Junio 24/22 Para aparecer en el ranking QS de “mejores universidades”, las IES deben pagar. ¿Debe permitir el Estado que la opinión pública se desoriente por negocios como estos?
Hace unos días, El Observatorio de la Universidad Colombiana mostró cómo viene aumentando el número de universidades del país que figuran en su listado (ampliamente difundido por los medios masivos tradicionales) como las “mejores universidades”, en una clasificación que termina siendo incompleta y no necesariamente ajustada a la realidad, pues hay muchas otras universidades, importantes por sus resultados en calidad, impacto, innovación, docencia… que no se ven registradas en dicho ranking.
Lo peor es que tanto este ranking como otros terminan incidiendo, negativamente, en algunas políticas públicas, pues en ciertos procesos de asignación de recursos y desempate entre IES, algunas organizaciones públicas y privadas recurren a la clasificación en dichos rankings para decidir.
Hasta ahora ha sido un “misterio” cuánto y cómo cobran a las universidades organizaciones como QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds), empresa privada británica, fundada en 1990 por Nunzio Quacquarelli, que sutilmente incluye en el ranking a las universidades que pagan por sus “asesorías” sobre aspectos por mejorar.
El Observatorio de la Universidad Colombiana obtuvo una copia del comprobante de pago que la Universidad de Caldas, que ingresó por primera vez al ranking en su clasificación 2023, realizó – mediante orden 15202 del 27 de octubre de 2021- a QS Quacquarelli Symonds Limited, por un valor de $19.291.438, por concepto de “cuota de membresía”, en desarrollo del convenio entre la Universidad y dicha forma, para la realización de “estudios y proyectos” (foto).
A propósito del caso de la Universidad de Caldas, el profesor de esa institución, Juan Carlos Yepes Ocampo, ha cuestionado que, en su criterio, el hasta hace poco rector de allí, Alejandro Ceballos Márquez, hubiera “aprovechado” un contrato como estos para mostrar como un gran logro el haber entrado al escalafón mundial.
Al respecto, se cuestiona Yepes, con preguntas que bien pudieran extenderse a aquellas otras IES que recurren a estas prácticas, y que invitan a extremar el cuidado con esta clase de información:
– ¿Hasta dónde resulta legítimo gastar recursos públicos (la U. de Caldas es oficial) en pago de convenios cuyo objeto, a todas luces, poco o nada contribuyen a la función misional de la universidad?
– ¿Hasta cuándo seguiremos atados, aquí y en otras universidades, a la métrica nociva de los rankings?
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