SUE busca respaldo congresional para reformar modelo de financiamiento de Ley 30/92

Sept 1/21 Los rectores de las universidades públicas buscan anticiparse al impacto que ocasionará, a partir de 2.023, el fin de los recursos adicionales comprometidos por el actual Gobierno tras el paro de 2.018.

Para ello, están desempolvando un proyecto de ley que buscan radicar desde legislaturas pasadas y esperan contar con el debido respaldo de senadores y representantes a la Cámara para poder modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que hablan sobre el modelo de financiamiento de la educación superior pública.

Tradicionalmente, y en el cuarto año de gobierno de los últimos presidentes y ministros, se radica un proyecto de ley al respecto, como una forma de tranquilizar a los rectores. Cecilia María Vélez, María Fernanda Campo, y Yaneth Giha buscaron “dar contentillo” con el tema a los rectores, sin que se concretara algo al respecto, pues todas esas iniciativas se cayeron.

Con la llegada del nuevo Gobierno aparecen los anuncios del nuevo presidente que bajan la marea. Santos llegó con una reforma tributaria y luego con Ser Pilo Paga, y Duque enfrentó el paro nacional de 2.018, que lo llevó a firmar los acuerdos de diciembre de ese año con estudiantes y docentes, que significan una erogación fiscal superior a los cuatro  billones en este cuatrenio que finaliza en 2.022.

El actual anuncio tiene de diferente que la iniciativa surge directamente de los propios rectores, liderados por su presidente y rector de Unicórdoba, Jairo Miguel Torres Oviedo.

El texto del proyecto de ley, cuyo borrador presenta El Observatorio a continuación, pretende que el Estado reconozca los incrementos adicionales en gastos de inversión y funcionamiento que han debido realizar las universidades públicas (no hace referencia al resto de IES oficiales) por encima de los ingresos históricos del IPC, y crecidos especialmente por diversas demandas adicionales en las erogaciones, bien por crecimiento en número de alumnos y por exigencias normativas posteriores (tales como impactos del decreto 1279 de 2002, sobre el reconocimiento salarial a los docentes, e incrementos en servicios, investigación, proyección, bienestar, internacionalización, y en general derivados de procesos de registro y acreditación).

El siguiente es el texto propuesto de proyecto de ley

“Por medio del cual se modifican los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de la República,

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Garantizar la financiación y sostenibilidad de las Universidades Públicas de Colombia mediante la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Artículo 2. Modifíquese el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará así:

Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes del Presupuesto General de la Nación para funcionamiento, que incluyan sobre el presupuesto asignado a cada Universidad en el año inmediatamente anterior, el incremento del Índice de Costos de la Educación Superior – ICES de la Universidades Públicas provisto por el DANE, el costo de los nuevos puntos docentes derivados de la aplicación del Decreto 1279 de 2002 o norma que lo sustituya, y el valor de la vinculación de nuevos docentes y administrativos requeridos para su operación.

La Nación garantizará a las universidades estatales u oficiales, aportes a la base presupuestal de funcionamiento para aumento de cobertura, el cual equivaldrá por universidad, al ingreso percápita de funcionamiento ponderado por tipología de la formación en pregrado (distancia, virtual y presencial) siempre y cuando este valor sea superior a la mediana del costo percápita ponderado de la formación de las universidades acreditadas del Sistema Universitario Estatal SUE. En los demás casos, el presupuesto de funcionamiento aprobado para aumento de cobertura por universidad, equivaldrá a la mediana del costo per cápita ponderado de la formación de las universidades acreditadas que hacen parte del SUE.

Los aportes para inversión del Presupuesto General de la Nación asignados a las Universidades Públicas del orden nacional, se calcularán tomando como base el presupuesto asignado a cada Universidad en el año inmediatamente anterior y ajustándose como mínimo cada año por el Índice de Costos de la Educación Superior – ICES de las Universidades Públicas provisto por el DANE.

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir del año 2020.

(por incluir) los aportes de los municipios o capitales que se benefician y actualmente no contribuyen a las Universidades Públicas.

