Sept 26/23 A esta tradicional universidad privada, con 52 años, parece acabársele el oxígeno. Las deudas, la drástica disminución de estudiantes y la aparente falta de acción de Mineducación, dificultan ver un panorama alentador.
A diciembre pasado la Universidad, que hace cinco años registró 5.050 estudiantes, sólo llegó a 990. Varios de sus pregrados han perdido el registro calificado (entre ellos, el más reconocido, Derecho), y hasta su página web no funciona. Incluso, la Revisoría Fiscal (Kreston RM SA) reiteradamente ha señalado la falta de entrega de información para realizar su gestión.
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Su rectora, desde julio pasado es una de las herederas de los fundadores, Adelsabel Chamorro (hija de uno de los fundadores –Juan David Chamorro Chapeton) quien reemplazó al rector (e) Luis Guillermo Muñoz, tras la renuncia, en 2022, de Ricardo Gómez Giraldo, quien había llegado como delegado del Ministerio de Educación, había cambiado los estatutos y la composición de la asamblea y se había logrado elegir como rector en propiedad, en varias ocasiones había advertido la inviabilidad de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia si no había un replanteamiento estructural de los acuerdos sindicales y beneficios históricos dados a los fundadores y sus familiar.
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“La fundación tiene máximo tres meses para decidir si puede continuar. Pero si no se permite siquiera iniciar negociaciones con posibles benefactores de manera urgente, es mejor que se asuman las consecuencias con la mayor prontitud posible para honrar los compromisos que tenemos como entidad de Educación Superior”, había dicho Gómez Giraldo en febrero de 2022.
Así, la imposibilidad de conseguir recursos que garanticen el pago de deudas, la pérdida de registros calificados y de estudiantes y la no ejecución práctica de los institutos de salvamento aplicados por el Ministerio de Educación (Resolución 8609 de 2022, de la entonces ministra María Victoria Angulo), han llevado a que un grupo de trabajadores despedidos hace meses y años estén solicitando formalmente al gobierno nacional la disolución y liquidación aplicando las normas estatutarias y adelantando el procedimiento dispuesto en los artículos 82 a 86 de los Estatutos, para así poder pagar las obligaciones financieras.
El Observatorio de la Universidad Colombiana conoció una carta formal de cerca de 25 extrabajadores, representados por el señor Mario Osorio Marín, en la que dicen al presidente Petro y a la ministra de Educación, Aurora Vergara, que “cursamos original al señor presidente de la República porque tenemos fundadas razones para pensar que mandos medios del Ministerio de Educación puedan estar desarrollando la función pública ocultando a su jefe superior información y estén manipulando los procesos. Pueden estar interesados en entorpecer su gestión pues han sido actores directos en el manejo del proceso de vigilancia y en el establecimiento y ejecución de los mencionados institutos de salvamento”.
Los institutos de salvamento implican, entre otros efectos, la suspensión de procesos ejecutivos que se adelantan actualmente contra la institución y la imposibilidad de iniciar nuevos procesos de esta naturaleza, la cancelación de gravámenes y embargos decretados frente a los bienes y recursos de la Universidad. Pero la situación actual de la Universidad es tal que, al parecer, los institutos de salvamento tampoco parecieran salvarla.
Por ello, los trabajadores piden que el Ministerio de Educación Nacional tenga en cuenta los conceptos de sus propios funcionarios, que habrían diagnosticado la “inviabilidad” de la FUAC, y “no espere a cumplir inoficiosamente los dos años que dispuso de los institutos de salvamento, en el entendido que está en la facultad de tomar la decisión de suspenderlos como lo indica el Parágrafo 1 del Artículo Primero de la Resolución No. 008609 de 2022 del Ministerio de Educación Nacional.
Bajo la denominación de vigilancia especial, según la Ley 1740, el Ministerio de Educación entró a gestionar a la FUAC a través de delegados suyos. Pero esto tampoco ha dado los resultados esperados.
