¿Sirven para algo las audiencias públicas de IES en el Congreso de la República?

Junio 3/22 Para visibilizar su difícil situación financiera, en la Comisión VI de la Cámara de Representantes, se analizó la crisis de la U. Popular del Cesar.

Se hizo en la Comisión Tercera, de Hacienda, y no en la Comisión Sexta, que es la que analiza los temas de Educación.

Este jueves se realizó una audiencia pública acerca del estado actual de la Universidad Popular del Cesar, UPC, en el Congreso de la República, citada por los representantes Christian José Moreno (del Cesar, Partido de la U), David Racero (Bogotá, Pacto Histórico) y el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde), con la presencia del nuevo rector, Rober Romero Ramírez, y el viceministro de Educación Superior, José Maximiliano Gómez Gómez, entre otros.

Fue, como se acostumbra, más una especie de favor recíproco entre directivos, comunidad académica y políticos de la región (Departamento del Cesar) para intentar mover el tema en el Congreso y acercarse más al Ministerio de Educación, en la posibilidad de que bien sea a través del propio Mineducación o de Minhacienda, entre otros, se gesten más recursos para la Universidad.

Es una práctica, estas audiencias, que no siempre logran efectos inmediatos, pero que por lo menos abren camino para sensibilizar a la opinión pública y a los congresistas para que el día de mañana se favorezca alguna estampilla, ley de honores o proyecto similar que le ayude a la Universidad a obtener más recursos.

En la audiencia, cuyo video puede ver aquí, claramente se advirtió el riesgo que vive la Universidad en su gobernabilidad y sostenibilidad, tras la inestabilidad de los últimos años (16 rectores en los últimos 15 años), la incidencia de la politiquería y las restricciones presupuestales, especialmente aumentadas tras la posibilidad de que la gobernación del Cesar retire la beca Fedecesar, que actualmente llega a más de 2 mil estudiantes.

Se habla de 7.400 millones de déficit de esta Universidad, que cuenta con casi 19 mil estudiantes. Para poder subsistir, la Universidad está pagando, con el presupuesta 2022 las prestaciones sociales del año 2021.

A la fecha la Universidad no ha cumplido con la fiducia solicitada por el Ministerio de Educación en desarrollo de las medidas de inspección y vigilancia.

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El rector Romero señaló que con un plan de austeridad en la institución, más los recursos que destina el Gobierno, podría evitarse un  nuevo déficit presupuestal como el que ha afectado el funcionamiento de la alma mater. 

No obstante, el viceministro Gómez dijo que entre 2018 y 2022 las transferencias a la UPC crecieron en un 51 %. En 2.022 las transferencias de la nación llegan a 59.855 millones de pesos.

Los citantes pidieron que Mineducación haga un plan de acción y seguimiento a los déficit hallados en la Universidad.

Los resultados de la audiencia

En este caso, se habló de coordinar una cita con la ministra de Educación para analizar el borrador de presupuesto 2023 y evaluar la posibilidad de la mejoría presupuestal.

Se mencionó el compromiso de realizar una reforma estaturaria.

Asimismo, se habló de crear una comisión accidental para acompañar la mejoría de calidad de la universidad, integrada por los senadores Didier Lobo y Antonio Sanguino.

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