Responsabilidad del sistema educativo en el conflicto social: Víctor M. Gómez – Junio/21

Para Víctor Manuel Gómez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, el conflicto social que vive el país refleja una falta de oportunidades educativas. Toma el caso del municipio de Jamundí para ejemplificarlo en su escrito titulado “juventud sin oportunidades”.

Toda sociedad democrática debe tratar a su juventud como la semilla del futuro. Debe dedicarle los mayores cuidados y esfuerzos en su educación y bienestar. Los jóvenes son los futuros ciudadanos, y actores sociales y políticos. De las oportunidades que reciban, de educación y formación, dependerá en gran medida su inserción positiva y proactiva en la sociedad, la educación superior y el mundo del trabajo.

La reciente revuelta social de las últimas semanas ha visibilizado la carencia de oportunidades de educación y formación laboral para aproximadamente la mitad de los jóvenes menores de 17-18 años. La atención a las necesidades de la juventud colombiana se ha convertido en una importante prioridad de política pública. 

A nivel nacional la tasa de cobertura en el nivel medio es de 40%-50%, lo que implica que la mayoría de ese grupo de edad ni siquiera recibe la formación básica requerida para el desempeño en la sociedad como ciudadanos y trabajadores. 

En el transcurso de pocos años esta población marginada suma cientos de miles, y millones, de jóvenes ‘sin futuro’. No hay oportunidades de formación, ni de integración social, para esta enorme masa de jóvenes desescolarizados, lo que los condena a vidas ‘sin futuro’, de marginación social y laboral, y a conductas de delincuencia, narcotráfico, prostitución y diversas modalidades de criminalidad y violencia. Por otra parte, es mínimo el aporte de esta población al desarrollo de las fuerzas productivas y al empleo.

Para la otra mitad de los jóvenes, los que logran salir de grado 11, es bien conocida la difícil situación de oportunidades educativas. Son muy escasas las oportunidades de educación técnica moderna y de calidad, pues no hay un sistema postsecundario de educación técnica, como el existente en muchos países (community colleges, hogescholen, politécnicos, escuelas técnicas, etc.), que sirva de alternativa a la educación universitaria tradicional de ciclo largo, a la que solo accede el 38% o 40% de esos egresados.[1]  

De eéstos, unos pocos logran pagar educación privada o ingresar a los escasos cupos en universidades públicas de calidad (en algunas, la tasa de absorción es de 7% o 10% de los aspirantes, y de 3% en carreras de alta demanda como Medicina y algunas Ingenierías), y por la escasez de cupos solo el 4.6% de los egresados del nivel medio están matriculados en IES públicas. Muchos otros deben ingresar a IES privadas de segundo o tercer nivel de calidad o a IES técnicas y tecnológicas, la mayoría privadas y desde hace muchos años sometidas al desfinanciamiento por parte del Estado y con bajos niveles de calidad. Con el agravante de que la matrícula en las IES técnicas tiende a desaparecer, en gran medida por la percepción social de su baja calidad. Y las IES ’tecnológicas’ con serios problemas de identidad y calidad pues nada las diferencia de las llamadas ‘instituciones universitarias’, en las que aspiran a convertirse las tecnológicas. Además, es totalmente inapropiada la denominación de ’tecnológica’ pues es prácticamente inexistente la investigación y experimentación en tecnologías basadas en ciencias.  

En el municipio de Jamundí se replica, de manera aguda, esta situación de escasez de oportunidades de formación. En efecto, con tasas de cobertura neta en el nivel medio de solo 38.28% la mayoría de los jóvenes no escolarizados conforman la masa de jóvenes sin formación básica completa y sin competencias laborales, condenados a futuros de marginación social y laboral (en 2020 se estimaban en 17.622 los jóvenes desescolarizados). Los jóvenes sin calificación ocupacional deben entrar en una larga vida de trabajo (40 años o más) en condiciones de subempleo, bajos ingresos, mínimas condiciones de seguridad social y obsolescencia laboral. Para muchos, la única opción de supervivencia es el narcotráfico, la delincuencia y la prostitución. Todo lo cual genera efectos muy negativos en la sociedad: inseguridad, marginación social, pobreza e indigencia. Situación que tiende a agravarse por la creciente desigualdad económica y tecnológica entre empresas modernas, vinculadas a procesos de digitalización y automatización, pequeñas y medianas empresas, y los trabajos cada vez más marginados de la economía informal.[2]

