Orientaciones para la nueva distribución de recursos del PGN a las universidades públicas

Nov 12/22 Minhacienda explica los impactos que tendrá, en el presupuesto de rentas 2023, la decisión de la Corte Constitucional de modificar la forma como se asignan y presupuestan las transferencias del Estado a las universidades públicas.

Esto en virtud de la Sentencia C – 346 de 2021 en la que se definió que dado que las universidades públicas no forman parte de ninguna de las ramas del poder público, sus recursos no pueden ser incluidos con los recursos del Ministerio de Educación Nacional.

Esto significa que debe cambiarse, a partir de la vigencia fiscal 2023, la manera como se presupuestan sus recursos, pues, lo ha ratificado el Viceministerio General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las universidades públicas deben tener presupuesto independiente en el Presupuesto General de la Nación -PGN.

En cumplimiento de esta sentencia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dejó de equiparar a las universidades públicas con los establecimientos públicos en materia presupuestal y adoptó como esquema de asignación presupuestal uno diferente, que es el que se sigue hasta la fecha, consistente en que la Nación le apropia en el Ministerio de Educación Nacional los recursos asignados de manera global a las universidades oficiales y este ministerio los distribuye y transfiere durante la vigencia entre cada una de ellas.

Eso sí, el presupuesto global de las universidades oficiales (tanto las de carácter nacional como las territoriales), que proviene del Estado, al igual que el de la Rama Judicial, por ejemplo, debe incluirse en la ley anual de presupuesto, pues él hace parte del presupuesto general de la Nación.

De acuerdo con el modelo de financiamiento establecido en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 19923, los aportes de la Nación son una fuente de financiación de las Universidades Públicas. Actualmente la Nación asigna los aportes a las Universidades Públicas como un rubro en la cuenta de Transferencias Corrientes del Ministerio de Educación Nacional, sección presupuestal 2201, y a partir de la vigencia 2023, en cumplimiento de la sentencia C-346 de 2021, se apropian en la nueva sección presupuestal “2257 Entes Autónomos Universitarios Estatales – Universidades Públicas”, aclara Minhacienda.

Hasta esta vigencia fiscal 2022, los aportes de la Nación se asignan en el Presupuesto General de la Nación a las Universidades Públicas en cumplimiento de la normatividad vigente, esto es, artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1991, artículo 183 de la Ley 1955 de 20195, artículo 142 de la Ley 1819 de 20166, Ley 1371 de 20097, Ley 1697 de 20138 y 2019 de 20209, y fueron apropiados en la Sección 2201-01 Ministerio de Educación Nacional – Gestión General.

Igualmente se aclara que los aportes de origen impositivo, de naturaleza tributaria (Artículo 142 de la Ley 1819 de 2016 y Ley 1697 de 2013) se seguirán programando en la Sección 2201-01 Ministerio de Educación Nacional, y se destinarán al fin determinado por la Ley. Estos recursos son: Tributación sobre rentas de Cooperativas, según lo dispuesto por la Ley 1819 de 2016; y la Estampilla Pro-Universidad Nacional y demás Universidades Estatales (Ley 1697 de 2013).

También especifica que la sentencia C-346 de 2021, no modificó los aportes de Ley 30 de 1992, ni se ha modificado por parte del Congreso de la República la mencionada ley, por lo cual  no es posible aplicar una fórmula distinta.

Dice el Artículo 86:Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y  de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”.

Es clave aclarar que dicha prohibición de seguir incluyendo, como hasta este año se hizo, dentro del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional los recursos que la Nación apropia para contribuir al financiamiento de las universidades públicas no aplica para las demás instituciones de educación superior públicas (IESP). Esto, por cuanto las demás IESP no son entes autónomos en materia presupuestal. Por mandato del artículo 57 de la Ley 30 de 1992, tienen la naturaleza jurídica de establecimientos públicos y, por tanto, están bajo la tutela administrativa y presupuestal del MEN.

Finalmente, se detalla que los recursos de concurrencia de la Nación del pasivo pensional de las universidades públicas del orden nacional continuarán presupuestándose en el Ministerio de Educación Nacional, en concordancia con la Ley 1371 de 2009 y sin perjuicio del avance en la suscripción de los convenios de concurrencia respectivos.

Para tener más información técnica del procedimiento y el impacto operativo de la aplicación de la sentencia C-346 de 2021, puede consultarse la Gaceta del Congreso 915, del 12 de agosto de 2022, con el texto en publicación del Proyecto de Ley 088 Cámara, 088 Senado12 radicado el 29 de Julio de 2022, en cuyas páginas 50 a 51.

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