PARÁGRAFO 1. En todo caso, si el Índice de Costos de la Educación Superior – ICES de la Universidades Públicas provisto por el DANE es inferior al IPC, se tomará como incremento mínimo el IPC.

PARÁGRAFO 2. El costo de los nuevos puntos docentes, resultará de multiplicar para cada Universidad la diferencia entre el total de puntos docentes acumulados al 31 de diciembre del año t respecto del total de puntos acumulados por la institución en el año t-1, por el valor del punto docente asignado mediante Decreto nacional, por el factor multiplicador de cada universidad por prestaciones sociales de ley correspondiente a los 12 meses del año.

PARÁGRAFO 3. El presupuesto para nuevas plazas docentes y administrativas en cada universidad, será acordado y aprobado por el Estado y estará orientado al cierre de brechas de calidad existentes, teniendo en cuenta los planes de desarrollo de cada Universidad aprobados por sus Consejos Superiores y a los referentes de calidad nacionales e internacionales (OCDE).

PARÁGRAFO 4: Los ponderadores empleados para el cálculo de los costos per cápita, por nivel de formación son: distancia (0.5); virtual (0.5); presencial (1).

PARÁGRAFO 5: El Ministerio de Educación Nacional establecerá un Plan de Cierre de Brechas para las universidades que conforman el sistema universitario estatal SUE. Para ello, se creará un fondo con recursos adicionales (diferentes a la transferencia para funcionamiento de las Universidades) durante un período de 10 años, fondo que soporte una inyección significativa en los primeros años de recursos principalmente orientados a funcionamiento y una parte para inversión en aquellas instituciones que presenten falencias de calidad o cuellos de botella para cobertura. Estos aportes serán apropiados sobre la base de programas de mejoramiento establecidos por cada universidad los cuales serán formalizados como corresponsabilidad ante el Ministerio de Educación, dichos planes deberán hacerse corresponder en alcance con los períodos de los planes nacionales de desarrollo. 

PARÁGRAFO 6: La Nación garantizará en el presupuesto asignado a las Universidades Públicas, los costos derivados de las disposiciones del legislativo que afecten su sostenibilidad financiera.

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Para la vigencia 2021, el incremento de los aportes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales a las universidades estatales u oficiales corresponderá al IPC más cuatro coma cinco puntos (4,5) del presupuesto asignado a cada Universidad en el año inmediatamente anterior. Para la vigencia 2022, el incremento de los aportes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales a las universidades estatales u oficiales corresponderá al IPC más cuatro coma sesenta y cinco puntos (4,65) del presupuesto asignado a cada Universidad en el año inmediatamente anterior”. 

Artículo 3. Modifíquese el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará así:

Artículo 87. A partir del 2021, el Gobierno Nacional destinará anualmente aportes a las universidades estatales u oficiales para inversión y de conformidad con los objetivos previstos para el Sistema Universitario Estatal. Esta partida corresponderá al diez por ciento (10%) de los aportes girados para el funcionamiento de las Universidades en cada vigencia, establecidos en el artículo anterior. Estos recursos no harán parte de la base presupuestal de dichas instituciones.

PARÁGRAFO 1: La distribución de los recursos de los que trata el presente artículo deberá ser avalada por el Ministerio de Educación Nacional, previa reglamentación del Gobierno Nacional.

PARÁGRAFO 2: La Nación podrá destinar recursos adicionales para financiar proyectos de inversión de las Instituciones de Educación Superior Públicas los cuales no harán parte de la base presupuestal, y estarán encaminados al desarrollo de capacidades o mejoramiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Artículo X. Derogatoria y vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones legales o reglamentarias que le sean contrarias.LEY 30 DE 1992

Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.

Artículo 87. A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto. Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran. Parágrafo. El incremento al que se refiere el presente artículo se hará para los sistemas que se creen en desarrollo de los artículos 81 y 82 y los dineros serán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), previa reglamentación del Gobierno Nacional.

Clic para ver el video de presentación de la propuesta por parte de los rectores

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