Y eso que una evaluación integral del el equipo de inspectores in situ del Ministerio lo expuso así: “… este Ministerio pudo concluir de manera fehaciente y certera que la Fundación Universidad Autónoma de Colombia -FUAC-, no cuenta con posibilidades de i) superar las causas que originaron la adopción de la medida; ii) prestar el servicio público de educación superior de forma continua y con plena observancia de las condiciones de calidad, y iii) contar con un patrimonio suficiente para el normal y correcto desarrollo de sus actividades de docencia, investigación y extensión. Por lo tanto, este Ministerio concluye que la institución de educación superior no puede continuar prestando el servicio educativo conforme a lo expuesto en el presente escrito”. (Página 59 de la evaluación integral del MEN del 6 de agosto de 2020).
Para los trabajadores, “una demostración delicada de la falta de gestión del Ministerio es el hecho documentado de que la dirección de la FUAC solicitó al Ministerio de Educación autorización para vender un inmueble en septiembre de 2022 y un mando medio del Ministerio le contestó con el mismo sonsonete de que esa autoridad no autorizaba ventas porque su oficio es “la inspección y vigilancia”, desconociendo que en el numeral 1., del artículo 14 de la Ley 1740 se ordena que ¨… los registradores no podrán inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la institución, so pena de ineficacia, salvo que dicho acto haya sido realizado por la persona autorizada por el Ministerio de Educación Nacional”.
Tras la renuncia de Gómez Giraldo, “quienes le sucedieron no han asumido una posición seria para poner en marcha un plan de recuperación, así como tampoco para informar al ministerio en cinco meses a partir de la ejecutoria de la resolución que ordenó los “institutos de salvamento”, de la relación consolidada de acreencias y del plan de pagos respectivo, como lo ordena la Ley 1740 y su decreto reglamentario el No 2070 de 2015”, advierten los trabajadores, quienes citan una sentencia que habría dado Javier Arenas de la Rosa, quien fue presidente de la Universidad, en el sentido de que esta “desaparecerá, como otras, por rebatiña de sus propios creadores”.
Los trabajadores denuncian que tras varios meses de haber quedado en firme la Resolución que dispuso aplicar los “institutos de salvamento” en su favor, las directivas de la Universidad no han cumplido la obligación de entregar la relación de las deudas que tiene y el plan de pago de las mismas. “Es como “no obedecemos” y no pasa nada. Esto es absolutamente absurdo. Nadie puede estar por encima de las norma constitucionales y legales que le obligan especialmente en un asunto tan delicado como la educación superior y las responsabilidades laborales que su explotación acarrean”, dicen los trabajadores.
Por todo esto, los trabajadores señalan que al “estarse cumpliendo un año de haber sido ordenados los “institutos de salvamento” el Ministerio está en la obligación de realizar la evaluación que corresponde y decidir qué procedimiento debe seguir; así lo manda el párrafo tercero del artículo citado: Si de lo anterior se concluye que la institución no puede continuar presentando el servicio educativo, la institución informará a la comunidad educativa y, con el seguimiento del Ministerio de Educación Nacional, ejecutará un plan de transición y reubicación que facilite a los estudiantes continuar sus estudios en otras instituciones de educación superior”.
Concluyen los trabajadores:
El equívoco desarrollo que le ha dado el Ministerio de Educación Nacional a esta Ley (1740) no solo ha sido expuesto por nosotros. El Observatorio de la Universidad Colombiana, en su edición de 16 de mayo de 2019 informó al respeto en un artículo titulado “… Y la Ley 1740 se quedó en el papel. Mineducación mató al tigre y se asustó con la piel”. Este llamativo titular es generoso. Objetivamente, el Ministerio no ha matado al tigre ni se asustó con la piel. Lo que ha sido es indolente en la aplicación y sesgado al procurar proteger a la IES como patronos y no a la educación ni a las comunidades académicas.