Para el pequeño porcentaje de egresados del nivel medio son pocas las oportunidades de educación superior de calidad (782 egresados de grado 11 en 2020). Muy pocos podrán competir en los exámenes altamente selectivos de las pocas universidades públicas de la región, como la Universidad del Valle.[3] Solo una pequeña élite económica podrá comprar costosa educación privada. Para muchos, solo queda la opción de endeudamiento en instituciones privadas de segundo o tercer nivel, con el problema de devaluación de diplomas de este tipo de instituciones. Otra opción es comprar programas en instituciones técnicas privadas locales y/o en instituciones no formales (o extraescolares) de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Las que solo pueden formar o capacitar en competencias laborales específicas y en pocas áreas de especialidad. [4]

De acuerdo con la extensa experiencia internacional los egresados del nivel medio, en un municipio como Jamundí, deberían tener una amplia oferta de educación técnica moderna y de calidad, en una institución especializada como un Politécnico Municipal, para todos aquellos que requieran ese tipo de formación como alternativa a la universitaria académica.

En efecto, una gran carencia en el sistema educativo es una amplia oferta pública de educación técnica postsecundaria. Más del 50% de los egresados del nivel medio ingresa al mercado laboral sin ninguna cualificación dada la escasez de oportunidades de formación técnica postsecundaria, de calidad reconocida, lo que explica su bajo estatus social y baja matrícula (3.0% en 2020), siendo el SENA la única oportunidad de formación laboral, claramente insuficiente frente a la alta demanda, y con la limitación de programas de nivel bajo y medio de calificación laboral, mientas la economía moderna requiere un alto número de técnicos calificados, además de científicos e ingenieros de alto nivel, con capacidad de investigación, desarrollo e innovación. 

Los ejemplos internacionales de formación técnica postsecundaria abundan: los community colleges (USA, Corea, Japón..), los hogescholen (Holanda), IUTs (Francia), las escuelas técnicas superiores en Brasil, etc. Con coberturas que fluctúan entre el 50% y el 70% de egresados del nivel secundario. La cobertura masiva en la educación superior no se logra, en ninguna sociedad, en las universidades académicas tradicionales sino en sistemas altamente diversificados de formación, con ofertas equivalentes en calidad según su objetivo y campo de acción.

La demanda potencial en Colombia por educación técnica moderna, de calidad, puede ser muy alta. En los próximos 4 años habrán egresado del nivel medio (grado 11) entre 2.5000.000 y 2.700.000 jóvenes. Bajo un supuesto optimista de que el 50% tendrá acceso a alguna modalidad de educación postsecundaria, todavía quedarán entre 1.250.000 y 1.350.000 jóvenes sin oportunidades de educación postsecundaria. Frente a esta terrible escasez de oportunidades de formación laboral, que condena a cientos de miles de jóvenes a la delincuencia y narcotráfico, la única respuesta de este Gobierno es una versión disfrazada de SPP, que revela la falacia de esta nueva versión E (equidad) de SPP.

Con los $3.6 billones anunciados, para solo 320.000 jóvenes en 4 años, se podría solucionar a corto plazo el déficit de funcionamiento de las diversas IES públicas (a la espera de una reforma sustantiva a los arts 86 y 87 de la Ley 30) y se podría financiar la principal carencia de la educación postsecundaria en Colombia: la ausencia de un sistema público de educación técnica moderna, según estándares internacionales, que sería demandado por un alto porcentaje de egresados que requieren formación laboral de calidad. 

Además de estos $3.6 billones un porcentaje importante de los $3.8 billones del actual presupuesto del SENA debería ser asignado a la organización del sistema mencionado de educación técnica postsecundaria.

Lo que estas cifras revelan es que no hay carencia de recursos sino de voluntad política de ampliar y diversificar la oferta de oportunidades de educación postsecundaria para un alto porcentaje de los jóvenes egresados del nivel medio.

¿Y habrá que esperar una nueva revuelta de la juventud para atender sus necesidades?

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[1] Solo hay 6 instituciones técnicas oficiales y 21 privadas, y 6 tecnológicas oficiales y 40 privadas.

[2] CEPAL/OEI. “Educación, Juventud y Trabajo. Habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante”. Op. cit.

[3] Los puntajes de Saber 11, entre 2016 y 2019, son muy bajos, por debajo del promedio nacional, indicador de la mala calidad de la educación en las instituciones educativas del municipio.

[4] Programas de auxiliar contable y administrativo, auxiliar en enfermería, conducción de automóviles, estética, culinaria, panadería, hotelería y turismo, administración de negocios, aprendizaje de inglés.

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