Sept 5/24 La fuerza mediática y sectorial que puedan sumar Mineducación, el SUE, la Red TTU y los congresistas afines al gobierno no parece suficiente para que la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, como está planteada, salga adelante.
Más allá de la publicidad, reiteración de mensajes y llamados a la aprobación, hay cinco grandes argumentos que podrían poner en riesgo la aprobación de la iniciativa y la frustración, una vez más, de los rectores de las IES públicas, quienes posiblemente verán cómo se irá otro gobierno, y más ministros de Educación, diluyéndose en la promesa de más recursos vía reforma de estos artículos.
Primer argumento: Restricción fiscal del Estado
El sector educativo es el que más recursos ha recibido, de forma incremental, desde hace varios gobiernos, en detrimento de las transferencias del Estado a otros sectores de la economía.
El déficit fiscal del gobierno está aumentando, es un hecho que habrá recortes en la inversión y las demandas sociales en seguridad, transporte, alimentación, vivienda y salud, entre otras áreas, está aumentando la presión al gobierno para aumentarles los recursos.
La afectación que el paro camionero está ocasionando al país crecerá la inflación y el déficit, y el gobierno tiene en vilo la consecución del más de un billón de pesos que esperaba reunir en 2024 con el aumento del precio del diésel.
Según el propio documento de exposición de motivos de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, esta significaría, para el Estado, una inversión, adicional de más de un billón de pesos por año.
Hay que recordar que la reforma (igual a como pasó con la frustrada ley estatutaria), fue radicada sin el aval del Ministerio de Hacienda.
Segundo argumento: La reforma no resuelve la inequidad
¿Por qué unas instituciones de educación superior públicas deben recibir más recursos, per cápita que otras?, ¿por qué las IES públicas técnicas profesionales, tecnológicas e instituciones universitarias son tratadas como si fueran de segunda, si igualmente están formando colombianos… algunas, incluso, con mayor calidad que varias universidades?
Los aportes de la Nación a las ITTU en 2023 significaron una transferencia promedio, por estudiante, en estas IES, de solo $1.655.000 al año, mientras que los aportes a las universidades del SUE, en el mismo periodo, fue en promedio de $9 millones, por estudiante.
¿Acaso es más, o mejor, o tiene más derecho el estudiante de la UIS, la UTP o la Nacional de Colombia, que el de las Unidades Tecnológicas de Santander o la Unidad Central del Valle del Cauca?
Incluso, dentro de las mismas IES hay inexplicables diferencias en la asignación de recursos. Los 9 millones se duplican en casos como los de la Universidad Nacional y se reducen en un 80 % en el caso de la UNAD o la del Pacífico. ¿Tiene sentido?
Tercer argumento: No es claro que el Estado tenga una deuda histórica con la educación superior pública
El gobierno siempre debe apostar por la educación por los múltiples beneficios sociales que ésta le genera, pero decir que el Estado tiene una deuda histórica con las IES públicas, no es del todo cierto.
Este ha sido un discurso usado en las calles y por algunos rectores, para justificar sus peticiones. Pero, este y todos los gobiernos anteriores han cumplido las obligaciones financieras de ley con la educación superior pública.
Otra cosa es que algunos directivos de las universidades públicas comenzaron con la idea de que todas tenían que ser iguales a la Universidad Nacional de Colombia y que, por lo mismo, cumplir ese objetivo representaba (hace cerca de una década) 13 billones de pesos, que han ido indexando para hablar ahora de 19 billones, pero eso no significa que tenga que ser así.
El país, el sector y el Ministerio de Educación, no han sentado a las IES a analizar la memoria de cálculo de dicha deuda, su justificación y, sobre todo, su conveniencia. El problema es que el actual es el primer ministerio que públicamente dice que “reconoce” dicha deuda.
Además, hay que reconocer una dura realidad (inaceptable para muchos académicos de la universidad pública), y es que las propias IES deben contribuir con su sostenibilidad, dado que las finanzas públicas no son ilimitadas. En sistemas como el de China, por ejemplo, comunista, los estudiantes deben pagar su matrícula.
Cuarto argumento: Lo público es la educación y no los oferentes
La educación superior pública no son las nuevas sedes, IES, nóminas e infraestructura que el gobierno suministra a las instituciones oficiales para prestar el servicio educativo. Lo realmente público está en la política gubernamental que garantiza que todos los estudiantes, sin las condiciones económicas para asumir el estudio, puedan hacerlo en todas las regiones del país, en los programas que respondan a sus expectativas y las necesidades nacionales y en las IES que tengan la posibilidad de hacerlo, sean éstas públicas o privadas.
Y la reforma de los artículos solo se enfoca en las condiciones de las IES públicas, desconociendo la situación de un millón de jóvenes que se forman en las IES privadas. Incluso, el texto de la exposición de motivos explícitamente indica la intención del gobierno de llegar a una cobertura del 80 % en 2040, reduciendo la participacióon privada del actual 44 % al 28 %.
Por ello, vale la pena analizar el editorial del día del diario El Tiempo, que señala cómo “con todo lo loable de la iniciativa, no puede opacar dos necesidades: que sea viable a la luz de unas finanzas públicas que están lejos de vivir días de abundancia y que este paso se dé de manera concertada con un actor clave: el sector privado”.
Precisamente, ese debate público – privado, fue el que llevó al hundimiento de la Ley Estatutaria (que el actual ministro terminó de enterrar al no insistir con dicho articulado), con la exministra Aurora Vergara.
Quinto argumento: El momento político no ayuda
Es un hecho, la actualidad de la educación superior no está en primeros lugares de la agenda pública y de las peticiones de la sociedad, como sí lo fue hace cinco y diez años.
La situación de inseguridad del país, déficit financiero, casos de corrupción, conflictos internacionales, y baja popularidad del gobierno de Gustavo Petro tiene enfrentado al Ejecutivo con la opinión pública y la mayoría del Congreso, lo que no asegura que la reforma salga adelante.
Una reforma de esta magnitud en el tercer año de un gobierno impopular, con un Ministerio que no es técnico y unas instituciones que sólo están buscando tener más recursos pero sin claridad, para el país, de cómo se van a emplear los mismos y con qué beneficios para el sistema, tiene un muy difícil panorama.
