Radican proyecto de ley para acabar las matrículas extemporáneas en las IES

Abril 12/19 El senador Jónatan Tamayo (“Manguito”), retoma una idea de otras legislaturas: Obligar a las IES  a dar como mínimo 15 días para recibir matrículas y acabar los cobros extemporáneos.

La idea no es limitar valroes máximos de cobro en las matrículas, sino acabar del todo la práctica de cobros adicionales, según Tamayo no cobijadas por la ley.

“El Ministerio de Educación no tiene una norma que justifique estos cobros”, dijo tras la radicación del proyecto de ley.

Generalmente estos cobros adicionales implican un recargo entre el 10 y el 25 % del valor de la matrícula. Si un padre de familia no tiene para pagar la matrícula en el tiempo ordinario, mucho menos cuando es una tarifa extraordinaria, indicó Tamayo.

El proyecto inició trámite en la Comisión Sexta del Senado y se espera que antes del mes de junio se puedan llevar a cabo los debates para que logre pasar a discusión en plenaria.

En la legislatura anterior, las senadoras Doris Vega Quiroz, de Opción Ciudadana, y Sandra Villadiego, del Partido de la U, también habían radicado un proyecto de ley con la misma intención, en cuyo articulado se proponía adicionar a la ley 30 de 1992 un parágrafo que dijera que “las instituciones de educación superior no podrán exigir ningún recargo o incremento sobre el valor de la matrícula ordinaria cuando esta se realice en forma extraordinaria o extemporánea. En todo caso, el plazo mínimo para efectuar el pago de la matricula ordinaria no podrá ser inferior a 15 días desde la entrega del respectivo recibo de pago”.

La interpretación jurídica de Mineducación

Para el Ministerio, el cobro de valores extraordinarios corresponde al ámbito de la autonomía universitaria.

El siguiente ha sido el concepto de dicho despacho:  Si bien a nivel normativo no se encuentra la consagración expresa del cobro de matrícula extraordinaria, analizando en contexto las normas Constitucionales y legales sobre el tema de la autonomía universitaria especialmente el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, se encuentra que ésta se concreta a la autonomía universitaria, en aplicación de la cual, estos entes pueden darse o modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Se colige que de la potestad legal otorgada para dotarse de su propia organización interna, se concreta en la expedición de las normas de funcionamiento y de gestión administrativa, en el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto.

Al respecto la Corte Constitucional, define la autonomía universitaria, como la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior. De esta premisa se deduce la capacidad de definir el contenido de sus estatutos o reglamentos, aclarando que la autonomía no es ilimitada o sea no se convierte en soberanía universitaria; ahora bien dice la Corte “en razón a que la autonomía universitaria no es una prerrogativa absoluta, surge una pregunta obvia, ¿Dentro del contenido irreducible de la autonomía de la institución educativa, esta la posibilidad de fijar fechas limites para pagos del servicio público que presta?. Y la respuesta que el Alto Tribunal otorga es que si es procedente, y se anota siempre y cuando se encuentre claramente determinado en el reglamento”.

Así mismo la Corte se interroga, … “¿Lo anterior significa que la universidad es absolutamente discrecional para autorizar las matrículas extemporáneas?”… Para responder a esa pregunta, la Corte decide con respeto al caso sub judice, y da concepto positivo con argumentos como la legalidad y el derecho a la igualdad. (Sentencia T-310 de mayo 6 de 1999).

Lo expuesto remite necesariamente a los estatutos y reglamentos internos de las universidades para efecto de verificar el respaldo de dicho cobro extraordinario, dado que a nivel de ley no se encuentra expresamente prohibido.