Rector y exrector de Unillanos, en líos con la Procuraduría


Marzo 7/19 Por asuntos disciplinarios diferentes, en los que comprometieron sumas similares, más de 10 mil millones, la Procuraduría citó a juicio al exrector Jairo Iván Frías Carreño y abrió investigación al actual rector, Pablo Emilio Cruz Casallas (derecha).

El caso del actual rector

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al rector (e) de la Universidad de los Llanos, Pablo Emilio Cruz Casallas, por presuntas irregularidades en la contratación para la construcción de una sede de la institución por más de $10.181 millones de pesos.
El ente de control investiga la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con un presunto favorecimiento en el proceso de convocatoria 01 de 2018 adelantado por la universidad para la construcción de un edificio académico administrativo en la sede San Antonio de la institución.
La Procuraduría ordenó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, y el perjuicio causado a la administración pública por los particulares investigados.

Continúa la historia de Llanopetrol y el exrector Frías

La Procuraduría también citó a juicio disciplinario para el 4 de abril al exgobernador de Meta, Alan Jesús Edmundo Jara Urzola, y a los entonces Secretario de Hacienda del departamento, Jairo Iván Frías Carreño, y  gerente de Tesorería, Óscar Arnulfo Lozano Ramos, por el pago de un crédito adquirido por Llanopetrol por $10.705´113.239 más $268 millones de intereses, sin que existiera un contrato entre la compañía petrolera y el ente territorial u otro soporte para dicho pago.

Luego de ser secretario de Hacienda, Frías Carreño fue rector de la Universidad de Los Llanos, en un cargo que no pudo terminar de ejercer por esta situación, que ya le llevó a la cárcel. Salió de reclusión e intentó regresar como candidato a la Rectoría, sin éxito.

En la audiencia Jara Urzola deberá responder porque el 6 de mayo de 2015 avaló obligaciones de la Empresa de Petróleos del Llano – Llanopetrol- sin que mediara convenio, contrato o norma que impusiera o justificara el pago de 5 pagarés a favor del Banco de Bogotá, por valor de $10.973.139.358, con cargo a las vigencias futuras del departamento, sin contar con certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal.

Para el Ministerio Público el entonces mandatario pudo haber quebrantado el artículo 365 de la Constitución Política, según el cual, para que proceda una erogación con cargo al tesoro público, esta debe hallarse en el presupuesto de gastos que aprobó la Asamblea Departamental del Meta para la vigencia 2015.

Con la firma de otrosíes para respaldar el pago de los pagarés, Jara Urzola habría comprometido al Departamento del Meta a pagar créditos que no había adquirido, lo que conllevó a que posteriormente el ente territorial tuviera que pagar la obligación con sus propios recursos, representados en dividendos de EMSA.

El entonces mandatario también habría violado el artículo 12 de la Ordenanza 467 de 2001, por la cual se expidió el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento deI Meta y sus Entidades Descentralizadas, donde quedó establecido que deberá contener la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva.

Al entonces Secretario de Hacienda del Meta, Jairo Iván Frías Carreño, y al gerente de Tesorería, Óscar Arnulfo Lozano Ramos, la Procuraduría también les formuló pliegos de cargos por haber permitido que el departamento asumiera una deuda de Llanopetrol.

La falta de Jara Urzola, Frías Carreño y Lozano Ramos fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.

El auto ordena el archivo de la investigación a favor de Ricardo Rodríguez Henao, entonces gerente de Llanopetrol, luego de que se estableciera que no tuvo participación o determinación directa en el aval que brindó el gobernadora los pagarés de Llanopetrol y su posterior cancelación por parte del departamento.