El Observatorio de la Universidad Colombiana




A segundo debate el “mico” que busca elevar a nivel de Universidad a otras IES

Oct 9/20 Pese al análisis técnico sobre la inconveniencia del proyecto de ley 142, de la Cámara de Representantes, su Comisión VI lo aprobó en primer debate.

Se trata del proyecto de ley “Por medio del cual se modifica el artículo 20 de la ley 30 de 1992” (Elevar a universidad, las escuelas tecnológicas o instituciones universitarias que hayan iniciado su proceso de acreditación), que El Observatorio ya había advertido y calificado como un “mico”, desde julio pasado (léase Un “mico” busca que el Congreso pueda elevar a nivel de Universidad a otras IES)

El proyecto, que está promovido en ponencia por los representantes de la Comisión Sextya (foto de referencia) Rodrigo Rojas Lara y León Fredy Muñoz, pretende adicionar un parágrafo al artículo 20 de la Ley 30 de 1992, que consagre que por un periodo de 5 años, el Congreso de la Republica mediante ley pueda elevar a universidad, las escuelas tecnológicas o instituciones universitarias que hayan iniciado su proceso de acreditación para convertirse en universidad y se encuentren ubicadas en un Departamento en el que, al menos, 3 de sus municipios hayan formulado o este formulando un plan de desarrollo con enfoque territorial”.

Concretamente, lo menciona el propio proyecto, dos de los departamentos directamente beneficiados con la iniciativoa serían los de Putumayo y Guaviare. Por ello, estima El Observatorio, al parecer se busca que el Inst. Tecnológico de Putumayo sea Universidad, y luego de éste muchas más.

Inconveniencia del proyecto

Además de los inconvenientes técnicos del proyecto (pues desconoce los requisitos que, en desarrollo del sistema de aseguramiento de calidad, deben cumplir las IES), tendría un importante impacto en las finanzas del Estado y cree, erróneamente (como lo plantea en la exposición de motivos) que es una forma de incrementar, casiq ue automáticamente, la cobertura en las regiones que tendrían estos cambios en sus IES.

La Comisión Sexta de la Cámara aprobó el proyecto en primer debate, pese a recibir el concepto contrario de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, que luego de consultar a sus universidades afiliadas, considera que el proyecto no es conveniente, y para ello justifica que:

1) Es mejor tener excelentes IES de diferentes tipos, con características propias que respondan a la diversidad en educación superior que requiere el país, a que todas se homogenicen buscando responder a la definición de universidad

2) La propuesta puede ir en contravía de los objetivos del sistema de aseguramiento de la calidad y de la acreditación institucional o de programas académicos.

3) La propuesta no asegura una mayor y mejor oferta de educación superior en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.

El punto es que vía Ley de la República no es posible que, de la noche a la mañana, IES de menor desarrollo académico pasen a ser universidades.

Al fin y al cabo, la normatividad del sector es explícita que para lograr dicho reconocimiento, las IES deben, entre otros aspectos, contar con un número suficiente de profesores con dedicación de 40 horas por semana y con formación de posgrado de acuerdo con las experiencias para cada programa académico, ofrecer al menos tres programas en diferentes campos de acción de la
educación superior y un programa de Ciencias Básicas que les sirva de apoyo, acreditar experiencia en investigación, disponer de infraestructura adecuada que garantice un desarrollo institucional de calidad, contar con programas de publicaciones para la proyección de la Universidad que contenga, entre otros aspectos, la divulgación de su investigación, brindar planes y programas de bienestar universitario y demostrar capacidad económica y financiera que garantice el desarrollo de los planes y programas académicos, administrativos, investigativos, de publicaciones y de extensión, entre otros aspectos, y esto demanda tiempo, cultura académica y dinero, que no se consiguen automáticamente con una Ley.

Bien lo advierte Jairo Iván Peña Ayazo, Director Jurídico Nacional de la Universidad Nacional de Colombia, en un análisis del proyecto de ley, remitido a la Vicerrectoría Académica de esa Universidad, el pasado 21 de agosto, cuando señala que “los requisitos que se deben acreditar para el cambio de carácter académico a universidad no son formalidades de un trámite administrativo”.

