Junio 29/23 El Ministerio de Educación, siguiendo órdenes presidenciales, quiere, sí o sí, tener una propuesta de reforma a la Ley 30 para el próximo 20 de julio.
La idea del alto gobierno es que para el inicio de la nueva legislatura se radiquen, al mismo tiempo, las reformas anunciadas por el presidente Petro en mayo pasado: La de servicios públicos y la de educación superior.
Esto, pese a que actores determinantes en el sector (como el CESU, el CNA y ASCUN, entre otros) explícitamente le han dicho a la propia ministra Aurora Vergara Figueroa y a la viceministra de Educación Superior, Ana Carolina Quijano, que es inconveniente preparar un texto de reforma sin la debida identificación de los puntos clave que deben ser cubiertos por ésta y, sobre todo, sin la legitimación necesaria entre las comunidades académicas y la sociedad en general.
El llamado de atención es obvio, pero el Ministerio insiste en que sea como sea debe tener la reforma para esa fecha, y por ello ha acelerado la motivación a diversas comunidades (especialmente de estudiantes, docentes y representantes del gobierno en las IES públicas) para que participen en el análisis de los temas a proponer.
También es obvio que en los pocos días que hay hasta el inicio de la nueva legislatura no es viable construir una propuesta de reforma debidamente analizada y concertada, ni en este ni en cualquier otro gobierno. Incluso, si fueran dos o tres meses, el tiempo tampoco sería suficiente. El tema no es político, ni del ejecutivo ni del legislativo, sino técnico-académico sectorial.
Por ello el Ministerio de Educacion está jugando dos cartas:
Por un lado, convoca a diálogos para analizar propuestas, en espacios más pensados en registrar que hubo convocatoria y abierta participación pública, aunque con mínima o nula participación real de expertos, analistas, investigadores y hasta rectores. Desde finales de 2022 el entonces ministro Gaviria comenzó a hablar de la reforma y reiteradamente en el Congreso le pidieron conocer el texto, pero el Ministerio se demoró en aterrizar un plan de trabajo, y hasta antes del sorpresivo anuncio del presidente Petro, en mayo pasado, de radicar la reforma a partir del 20 de julio, la cartera educativa venía a paso de tortuga con el tema.
La alternativa tomada de forma no pública ha sido la de contratar a un cercano colega de la ministra Vergara, el profesor José Darío Sáenz, para que prepare la propuesta de texto, cual gran “estructurador” de la reforma. Como quien redacta es quien legisla, claramente las ideas de Sáenz serán las que marquen gran parte del destino de la reforma: sorprender positivamente, hacer más de lo mismo o frustrar al país.
Razones para que el Gobierno considere y recapacite
Con el escenario descrito, los síntomas y la experiencia indican que, en el contexto actual, la reforma a la educación superior tendrá un tortuoso camino que no sólo podría generar heridas y molestias en el sector, sino que podría recorrer un camino similar al ya vivido, en el mismo gobierno, por las reformas a la salud y laboral; es decir, enterradas tras el primer debate en el legislativo.
Buscar obedecer ciegamente una orden presidencial, chocando con el sector, podría terminar siendo muy costoso para la ministra Vergara, si es que no corre el riesgo de terminar “sacrificada” como le pasó a su excolega de Salud, Carolina Corcho.
1) Desconocimiento de la historia
Dos aforismos populares son muy precisos para advertir lo que se puede venir: “El que no escucha consejos, no llega a viejo”, y “el que no conoce la historia está condenado a repetirla”.
En 2011, a los pocos meses de posesionado el primer gobierno de Juan Manuel Santos, su ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicó una propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, redactada por su equipo, sin consenso previo con el sector. Aunque hizo reuniones con rectores y voceros del sector para socializar la propuesta redactada por el propio gobierno antes de radicarla, esto crispó el ánimo sectorial y terminó en la constitución de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil MANE que, con apoyo de rectores y de medios de comunicación, presionaron para que el Ejecutivo retirara del Congreso la propuesta. Algunas ideas que se mal manejaron entonces (como el posible ánimo de lucro y alianzas público-privadas) ayudaron a enterrar la propuesta.
La entonces ministra Campo, quien venía de las aguas gerenciales de la Cámara de Comercio, decía que no había tiempo para desarrollar una extensa etapa de análisis y que el sistema requería, urgentemente, la reforma. El momento y capital político se perdió, así como la posibilidad de mejorar, desde entonces, parte del problema de financiamiento de la educación superior pública. No obstante, sin reforma, hay que reconocer que el escenario sectorial ha mejorado en muchos aspectos en estos 12 últimos años.
También hay que evitar el error de desconocer la opinión calificada de un sector que, por su propia naturaleza, se piensa a sí mismo de forma permanente, pues al fin y al cabo son académicos y (es entendible) no les gusta que terceros, con poco reconocimiento y autoridad, lleguen a decirles cómo y hacia dónde ir.
2) El estilo
El desconocimiento de la historia, acompañado de la creencia de que “los de antes” no sabían o no fueron capaces, abren el camino a la soberbia y cierra las puertas del diálogo.
El actual gobierno no puede olvidar su propia historia reciente. Sin el respaldo amplio y técnico de los expertos en Salud y en sistemas laborales empresariales, se empeñó en radicar reformas que (más allá de sus posibles bondades) no tuvieron claro, frente a la opinión pública y el propio sector, si respondían de fondo a la problemática existente. Lo mismo sucede con la educación superior: es claro que se requiere cambiar el modelo de asignación de recursos, y favorecer la inclusión y la cobertura, pero eso es sólo una parte de una reforma integral. En lo demás, no es preciso cuál es la problemática y los múltiples campos adicionales que deben abordarse.
