Razones para entender la crítica del gobernador a los estudiantes perennes en la U. de Antioquia

Enero 31/24 El gobernador de Antioquia informó, en tono crítico, que hay más de dos mil estudiantes de la U. de Antioquia que llevan más de 14 semestres (7 años) matriculados. Cinco de ellos con más de 15 años. Las voces a favor y en contra no se han hecho esperar.

En su cuenta en la red social X, el gobernador de Antioquia (que a su vez es el presidente del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia), Andrés Julián Rendón (foto), escribió:

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“La Universidad de Antioquia: rigurosa en la academia y abierta en formación, debate de las ideas y confluencia de saberes, debe cuidarse. En Consejo Superior pedí explicación por este listado. Personas que llevan muchos semestres y que, por alguna razón, nunca se gradúan. Me temo que aquí podrían estar los que van a la Universidad a cosas diferentes a estudiar”.

Acompañó la información con el siguiente cuadro en el que se discrimina cuántos estudiantes y cuántos semestre llevan:

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El hecho de tener, en las universidades públicas, estudiantes que llevan muchos periodos por encima del promedio (las carreras universitarias duran entre 8 y 10 semestres y los análisis de permanencia y graduación tardía van generalmente hasta los 14 semestres), no es un caso nuevo en la Universidad de Antioquia. Antes se habían denunciado situaciones similares en otras instituciones públicas del país.

Son muy diversas las formas de cálculo de cuánto le vale realmente al Estado (Gobiernos nacional y departamental) cada estudiante en una universidad pública. Según el analista y la fuente, esto puede variar entre 10 y 30 millones al año, lo que para el caso de la Universidad de Antioquia sería, en el escenario menos costoso para el sistema, que sostener estos 2.164 estudiantes representa una inversión, mínima, de 21 mil millones de pesos al año!. Y si se supiera cuántos casos como estos hay en el sistema….

Los críticos del gobernador / sus comentarios, han dicho que éste no es coherente porque tomó 13 meses para graduarse como economista de Eafit. También dicen que la referencia del primer mandatario regional desconoce la educación superior pública y constituye una estigmatización, persecución y sanción pública.

Si bien el hecho de durar mucho tiempo matriculado no es ilegal (no lo prohíbe norma alguna), sí genera muchas dudas.

Aunque el gobernador no ha ampliado su comentario y ha recibido un respaldo mayoritario, en redes sociales, de quienes consideran que estos estudiantes “perennes”, como se les identifica, responden a intereses diferentes a los propios de la academia y a que el Estado (en este caso el Departamento) no debería seguir sosteniéndolos, en razón de la gratuidad educativa, y al hecho de que aumentan los costos de bienestar, infraestructura, soporte académico y quitan el cupo a otro joven que pudiera estar estudiando, hay voces que también critican la posición del gobernador.

La frase del gobernador según la cual “aquí podrían estar los que van a la Universidad a cosas diferentes a estudiar”, ha sido interpretada como una referencia indirecta a casos (varios de ellos comprobados en el pasado) de personas que sirven como auxiliares de la guerrilla u otros grupos insurrectos que, haciéndose pasar como estudiantes, se infiltran en los grupos de jóvenes para reclutarlos para su lucha armada y favorecer, entre otras, algunas de las protestas universitarias.

Consultada al respecto, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, refirió a que el Estado respeta la autonomía universitaria, reflejada en la Ley 30/92 cuando dice que todas las instituciones de educación superior tienen “derecho a …. definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.

Claramente el hecho sí debe llamar a una reflexión sectorial, bien por los costos públicos que representa para el país financiar estos estudiantes (en la de Antioquia y todas las demás IES públicas), por la calidad de algunos egresados que podrían estar graduándose después de terminar un pregrado muchos años después de iniciarlo -con el impacto de la actualización o desactualización del conocimiento y su ejercicio profesional-; por la posible afectación de la salud mental o vulnerabilidad social, laboral y familiar de estudiantes que, sin motivos claros, se hallen en estas condiciones; por el compromiso de las áreas académicas y de bienestar de las universidades de hacer un seguimiento personalizado de sus estudiantes y, por qué no, por la responsabilidad de las instituciones educativas de, tal vez, ser cómplices silenciosas de posibles casos de terrorismo o afectación del sistema democrático y civil.

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