Abril 28/25 La tensa calma que, desde hace un año, se vive en la U. Nacional de Colombia, tras la polémica deselección de José Ismael Peña y la designación rectoral de Leopoldo Múnera, está próxima a romperse, con la decisión que, en próximos días o semanas, debe dar el Consejo de Estado sobre la legalidad o no de lo actuado por el Consejo Superior Universitario.
El Consejo de Estado, como máximo tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; es decir, la última instancia responsable de juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado, como lo que sucede con la Universidad Nacional de Colombia, decidirá si lo actuado por el Consejo Superior se ajustó o no a la legalidad; es decir, si Múnera Ruiz puede continuar como rector, si la designación debe repetirse, o si Peña Reyes debe retornar al cargo que ocupó (en el papel), por varios días.
Sea cual sea el fallo del Consejo de Estado, el mismo ratificará la crispación y la tensión que desde entonces se vive en la Universidad, y que estos días presenta una situación atípica con la llegada y estadía de miles de indígenas que han llegado a su campus en Bogotá, autorizados por la administración Múnera, para que se hospeden allí por varios días, y puedan participar en las marchas del Primero de Mayo convocadas por el actual gobierno nacional.
Si el Consejo de Estado falla a favor de Múnera Ruiz, se consideraría un triunfo del Gobierno Nacional, que abiertamente intervino en el proceso a su favor, pero también -consideran muchos- sería un golpe a la autonomía universitaria, por cuanto se estaría, dicen, desconociendo la libertad de las comunidades académicas de elegir sus rectores y de privilegiar el mérito por sobre la democracia. Asimismo, se estaría sentando un riesgoso precedente en el sentido de que, aunque no lo digan los estatutos de las IES, las consultas estamentarias para elegir rector pasarían a ser las que elijan sin importar el criterio del Consejo Superior, con lo que se estaría abriendo el camino al populismo y la politiquería por sobre la academia. Los críticos de la administración de Múnera relacionan a ésta con su propuesta de realizar un constituyente universitaria que modifique normas y estatutos de la Universidad Nacional de Colombia para permitir la mayor participación de la comunidad en las decisiones institucionales.
A su vez, si falla a favor de Peña Reyes, la Universidad entraría en un revolcón interno en su alta dirección, Múnera y todo su equipo saldrían y muchos de quienes este último año se han sentido presionados y criticados por la actual administración, podrían asumir una actitud de revancha. Asimismo, habría una riesgosa tensión con el Ministerio de Educación Nacional y, en general, el alto gobierno, que consideraría perdida su batalla por la democratización de la universidad pública. Eso sí, dicen muchos, pese al costo que esto significaría, se estaría reivindicando la autonomía universitaria.
Contexto de la situación
Cuando el 21 de marzo de 2024 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia designó que José Ismael Peña Reyes (foto derecha) fuera el reemplazo, en la rectoría, de Dolly Montoya, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, el hoy ministro de Educación y entonces presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín, y múltiple voceros estudiantiles y profesorales, entre otros, cuestionaron la decisión dado que Peña Reyes no fue quien ganó la consulta estamentaria. Argumentaron que el designado tenía que ser Leopoldo Múnera, ganador de la consulta.
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Aunque el resultado de la consulta estamentaria no es vinculante, la presión mediática y en redes subió la temperatura, y llevó a que la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, se negara a firmar el acta de la sesión del Consejo Superior que ella presidió y que designó a Peña Reyes. Asimismo, se cuestionó que la entonces representante estudiantil, renunciara a su delegación tras las fuertes presiones y críticas que recibió por haber votado por Peña Reyes y no por Múnera.
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El principal motivo de discordia fue la metodología usada por el Consejo Superior, conocida como Método Borda, sugerida por el representante de los exrectores, Ignacio Mantilla, y que consistió en ir descartando a cada uno de los aspirantes a la rectoría hasta que quedaran los dos finalistas. La forma como se aplicó la metodología habría llevado a una confusión o una hábil estrategia (hay diversas interpretaciones) para conducir la elección de una forma distinta a los métodos tradicionales de designación de las mayorías simples.