En la exposición de motivos del proyecto, los congresistas se basan en el artículo 19 de la Ley 749 de 2002, conocida en el sector como la de ciclos propedéuticos, que señala que “Las instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas de Educación Superior estatales u oficiales son establecimientos públicos de conformidad con el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 y el cambio de su carácter académico a Universidad corresponde al Congreso de la República, a las Asambleas Departamentales, o a los concejos municipales o distritales o a las entidades territoriales que las hayan creado, a iniciativa del Gobierno Nacional o del ejecutivo territorial”.

No obstante, a juicio de la Dirección Nacional Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia “la asunción temporal de las competencias del Ejecutivo por parte del Legislativo que se plantea con el Proyecto de Ley 142 de 2020 Cámara, puede implicar una trasgresión del principio de separación de poderes que fundamenta el Estado Social de Derecho, consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política, caracterizado por la Corte Constitucional de la siguiente forma:

En virtud del principio de separación de poderes el Congreso y el Ejecutivo ejercen funciones separadas, aún cuando deben articularse para colaborar armónicamente en la consecución de los fines del Estado, y que ésta separación no excluye sino que, por el contrario, conlleva la existencia de mutuos controles entre órganos estatales, entre ellos, el que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo, esto es, el control político. Así mismo queda claro, que esta especie de control que ejerce el Congreso sobre el Gobierno y la administración tiene límites, pues su ejercicio no puede servir de pretexto para ejercer las funciones propias de otras autoridades ni desconocer los atributos y competencias que les ha entregado la Constitución: CONSTITUCIONAL, SALA PLENA, Sentencia C-246 del 16 marzo de 2004. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández (Negrita fuera de texto).

Así mismo, entre los argumentos por los que la U. Nacional también considera inconveniente el proyecto, están:

– Que no obstante las fundamentales funciones que cumple el Congreso en la estructura y funcionamiento del Estado, sus responsabilidades constitucionales y legales no se relacionan con la valoración de las condiciones académicas de las IES, cuestión que pone en duda su capacidad para revisar los requisitos mencionados y sustituir al CESU y al Ministerio de Educación en el estudio y evaluación de la propuesta de cambio de carácter académico que, según se encontraría en trámite en la Institución beneficiaria de este reconocimiento por la vía legislativa

– Que saltarse las etapas del proceso de acreditación del cambio de carácter académico por la vía del reconocimiento legislativo podría lesionar el derecho a la educación consagrado en el artículo 67 Constitucional, en su dimensión de aceptabilidad, que parte del reconocimiento de los educandos como sujeto de derechos y, en consecuencia, obliga al Estado a prestar una educación de calidad.

– Que la propuesta da por hecho que la Institución que presenta una solicitud de cambio de carácter académico cumple con las condiciones previstas en las normas para acreditarse como Universidad, y eso le resta todo el sentido y propósito al proceso de evaluación previsto en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para este tipo de reconocimientos.

– Que realizar dicho cambio de carácter mediante un acto del Congreso y no como resultado de un trabajo técnico de verificación de las condiciones de calidad para desarrollar las funciones misionales propias de las universidades, puede generar un efecto contrario al que busca la norma (llevar educación superior de calidad a zonas afectadas por el conflicto armado), dando lugar a que aumente la brecha de desigualdad en condiciones educativas en las regiones periféricas del país, al no estar garantizada la calidad de la oferta.

Finalmente, considera el anpalisis que el proyecto de ley no especifica con qué recursos, adicionales a los presupuestados para el sector educación para 2020, se respaldaría el apoyo que debería prestar el Gobierno Nacional según esta propuesta normativa para ayudar a cumplir con los requisitos mínimos a las Instituciones Educativas que sean cobijadas por esta norma, de aprobarse, lo que podría implicar una trasgresión del artículo 345 Constitucional, que prohíbe asumir obligaciones con cargo al erario que no estén previstas en el presupuesto de gastos, es decir, que no
cuenten con disponibilidad presupuestal previa.

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