políticas públicas sectoriales y los desafíos que tenemos a la vista. Sin duda, este es otro referente de gran importancia para continuar las discusiones que la sociedad requiere, especialmente las relacionadas con la necesidad de profundas transformaciones en las universidades. Por ello, me quedo con la siguiente frase que hace parte de las premisas del libro: “Hay que llamar las cosas por su nombre y reconocer que la universidad no puede seguir siendo lo que hasta ahora ha creído ser, pero eso no significa que deba desaparecer sino, por el contrario, que deba ratificarse en su esencia y no dejarse llevar por la competencia y las formas”
La lectura obligada para quienes están en educación superior: «Los puntos sobre las IES»
Manizales
JUAN CARLOS YEPES OCAMPO
Profesor Titular Departamento de Jurídicas U de Caldas. Profesor Asociado al Doctorado en Derecho de la U de Manizales
Ex integrante CESU y Grupo de seguimiento al Decreto 1279 de 2002.
