Feb 27/19 “La Superintendencia de Educación es una buena oportunidad para desligar las funciones de vigilancia y control. Mineducación no puede ser juez y parte, debe encargarse del diseño de políticas públicas en educación”, dice el senador Iván Darío Agudelo Zapata, quien busca aprobar vía Congreso su creación.
Agudelo Zapata, mismo que logró la aprobación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya había radicado una propuesta para crear la Superintendencia en la legislatura pasada (lea: Vía Congreso de la República buscan crear Superintendencia de Educación), misma que busca retomar.
No obstante, según informa el diario El Colombiano, el proyecto de ley, en un principio sería radicado para las sesiones ordinarias de marzo, primero será sometido a discusión con grupos de interés, tales como profesores, universidades y docentes, y presentarlo en las ordinarias que iniciarán el 20 de julio.
Pero si es, en esencia, el mismo proyecto ya radicado, no es claro cómo será el proceso de discusión.
Llama la atención que el senador hable de desligar las funciones del Ministerio. En la exposición de motivos del proyecto de 2018 dice que: “El Ministerio de Educación Nacional no debe ser juez y parte, como definidor de las políticas de educación es improcedente que sea quien controla las normas que el mismo expide, convirtiéndose en la administración quien dirige planea y controla, lo cual es inconveniente para el ciclo de la función pública”.
Pero en el articulado explícitamente dice que “la Superintendencia de Educación estará adscrita al Ministerio de
Educación Nacional”.
Según el proyecto, la nueva entidad tendría 19 funciones (ya enumeradas en el texto de 2018), entre las que se destacan imponer multas, medidas cautelares y sanciones y ejercer vigilancia sobre las secretarías de educación de las entidades territoriales y propietarios de instituciones de servicios educativos, asociaciones y consejos de padres de familia, entre otras. De aprobarse, el país quedaría con 11 superintendencias.
Idea bien recibida
En la Ley 1740 de 2014, de inspección y vigilancia, quedó un artículo que decía que en el transcurso de un año, a diciembre de 2015, se debería crear la Superintendencia de Educación Superior.
Lo cierto es que nunca hubo una voluntad real de parte del Ministerio para gestionar esa iniciativa, y la entonces viceminsitra de Educación Superior, Natalia Ariza Ramírez, en 2016, argumentó que la iniciativa no se gestionó porque no había los recursos para ello.
A su vez, los rectores de ASCUN tampoco vieron con buenos ojos la idea, pues no son amigos de los organismos de control.
No obstante, según entrevistas de El Colombiano, Jairo Torres Oviedo, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), entidad que agrupa a las 32 universidades públicas del país, sostiene que, sin duda, servirá para que haya independencia en las investigaciones que se realicen en el sector educativo del país.
Además, destaca que “es un proyecto sano”, el cual contribuirá a “la transparencia y el buen gobierno en las instituciones de educación públicas, que es una meta de país. Esto redundará en los procesos académicos, administrativos y financieros de las universidades”.
A su vez Alex Flórez, representante de estudiantes de las universidades en el CESU, ve con buenos ojos esta propuesta, pues “no es un secreto para nadie la corrupción que hay en las instituciones universitarias, aunque muchas se escuden en su autonomía para mover recursos que van en detrimento de los estudiantes y de la ciudadanía. que, con sus impuestos, sostienen la educación en Colombia”.
Información de base adaptada de El Colombiano
