La Ley 30 de 1992 es explícita, en su artículo 2, en que “la Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”, y ésta constituye un sistema en donde todas las IES deben atender los objetivos consagrados en la norma.

Si el Estado favorece a una IES oficial, más allá del (de por sí anacrónico modelo de asignación de recursos definido en la misma Ley 30 de 1992) modelo actual, estaría violando los principios constitucionales de igualdad ante la ley.

Es diferente cuando los entes territoriales, o el Congreso de la República -en su independencia de poderes- logran gestionar recursos, por ejemplo vía estampillas o leyes específicas, para determinada IES, pero el Estado como ente central no puede parcializarse hacia una u otra IES.

En conclusión, la educación superior pública requiere apoyo del Estado, toda y no sólo algunas de sus IES.