Convocar diálogos para escuchar por escuchar, sin concretar ni dar líneas explícitas de acción, y paralelamente trabajar un texto de reforma, puede considerarse una bofetada al sector y un aprovechamiento de las listas de asistencia a los diálogos para justificar la supuesta participación democrática de la comunidad.
3) Un gobierno sin armonía con el Congreso
El presidente Petro tuvo mayorías del Legislativo durante su primer semestre de gobierno. Luego, por decisión de él, rompió con la coalición y eso, ayudado con su baja opinión pública a favor y los diferentes escándalos del Ejecutivo, le significó perder el apoyo mayoritario en Cámara de Representantes y, especialmente, en el Senado de la República, y en un periodo (2023-2) de campaña y de elecciones regionales, es muy complicado que logre las mayorías suficientes para sacar adelante sus reformas.
Es posible que, en medio del tenso ambiente político, la educativa sea la reforma que menos resistencia tenga en el legislativo (si se compara con lo vivido con las de Salud o la Laboral), además de que cuenta con un importante bloque de congresistas que coinciden con las reivindicaciones de sectores como el movimiento estudiantil. Si el Gobierno logra sacarla adelante, el temor adicional es qué se aprobará, pues no se descarta alguna desagradable sorpresa para el sector tradicional.
También es cierto que muchos congresistas son afectos, amigos y hasta están patrocinados políticamente por uno que otro rector, público y privado; y que las mayorías de legisladores suman, en este momento, oposición al gobierno. Lo claro es que la reforma de la Ley 30 tampoco tiene un camino de rosas en el Congreso.
4) Ausencia de Liderazgo
Incluso con las críticas que pesan por su gestión cuando fue ministro de Educación, Alejandro Gaviria tenía más liderazgo sectorial y político que la hoy ministra Aurora Vergara Figueroa. Es decir, mayor reconocimiento por su discurso y capacidad de convencer, tanto a congresistas como a rectores. A Vergara se le reconoce por su rol como mujer académica, afro, de región y con un complejo pasado personal, admirable. Algo similar pasa con la viceministra Ana Carolina Quijano, quien tampoco es un referente ideológico, técnico o estratégico para la educación superior; en su poco tiempo en el cargo no ha logrado posicionar banderas, ideas y convicciones claras y precisas frente a lo que se quiere.
Gabriela Posso, la consejera de la Juventud, otra ficha clave del Gobierno ha querido apropiar algunos espacios de protagonismo y liderazgo frente al movimiento estudiantil, mas su juventud y activismo político, poco le ayudan.
El sector no las ve con la actitud guerrera, técnica, política y estratégica para defender la reforma en el Congreso ni de justificar hábilmente posibles cambios radicales que lleguen a afectar el statu quo de rectores o universidades.
Lo mismo pasa con los directores, asesores y demás integrantes del equipo del Ministerio. Sufren por falta de experiencia y de reconocimiento sectorial, o por su compromiso con una bandera ideológica-política partidaria, ajena a lo que realmente espera, reconoce y necesita el sector.
5) ¿Y los defensores del sector?
El hecho concreto es que si la propuesta de reforma no da “caramelos” a ciertas IES, asociaciones o sectores, va a ser muy difícil que el gobierno encuentre defensores por convicción ante los medios de comunicación, salvo algunos voceros de estudiantes, profesores de universidades públicas o sus representantes (designados y delegados) en los cuerpos colegiados.
Y eso, que el movimiento estudiantil tampoco actúa como un cuerpo unificado y ponerlo de acuerdo en todos los aspectos, con tantos líderes que aparecen de la noche a la mañana, es una tarea titánica. Además, tampoco está asegurada la fidelidad de los profesores asociados de las universidades públicas. Si bien, la mayoría están alineados ideológicamente con el gobierno, si la reforma no satisface sus deseos, podrían no marchar plenamente como el gobierno quiere.
Es posible que la reforma conquiste a algunos rectores identificado ideológicamente con el presidente o a los que sus IES resulten beneficiadas, pero es difícil hallar un conjunto de rectores que públicamente salgan a jugársela por la iniciativa.
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¿Es necesaria una reforma a la Ley 30?
No hay consenso al respecto, lo que de por sí ya genera una alerta estratégica para la agenda pública.
Si se refiere a la necesidad de asegurar más recursos para la educación superior pública, hay un categórico apoyo a la reforma, pero cuando se pregunta por cambios estructurales, de paradigma, de articulación de nuevos actores y del propósito que, como país, Colombia tiene con su educación superior, los silencios, dudas y posiciones encontradas aparecen. Incluso, así el gobierno asegure recursos para más gratuidad y más sedes universitarias, eso no garantiza el cubrimiento de todas las expectativas del sistema.
Lo que sí existe es una incertidumbre en torno a si el gobierno se la va a jugar, más allá de los escenarios de gratuidad, cobertura, bienestar y participación democrática, en nuevas formas de fomento a la calidad, en reconocer el rol de la educación privada, otras formas y actores educativos, en articular la Ley 30 con la 115, en dimensionar las apuestas como país frente a los ODS, al uso de tecnologías como algo regular y no excepcional, a la articulación con el empleo de calidad del cada vez más numeroso grupo de profesionales, y de la forma como la sociedad tendrá y disfrutará del anhelado protagonismo de su universidad.
Partiendo de la buena fe, hay que pensar que la educación superior colombiana podrá ganar algo con una reforma a la Ley 30 de 1992, aunque los hechos nos dicen que, muy posiblemente, sean muchos más los campos de crecimiento del sector los que se quedarían rezagados.
¿Vale la pena la apuesta política, generar fricciones y poner en riesgo la actual institucionalidad de la educación superior, por favorecer algunos aspectos que, vía proyectos de ley puntuales, decretos y resoluciones, podrían atenderse de forma más expedita y menos riesgosa?.