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Las protestas estudiantiles, parálisis académica, toma de edificios y desgobernabilidad interna, se complementaron con la decisión del gobierno de nombrar un ministro de Educación ad hoc (el entonces ministro de Cultura, Juan David Correa), quien desconoció lo actuado por el Consejo Superior, y convocó al mismo a replantear la situación.
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Así, hubo cambio en la representación estudiantil, en el representante del CESU ante del Superior y el entonces viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego, reemplazó a la ministra en el Consejo, con lo que los cercanos a Múnera lograron cambiar la designación de Peña Reyes (que no había sido firmada) y, en cambio, decidieron que el nuevo rector fuera Leopoldo Múnera Ruiz (foto izquierda).
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Desde entonces han sido múltiples las demandas, de parte y parte, ante diversos escenarios judiciales, pero la definitiva será la que genere el fallo que entregue el Consejo de Estado, que ha decidido cerrar los procesos, desestimar nuevas actuaciones y únicamente dar plazo de unos pocos días más a las partes en litigio para que entreguen sus alegatos finales, y poder fallar.
La última actuación del Consejo de Estado
Con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, la Sección Quinta del Consejo de Estado, decidió la semana pasada acumular todos los procesos relacionados con el caso de la Universidad Nacional de Colombia, y dar por sentada la suficiente información para proceder a fallar.
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Los demandantes Jorge Alberto Espinosa López, Augusto Hernández Becerra, Martín Emilio Cardona Mendoza, Juan Esteban Galeano Sánchez, Juan Martín Serna Gómez, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, Lucas Durán Hernández, la senadora Paloma Valencia Laserna y la representante Jennifer Pedraza, han pedido que se declare la nulidad de la elección de Múnera Ruiz, por considerar que se dio:
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Violación de la autonomía universitaria (interferencia del Ministerio de Educación Nacional).
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Desviación de poder e intervención política en la elección.
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Falta de competencia del Consejo Superior Universitario para anular la elección de Peña Reyes.
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Violación del debido proceso (no se permitió defensa a Peña Reyes en la nueva sesión de elección).
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Presiones y amenazas a miembros del Consejo Superior.
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Vicios en la designación (secretaria ad hoc sin requisitos, votaciones irregulares, falta de motivación de las resoluciones).
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Falta de trámite de recusaciones en la elección de Múnera.
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Desconocimiento de la cosa juzgada constitucional (tutela que había protegido derechos de Peña Reyes).
A su vez, los demandados, concretamente el Consejo Superior y Leopoldo Múnera, han alegado que:
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No existió acto válido de elección de José Ismael Peña Reyes (por falta de firma de la ministra de Educación Nacional en el acta correspondiente).
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La actuación administrativa anterior no había culminado, y por tanto podía ser corregida conforme a la ley.
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La elección de Leopoldo Múnera fue autónoma, legítima y ajustada al Estatuto General de la Universidad.
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No hubo presión gubernamental en la nueva elección.
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La consulta a la comunidad académica no era vinculante.
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Se actuó conforme a las normas de procedimiento de la universidad y la ley colombiana.
El Consejo de Estado ha aclarado que su fallo se orientará únicamente a decidir si si fue legal, o no, que el Consejo Superior Universitario anulase la elección inicial de José Ismael Peña Reyes y eligiera después a Leopoldo Múnera.
De declararse legal, se ratificaría la continuidad de Múnera en el cargo. De declararse ilegal, se abriría un nuevo escenario de conflicto para que el Consejo Superior decida si reabre el proceso de elección, desde qué etapa, con qué candidatos y todas las polémicas aristas adicionales.
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Lo que NO decidirá el Consejo de Estado
Al tribunal ha señalado que el enfoque de su actuación no buscará definir, entre otros aspectos polémicos en este debate, la legalidad de las actas, los requisitos de los miembros del Consejo Superior, la actuación del Ministerio de Educación Nacional, el efecto de los comunicados públicos emitidos en el desarrollo del proceso, la posesión que hizo Peña Reyes en una Notaría y sus actuaciones en lo días que estuvo como rector, los argumentos de la ministra Vergara, la actuación de la delegada del presidente Petro (María Alejandra Rojas), entre otros.
